En cinco años, la cifra de ejecutados se ha duplicado. El reino continúa imponiendo la pena capital por delitos de drogas, en clara violación del derecho internacional
FRANCISCO CARRIÓN. EL MUNDO.– La primavera saudí deja una cifra que produce escalofríos. Hace unos días el reino superó los 800 ejecutados desde que el octogenario Salman ascendiera al trono a principios de 2015. En un lustro el camino al patíbulo se ha duplicado a pesar de la promesa de su hijo, el todopoderoso príncipe heredero Mohamed bin Salman, de reducir el número de ajusticiados.
El pasado miércoles las cárceles saudíes cumplieron con la ejecución que eleva la cifra a los 800 casos. Los detalles del reo no han trascendido. En el lustro directamente anterior -antes de la llegada a palacio de Salman, de 84 años, el que comprende desde 2009 hasta 2014- se registraron 423 ejecuciones. «Para entender por qué la tasa de ejecuciones se ha doblado bajo el reino de Salman, hay que mirar a quién ha sido condenado a muerte», explica a EL MUNDO Maya Foa, directora de la ONG británica Reprieve.
«El reino continúa ejecutando a personas por delitos de drogas, una clara violación del derecho internacional. El año pasado también ejecutó a 37 personas por delitos políticos, incluyendo a niños cuyo ‘crimen’ era participar en manifestaciones pacíficas y pro democráticas en el marco de la primavera árabe», agrega Foa. «El Tribunal Penal Especializado, que goza de jurisdicción sobre delitos políticos desde 2014, opera en secreto y despacha penas capitales en base a confesiones obtenidas bajo tortura».
En lo que va de 2020, el reino ultraconservador ha enviado al patíbulo a 11 personas, entre ellas, una mujer. Seis fueron condenadas por asesinato y el resto por tráfico de drogas. Cinco tenían nacionalidad saudí. Durante los primeros meses de este año, se ha registrado una considerable reducción de las ejecuciones tras un año que pulverizó registros con la vida segada de 184 condenados a muerte.
No obstante, existen aún causas abiertas contra individuos que asistieron a protestas para los que los fiscales reclaman la pena capital. La pandemia del coronavirus ha obligado a reducir el ritmo judicial. Arabia Saudí no ha secundado la senda de indultos concedidos por países vecinos como Omán o Bahrein pero la semana pasada Salman decretó la suspensión temporal de las sentencias definitivas y las órdenes judiciales contra acusados en casos de derecho privado.
Los números son una enmienda al compromiso de Bin Salman, el líder «de facto» del país, de ir minimizando el alegre uso de la pena capital. Hace dos años, en una entrevista a la la revista Time, el príncipe heredero, de 34 años, declaró: «Hemos tratado de minimizar [la pena capital]. Creemos que completarlo nos llevará un año, quizás un poco más. No será una reducción del cien por cien pero será en una gran proporción».
«La alta ejecución de las condenas a muerte, a pesar de las garantías del príncipe heredero, muestra la falsedad de esas promesas», denuncia Ali al Dubisi, director de la Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos. «El ataque a presos de conciencia y menores de edad confirma el uso político y a modo de represalia de las ejecuciones y añade preocupación por los detenidos que aún aguardan el castigo», desliza el activista desde el exilio.
Hasta la fecha, la ejecución masiva más controvertida acaeció el 23 de abril de 2019. En aquella fatídica jornada, 37 personas perdieron la vida, entre ellas, tres que eran menores de edad cuando se cometieron los hechos por los que fueron culpados. Abdelkarim al Hawaj, Mujtaba al Sweikat y Salman Qureish fueron ejecutados a pesar de los reiterados intentos de organizaciones de derechos humanos por lograr el indulto. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y participación en manifestaciones.
Desde entonces, sus familiares denuncian que las autoridades no les han permitido recuperar sus cadáveres y darles sepulturas. «No devolver los cuerpos es parte del ciclo de persecución a la comunidad», apunta Al Dubisi. Según sus estimaciones, 84 miembros de la minoría chií saudí murieron en el patíbulo o en redadas de las fuerzas de seguridad desde 2016. Ningún cadáver ha retornado a sus seres queridos a pesar de sus reiteradas peticiones. El régimen teme que sus sepulturas se conviertan en lugares de culto y peregrinaje para una maltratada comunidad.
Otros 13 menores de edad esperan actualmente en el corredor de la muerte. Entre ellos, figuran Ali al Nimr, Daud al Marhun y Abdalá al Zahir. Los tres han agotado todos los recursos y se hallan desde hace años en riesgo de ejecución inminente. Para ocho de los arrestados cuando eran menores, la fiscalía general solicita la crucifixión, un término usado en Arabia Saudí para referirse a aquellos reos que son decapitados y cuyos cuerpos son sometidos más tarde a la exhibición pública.
«Pese a toda la retórica de reforma y modernización, Arabia Saudí es aún un país donde alzar la voz contra el rey puede costarte la vida», lamenta Foa. «En plenos preparativos para la cumbre del G20 en Riad el próximo noviembre, los socios occidentales del reino deben reclamar el fin de la ejecución de menores y opositores políticos. En caso contrario, se arriesgan a respaldar tácitamente estas flagrantes vulneraciones de la legislación internacional», concluye.
