El Senado alemán pide retirar los fondos públicos a un partido neonazi tras intentar que fuera declarado ilegal

| 2 febrero, 2018

El Partido Nacional Democrático alemán (NPD) con un único eurodiputado y escasa representación municipal recibió en 2016 alrededor de 1,1 millones de euros procedentes del erario público

EFE.- El Senado alemán, que representa a los 16 estados federados del país, ha acordado este viernes por unanimidad presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional para excluir de la financiación pública al neonazi Partido Nacional Democrático (NPD).

El recurso se apoya en la reforma constitucional aprobada el año pasado por el Parlamento, que prohibió transferir dinero público u otorgar privilegios fiscales a formaciones contrarias a los principios democráticos o a la existencia de la República Federal Alemana.

Según la reforma, es el Tribunal Constitucional el encargado de determinar si un partido recibe o no recursos de la hacienda pública, una vez lo haya decidido el Gobierno o bien una de las dos cámaras parlamentarias.

Con menos de 6.000 militantes, el NPD no tiene escaños en el Parlamento nacional ni en las cámaras regionales, pero su único eurodiputado y su escasa representación municipal le permitieron recibir en 2016 alrededor de 1,1 millones de eurosprocedentes del erario público.

La ofensiva política contra el NPD se reactivó después de que el TC rechazara, a principios de 2017, una demanda del Bundesrat para ilegalizar al NPD. El Constitucional alegó que este partido, a pesar de ser una fuerza que «desprecia la dignidad humana» y «no es acorde con los principios democráticos» no tenía peso suficiente para alcanzar sus objetivos anticonstitucionales. A esto se le suma la dificultad que existe en Alemania para llegar a ilegalizar un partido político, ya que la última vez que esto tuvo lugar fue hace más de seis décadas con el Partido Comunista de Alemania.

Aún así,  alto tribunal instó a combatir al NPD con los recursos del Estado de derecho, desde policiales a judiciales. Según el acuerdo del Senado, «los estados federados quieren evitar así que el Estado constitucional apoye a un partido que desprecia el orden democrático y las libertades fundamentales».

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