La entidad cree que el desglose es «irrelevante» y «conlleva numerosos riesgos». El nuevo requisito está incluido en un Reglamento Delegado de la Comisión Europea.
NÉSTOR CENIZO. ELDIARIO.ES.- La Fundación Secretariado Gitano cree que incluir una mención a la etnia entre los indicadores para evaluar el resultado de los programas de ayuda alimentaria es «irrelevante» y «conlleva numerosos riesgos». La entidad critica que una norma de la Unión Europea, que empezará a ser aplicada este año, obligue a los solicitantes de ayuda alimentaria a acreditar su condición étnica. Esta norma exige a las entidades de reparto que desglosen el número de beneficiarios según, entre otros criterios, el número de «inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)». El indicador debe ser incluido en los informes que presenten las entidades que participen en el reparto de los alimentos del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.
Ese fondo, insiste la Fundación en un comunicado, es una «medida general para combatir la extrema pobreza, no es una acción específica dirigida a la población gitana que requiera recabar información de su impacto sobre un grupo específico». Carolina Fernández, Subdirectora General de Incidencia y Defensa de Derechos de la organización, abunda en el razonamiento: «En aquellos programas en los que se incluye la comunidad gitana entre los grupos a los que va destinado es correcto establecer un indicador, que nosotros mismos pedimos, porque obliga a rendir cuentas, pero en este caso la población gitana no está recogido como grupo objetivo en el programa operativo español». El hecho de que deba consignarse específicamente el número de gitanos que recibe la ayuda «presupone que un buen número de familias gitanas son receptoras de dicha ayuda y obliga a las personas solicitantes a acreditar su condición étnica para recibirla. SOS Racismo cree, en cambio, que el indicador es correcto, puesto que no es condición para recibir la ayuda. Además, recuerda que el de los inmigrantes es un colectivo con mayor riesgo de exclusión porque carece de redes familiares. «La estigmatización potencial podría venir de su aplicación», explica Irene Carrión, una de sus portavoces.
El comunicado de Secretariado Gitano parte de la «buena voluntad» de la Comisión y admite que el indicador puede ser útil en algún país (lo mismo opina SOS Racismo, que recuerda que en algunos lugares de Europa se han producido casos de denegación de acceso a las ayudas), pero cree que en España puede suponer un «obstáculo» para acceder a la ayuda. La vinculación entre las personas población gitana y pobreza extrema «refuerza aún más la estigmatización que sufre la comunidad gitana» y puede producir un «efecto perverso», según la entidad. «Se trata de un dato irrelevante para su finalidad, dada la naturaleza de la ayuda, y que conlleva numerosos riesgos», explica la nota, que insiste en que hay métodos «indirectos» para conocer el acceso de la población gitana a las ayudas «sin necesidad de utilizar registros de identidad étnica».
La semana pasada las entidades de reparto de alimentos recibieron correo electrónico con un documento con el membrete del Ministerio de Agricultura, que gestionará este año el reparto de los alimentos del Fondo de Ayuda europea. En ese documento, el ministerio instaba a las entidades a presentar una solicitud donde desglosen el número de personas desfavorecidas según sean «inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)». Además, establecía dos nuevos requisitos que dificultan la tarea de las entidades de reparto, especialmente las más pequeñas: obliga a preparar un informe de exclusión social y establece la necesidad de que esas organizaciones ofrezcan «medidas de acompañamiento» a los solicitantes de ayuda. Según Pilar Fernández, de la Asociación de Integración de la Comunidad Gitana Palma Palmilla, las entidades no tienen capacidad para acometer estos nuevos requisitos, que además disuadirán a los necesitados de solicitar la ayuda. Este lunes varias de esas asociaciones de Málaga han constituido una federación con el objetivo de coordinarse, garantizar el reparto y, a medio plazo, crear un banco de alimentos.
Exigencias de la Comisión Europea
La petición a las organizaciones tiene su origen en el Reglamento Delegado de la Comisión Europea 1255/2014. Este acto legislativo, que no tuvo que pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo para ser aprobado, desarrolla el Reglamento sobre el Fondo Europeo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (223/2014). El ministerio asegura que tanto la Comisión como los Estados «velarán por que se evite cualquier tipo de discriminación y por el respeto de la dignidad de las personas». El desglose de los beneficiarios de las ayudas es uno de los indicadores que deben ser incorporados a los informes anuales de ejecución que debe elaborar cada Estado Miembro para remitirlos a la Comisión, encargada de evaluar la eficiencia de las ayudas.
El Reglamento Delegado especifica que algunos de sus indicadores se determinarán «sobre la base de una estimación con conocimiento de causa de las organizaciones asociadas en lugar de recurrir a la información facilitada por los destinatarios finales», con el fin de «proteger la dignidad» de quienes reciben ayuda y reducir la carga administrativa. Sin embargo, en el articulado se refiere específicamente la necesidad de aportar el número de beneficiarios de determinados grupos.
Este medio está a la espera de recibir una respuesta a un correo remitido el pasado martes a la Comisión con las siguientes preguntas: ¿Cuál es el propósito de este indicador? ¿Hay alguna otra minoría incluída en los indicadores? ¿Cuál? ¿Cuál es el significado exacto de «estimación con conocimiento de causa? ¿Quiere decir que las organizaciones deben calcular el número de personas a las que proveen alimentos? Si es así, ¿por qué se habla de «número total de inmigrantes, etc» que reciben ayuda? Algunas organizaciones interpretan que deberán marcar con una casilla si la persona que recibe la ayuda es inmigrante o perteneciente a una minoría: ¿es correcto? ¿Cómo cree la Comisión que puede obtener el número de participantes de un grupo determinado sin que las organizaciones pidan la información a los usuarios finales? ¿Tiene la Comisión alguna preocupación por la legalidad de estas medidas o sobre el mal uso hipotético de los datos que pudieran obtenerse de esta forma?
