Ciudadanos, recogiendo una reivindicación de Cermi Muejres, registró en el Senado una proposición de ley para modificar el Código Penal, cuya toma en consideración fue aprobada ayer por el Pleno de la Cámara Alta
ABC.- La Fundación Cermi Mujeres y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) consideran que es un «hito histórico» el hecho de que ayer comenzase la tramitación parlamentaria para prohibir las esterilizaciones forzosas o no consentidas a personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, una práctica que sufren principalmente adolescentes y mujeres con discapacidad.
El Pleno del Senado aprobó ayer por 247 votos a favor, dos en contra y una abstención la toma en consideración de una proposición de ley registrada por Ciudadanos, partido que se hizo eco de la propuesta del Cermi, que modifica el artículo 156 del Código Penal, con el fin de eliminar el párrafo que despenaliza las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
En la exposición de motivos, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos declara que la «esterilización forzada» es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera y expone datos concretos para justificarlo. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última décadase han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres.
La proposición de ley plantea también que las personas que lo requieran cuenten con la información en formato accesible para la toma de decisiones y que se le brinden todos los apoyos necesarios, sin sustituir nunca su voluntad.
Al Senado ha acudido una veintena de mujeres con discapacidad de diferentes entidades miembro del movimiento Cermi para representar al sector más castigado por una práctica que, a juicio de Cermi Mujeres, se trata cualitativamente «de una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrantes que se siguen perpetrando en el Estado español».
Además, denuncia que las esterilizaciones no consentidas atenta «frontalmente» contra los principios y mandatos de tratados internacionales como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Convenio de Estambul.Se trata «de una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrantes que se siguen perpetrando en el Estado»
Para Cermi Mujeres, prácticas como esterilizaciones forzosas, abortos coercitivos y la falta de accesibilidad de los servicios de atención sexual y reproductiva, entre otras cuestiones, «son fruto de la eterna infantilización que se hace de las mujeres con discapacidad, a quienes se les cuestiona su capacidad de reproducirse por desconfianza, prejuicios de una sociedad que todavía es, en muchos casos, capacitista y patriarcal».
Durante el Pleno, la práctica totalidad de los partidos políticos manifestaron su apoyo a una iniciativa que, como señalaron, da cumplimiento a los mandatos y observaciones realizadas por diferentes organismos y tratados de Naciones Unidas. Además, destacaron la especial discriminación que supone esta práctica para las mujeres y niñas con discapacidad, que según indicaron, están más expuestas a sufrir diferentes formas de abusos.
Las formaciones de la Cámara Alta ensalzaron el trabajo de las entidades del movimiento Cermi y concluyeron el desarrollo del Pleno con una ovación conjunta tras el anuncio de la aprobación de la admisión a trámite de la proposición de ley por parte de la presidente del Senado.
