La Vanguardia.- Con su arrolladora mayoría conservadora de 6 a 3. el Alto Tribunal estudia limitar avances contra el racismo y la homofobia.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos entra este otoño en el que se presenta como su segundo año de trabajos de demolición de derechos, libertades, avances políticos y conquistas sociales. Después de una intensa temporada en la que suprimió el derecho al aborto, amplió las posibilidades para llevar armas por la calle y despojó al Gobierno de sus facultades regulatorias contra el cambio climático, la mayoría conservadora de seis a tres magistrados que domina la Corte puede infligir ahora fuertes reveses a las políticas contra el racismo y la discriminación de las parejas gays, entre otras minorías.

Para empezar, es posible y hasta probable que el Supremo termine este próximo curso con 44 años de discriminación positiva de las universidades del país para asegurar unas cuotas mínimas de estudiantes negros, hispanos o nativos norteamericanos y así favorecer la diversidad en las facultades. 

Esto puede ocurrir cuando los jueces aborden los recursos presentados por la organización conservadora Students for Fair Admissions frente a decisiones de tribunales inferiores que ampararon las normas de integración racial de la universidad privada de Harvard y la pública de Carolina del Norte. En ambos casos, la organización recurrente aduce que la consideración de la raza como uno de los criterio de admisión de los alumnos en dichos centro tiene como efecto la discriminación de los aspirantes asiático-estadounidenses, argumento ampliamente rechazado hasta la fecha por la justicia pero que ahora el Supremo quiere, cuando menos, escuchar.

Es desde 1978, y con respaldo expreso del propio Supremo, que los colegios y universidades pueden de hecho suelen incluir la raza o el origen étnico como un “factor positivo” en las admisiones de los estudiantes para asegurar la pluralidad racial en los campus.

La Corte sopesará si da más poder a los estados en materia electoral a costa de erosionar la instituciones federales

El máximo órgano judicial ha respaldado esa norma contra la discriminación en numerosas ocasiones, pero casi siempre por un sólo voto. Su último fallo a favor data del 2016, y entonces el presidente del Supremo John Roberts y los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito, los tres conservadores y todavía en la corte, formularon votos particulares disidentes. Ahora su disidencia puede transformarse en ley al haber en el tribunal otros tres jueces de la derecha que podrían apoyarles: Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, todos ellos nominados por el presidente Donald Trump.

Para el presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence Bacow, la decisión del Supremo de revisar las normas de discriminación positiva en la enseñanza “pone en riesgo 40 años de precedentes legales que otorgan la libertad y flexibilidad necesarias para crear unas comunidades universitarias diversas que fortalecen el entorno de aprendizaje para todos”.

A primeros de octubre, semanas antes que el caso contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, el Supremo escuchará el recurso de los legisladores republicanos del estado de Alabama contra una sentencia que les ordenó revertir su configuración de las circunscripciones para las votaciones al Congreso. El motivo fue que su dibujo de los mapas de los distritos violaba la ley de Derechos Electorales al diluir el poder de voto de los negros, según los jueces del estado. Ya de entrada, en cuanto se presentó el recurso en febrero, el Supremo optó por anular cautelarmente el fallo de aquellos jueces mientras se tomaba el tiempo para enjuiciar la causa. Los legisladores de Alabama no están obligados a redibujar los distritos mientras la Corte de Washington, tras audiencia del asunto prevista para el 3 de octubre, delibera y resuelve. El proceso puede llevar hasta 8 meses, por lo que las elecciones legislativas de noviembre se celebrarán allí con ventaja para los republicanos y posibles perjuicios para la comunidad negra.

La mayoría que forman los 6 jueces de derechas puede terminar con la discriminación positiva racial en la universidad

En conexión con este asunto, el Tribunal estudiará una teoría legal que otorgaría a los parlamentos estatales un poder mucho mayor del que ahora tienen sobre las elecciones federales. El caso lo plantearon los republicanos de Carolina del Norte a raíz de un fallo del Supremo estatal que rechazó un mapa electoral por considerarlo partidista y contrario a la Constitución del Estado. Los legisladores conservadores alegaron que la corte estatal carece de autoridad para anular tal mapa. El Supremo admitió el recurso. Si al final diera la razón a los parlamentarios, estaría confiriendo a los estados nuevos poderes sobre la distribución de distritos y los procedimientos electorales, incluido el voto por correo.

La Corte escuchará asimismo a una diseñadora de webs de Colorado que esgrime su libertad de expresión para no verse obligada a crear sitios de internet para bodas gays. Los tribunales inferiores desoyeron su pretensión al establecer la ley de su estado que ella “debe trabajar con todas las personas independientemente de su orientación sexual”, raza, sexo o condición. Pero el Supremo está dispuesto a considerar la alegación de la interesada y a confrontar una norma de defensa de las minorías con un argumento alusivo a la libertad de expresión. Un tema peliagudo. Como todo lo que últimamente está removiendo el Supremo de EE.UU.