La Vanguardia.- Un informe encargado por la Sindicatura de Greuges de Barcelona alerta de que el 31% de los 500 jóvenes migrantes atendidos, en el 2020, por el Servei de Detecció i Intervenció de Menors Estrangers no Acompanyats (SDI–MENA) del Ayuntamiento subsisten sin hogar en la ciudad, que más del 14% están vinculados a equipamientos para personas sin techo y que el 10% residen en alojamientos considerados inadecuados o inseguros. El síndic, David Bondia, manifiesta su preocupación por la profunda precariedad de estos ciudadanos y reclama a las administraciones que emprendan una exhaustiva radiografía de un colectivo del que apenas se dispone de datos fiables.Siete minutos para estar al día. Y todo el tiempo que quieras para saber más. No te pierdas Las claves del día en tu mail cada mañana¡Recíbela!
Precisamente, una de las conclusiones del documento presentado esta tarde es la imperiosa necesidad de reforzar la detección de los jóvenes que sufren esta situación para lo que es necesario aumentar el número de educadores de calle.
Las últimas estadísticas publicadas por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia) de la Generalitat indican que, a 30 de abril del 2022, del total de 3.543 migrantes tutelados en Catalunya, 259 viven en la ciudad de Barcelona y 241 en el área metropolitana. A estos cabe sumar un número indeterminado de jóvenes que ya han cumplido los 18 años, o los que culminan su ruta migratoria en Barcelona siendo ya mayores de edad y extremadamente vulnerables.
El síndic reclama que se diseñe un plan municipal contra la estigmatización de este colectivo
Mohammed Boukahihi, de Marruecos, entró en un centro de acogida de Melilla a los 17 años y a los 18 llegó a Barcelona, en el 2019. “Estuve tres meses durmiendo en la calle, luego conocí a otros chicos y me fui con ellos a una casa ocupada, nos echaron y nos instalamos en una fábrica abandonada de L’Hospitalet hasta que nos volvieron a sacar”, relata en el claustro de la parroquia de Santa Anna, adonde acuda cada mañana para ayudar en la organización de las comidas que se sirven a hombres y mujeres sin recursos. Ahora vive con otros muchachos en una piso gestionado por Missatgers per la Pau. Se siente satisfecho pues ha logrado dejar la calle pero le apena ver las decenas de compañeros que siguen al raso.
Juan, dominicano de 19 años, es uno de ellos. “Paso las noches la Rambla, pero hoy tengo tres entrevistas. Yo estaba en la obra en Pamplona, con la guerra en Ucrania empezamos a recibir menos suministros, se paró la construcción y me despidieron”, cuenta mientras toma un café con leche y muestra una hoja de papel con su currículum. Tiene experiencia como repartidor, camarero, recepcionista, albañil, en ventas y en limpieza. En su caso, el idioma no es un problema pero es una excepción. Tal como subraya el informe de la Sindicatura, una de las asignaturas pendientes es mejorar el sistema para reforzar el aprendizaje de lenguas y, en general, la formación de estos jóvenes. A su lado, Habib, de 22 años, dice que ya suma cuatro meses a la intemperie, pero que cuando le sale una oferta va a recoger aceitunas, naranjas, fresas… Mohammed, con 18 recién cumplidos, pernocta en un coche y ahora está enfrascado en un curso de informática.
El estudio se centra en las personas de la franja de 18 a 23 años de edad, que se enfrentan solos, sin el apoyo familiar, a la vida adulta. Las 279 plazas que funcionan en Barcelona para atenderlos son insuficientes por lo que los autores sugieren explorar otras opciones, como la acogida en familias, una fórmula que ya hace tiempo que promueven entidades como Punt de Referència. También buscar la complicidad de voluntarios que ejerzan de mentores o referentes, reforzar el diálogo y la coordinación entre la Generalitat y los municipios del área metropolitana y que Barcelona diseñe un plan contra la estigmatización de este colectivo.
Mohammed pasó de dormir tres meses en la calle a vivir en una casa ocupada y luego en una vieja fábrica
Bondia explica que han realizado visitas a asentamientos del distrito de Sant Martí, en los que vive algún menor que debería estar tutelado, y que cabe actuar con diligencia en Montjuïc ante el riesgo de cronificación de los campamentos en los que también habitan personas llegadas de otros países que no han alcanzado la mayoría de edad. “Hay muchos que marchan de los centros”, apunta insistiendo en que para buscar más eficacia es necesario que las administraciones recaben muchos más datos.
