SWI.- El Tribunal Supremo japonés falló este martes contra la imposición por parte del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de restringir el uso de los baños a una trabajadora transgénero de esta cartera.
La trabajadora, de unos 50 años, sólo podía utilizar los baños de mujeres que se encontraban a varias plantas de su puesto de trabajo, al no haberse sometido a una cirugía de reasignación por cuestiones de salud y por tanto, tampoco cambiado su género en el registro familiar.
El Tribunal Supremo japonés considera que esta normativa es «ilegal», después de que la demandante solicitara al personal de recursos humanos del Ministerio poder acceder a baños más cercanos a su puesto de trabajo, algo que le fue denegado.
En un juicio anterior, se había rechazado la demanda de la trabajadora bajo el argumento de que el Ministerio de Economía debía crear un entorno de trabajo «apropiado» y que tuviera en cuenta las preocupaciones de todos los trabajadores.
Esta es la primera vez que un alto tribunal nipón se pronuncia sobre una demanda en relación a las condiciones laborales de las minorías LGTBI y se espera que el veredicto de hoy siente precedentes sobre el trato que se da a las mismas en entornos laborales públicos y privados.
«Vamos a estudiar bien la sentencia junto a las autoridades pertinentes para tomar las medidas necesarias y estamos trabajando para fomentar la comprensión en los diferentes ministerios», dijo hoy el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno, después de que se diera a conocer el fallo.
Según Matsuno, el actual Ejecutivo se encuentra trabajando para lograr una sociedad en la que se respete la dignidad y derechos humanos de las minorías.
El pasado junio, el Ejecutivo japonés aprobó un proyecto de ley para promover la comprensión de las personas LGTBI, tras las críticas de que la legislación actual no brinda garantías legales y puede alentar algunas formas de discriminación.
La actual ley transgénero japonesa contraviene, sin embargo, los derechos humanos al obligar a las personas que legalmente desean cambiarse de género a esterilizarse y a no estar casadas, y también deja en un vacío legal a los padres y madres que se cambian de sexo con respecto a la relación legal con sus hijos.
