Libertad Digital.- El separatismo catalán simultanea el marcado de constitucionalistas, con el de niños en las escuelas que quieren estudiar en español y, ahora, con el de comercios pro Israel. Los chats utilizados habitualmente por los CDR han empezado a distribuir mapas con las direcciones de los comercios, restaurantes o distintas empresas que son favorables al pueblo judío. El separatismos da, así, el salto de pedir un boicot a las empresas que «colaboran» con Israel, a distribuir las direcciones físicas en una clara invitación a que estos locales sean el destino de acciones violentas.
El nombre genérico asignado a todas estas empresas es el de «colaboradores del genocidio palestino». Y los mensajes distribuyen, no sólo los nombres de los distintos negocios, sino también las direcciones físicas en las que se encuentran, en este caso concreto, en Barcelona. Figuran desde grandes marcas de la restauración internacional, hasta multinacionales del mercado de la belleza, telecomunicaciones, primeras compañías de la moda, alimentación o cualquier otro sector. Y es que se trata de un extenso listado que la extrema izquierda y el separatismo distribuyen ya contra Israel -y LD no detallará para no favorecer ni un segundo la campaña-. Una campaña de boicot contra todo aquello que huela a fabricación, alianza, investigación o desarrollo de empresas en contacto con el pueblo de Israel, contra el país que recibe los ataques y sufre los asesinatos en masa de Hamás.
El listado recorre ya las redes sociales a través de algunos de los canales de redes sociales habituales de la extrema izquierda y el separatismo. Mensajes en los que se llama a boicotear la compra de cualquier producto que pueda tener la más mínima relación con Israel.
Todo ello llega tras una campaña oficial de distintos líderes de la izquierda -Pedro Sánchez el primero, Yolanda Díaz, Ione Belarra, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Enrique Santiago…- culpando a Israel de la propia matanza de sus compatriotas a manos de la organización asesina islamista Hamás y llamando genocida a este país.
Y todo sucede, además, después de que Pedro Sánchez acabe de conseguir con sus insultos a Israel elevar la tensión con el pueblo judío hasta un punto de difícil retorno: el Gobierno de Israel ya ha avisado de que no está dispuesto a seguir recibiendo acusaciones infundadas por haber, según Sánchez, provocado la «muerte de miles de niños», mientras Israel no deja de sufrir nuevos atentados perpetrados por Hamás.
Y también, cuando Sumar presiona para que la escalada de ataques a Israel sea aún mayor y se rompan los acuerdos comerciales europeos. El partido de Yolanda Díaz lo hace tras haber exigido, además, la tramitación de una ley que permita juzgar en España a Netanyahu por genocidio. La estrategia avanza claramente hacia el punto de ruptura total de España con un aliado totalmente estratégico de las democracias occidentales y fuente de buena parte de la información antiyihadista.
Sumar, de hecho, presentó una propuesta con esa exigencia ya en octubre. Pero una semana más tarde decidió retirar el texto ante la petición del propio Gobierno de relajar la situación. Todo ello ocurrió en el mes de octubre, y justo después de los brutales ataques llevados a cabo por Hamás contra Israel, asesinando, violando, degollando, secuestrando y torturando a ciudadanos judíos de todas las edades -desde bebés hasta población mayor-.
Por lo visto, ahora, o el Gobierno no tiene capacidad para frenar a Sumar o no tiene ninguna intención de hacerlo. Y es que Sumar ha vuelto a presentar el texto de su propuesta bajo el título de «Proposición no de Ley relativa al estallido de los enfrentamientos armados entre Palestina e Israel». El texto recoge un salto cualitativo en el insulto a Israel: reclamaba solicitar a Bruselas la «suspensión» del acuerdo comercial con Israel, «a la luz de las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos de su Gobierno», y someter a revisión todos los fondos que recibe de la UE, «para garantizar que no se destinan a la política de asentamientos ilegales o políticas de seguridad que vulneran los derechos humanos». Sumar añadía «la suspensión de la venta de armas a Israel» y «apoyar los procesos de rendición de cuentas internacionales, incluyendo los nuevos que se deriven y los ya existentes ante la Corte Penal Internacional».
