Ideal.- Un informe estatal apunta que en torno al 20% de los migrantes que tratan de alquilar o comprar una vivienda se encuentran con trabas relacionadas con la xenofobia.
La presencia de infraviviendas Almería se vincula, directamente, a la mano de obra que requiere la agricultura, principal motor económico de la provincia. De hecho, son los municipios de tradición agrícola los que concentran el grueso de los asentamientos poblacionales irregulares, habitados mayoritariamente por personas de origen africano. Acabar con estos núcleos forma parte de las agendas de las administraciones, que tratan de dar con alternativas habitacionales para estas personas a las que, por norma, les resulta casi imposible encontrar una vivienda para alquilar. ¿El motivo? La xenofobia.
Así, al menos, lo apunta el estudio ‘Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y asentamientos informales’ realizado por la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnica Racial del Ministerio de Igualdad. Un análisis pionero que forma parte de las iniciativas del Plan de Acción de la UE Antirracismo para 20202-2025. Dicho análisis, entre otras cuestiones, apunta que un 31% de las personas de origen étnico o racial que han participado en el estudio «percibieron discriminación en el acceso a la vivienda durante el último año».
Es más, reseña que prácticamente a uno de cada cinco de estos ciudadanos extranjeros le pusieron trabas a la hora de alquilar un inmueble: «A un 17,7% le negaron enseñarles la vivienda para alquilar o comprar, a un 20,8% no quisieron alquilársela y a un 201,% le pusieron problemas o más requisitos que al resto».
«Ellos quieren a los migrantes para trabajar, pero para disfrutar ya no los quieren. No son (considerados) parte de nuestra sociedad, no son ciudadanos como nosotros. Para alguna gente los inmigrantes han venido a trabajar, no a disfrutar o a mezclarse. Esto es una equivocación y hace que los inmigrantes terminen en asentamientos para no tener un problema con la población y también para no tener un problema con la policía», detallan desde una oenegé que trabaja con esta población en Níjar en un testimonio reflejado en el estudio de Igualdad, en el que colaboraron entidades como Andalucía Acoge o Provivienda.
El racismo, según la investigadora de Provivienda Elena Martínez, es un elemento estructural que atraviesa los asentamientos y se traduce en la heterogeneidad de procesos de entrada y salida y la manera de habitarlos». Según su análisis, el 90% de las personas que viven en estos espacios «pertenece a algún grupo étnico que sufre con más asiduidad la discriminación racial». Es más, a su juicio, la persistencia de los asentamientos «es una muestra de racismo estructural».
Los poblados de El Ejido y Níjar están entre los que mayor población acogen de toda España, según un estudio de Igualdad
Para la realización del trabajo se efectuaron entrevistas a residentes en ocho asentamientos de toda España, entre los que se encuentran dos almerienses, concretamente, en Níjar y El Ejido. Además, se practicaron observaciones y se pusieron en marcha grupos de discusión con el objetivo, todo ello, de crear una «aproximación a las semejanzas, diferencias y las dinámicas sociales de estos espacios».
Con la colaboración de entidades sociales que trabajan en el territorio, la informe permite, además, esbozar un escenario sobre cuál es la situación de este tipo de asentamientos en las zonas más afectadas por los mismos. Comparativamente, la situación de Almería es una de las más alarmantes. No en vano, solo teniendo en cuenta la muestra tomada, ya se observa cómo cuenta con más asentamientos que el resto de provincias en las que se ha basado el estudio y, lo que es más, están mucho más poblados que la media.
Por volumen de habitantes, solo la Cañada Real Gaiana de la Comunidad de Madrid supera a los publicados almerienses, al menos, entre los núcleos elegidos para el estudio por suponer una representación del conjunto nacional. Solo en Níjar, revela el texto consultado por IDEAL, «el Plan Municipal de Vivienda y Suelo estima la existencia de 94 asentamientos chabolistas e infraviviendas en las que residen 3.014 personas. Las entidades sociales calculan aproximadamente 70 asentamientos y 3.000 personas», en ambos casos, se trata de datos relativos a 2018, cabe apuntar.
En cuanto a El Ejido, Cepaim estima que hay 11 asentamientos con aproximadamente 1.940 personas residiendo en ellos. Para este informe del Ministerio de Igualdad, concreta el documento, se visitaron dos poblados nijareños y seis de los ejidenses, realizando entrevistas con media docena de personas en cada una de las localidades.
El espejo de Huelva
Junto con Almería, la provincia de Huelva entra en la ecuación de la búsqueda de soluciones a los trabajadores agrícolas que llegan de otros países. Sin embargo, en base al estudio analizado, la realidad onubense es diferentes a la almeriense. Si bien está claro que cuenta con población en núcleos de infravivienda sin regularizar, apenas se son unos pocos en las poblaciones de mayor tradición agraria, Lepe y Moguer. Ambos términos han formado parte también de los estudiados por el Ministerio de Igualdad.
En su caso, en base a los datos recopilados, en Lepe se han cuantificado 8 asentamientos con 888 personas mientras que en Moguer hay un único poblado con 120 habitantes, todos varones. Menos de un millar, por tanto, frente a los casi 5.000 cifrados en los dos municipios almerienses incluidos en el análisis.
Además de estos asentamientos de Almería y Huelva, se ha tenido en cuenta cinco de Barcelona, uno de Gorg, en Badalona, donde se tiene constancia de la existencia de tres poblados con un centenar de personas; Las Sabinas, en Móstoles, donde se estima que residen casi mil personas y, el mayor de todos, el de la Cañada Real Galiana de Madrid, un territorio altamente poblado, con miles de residentes habituales.
El 55% de la población mundial vive en asentamientos urbanos
Con motivo del Foro Internacional UIA 2022 Affordable Housing Activation: Removing Barriers, que reunió esta semana a más de 80 expertos internacionales en Madrid, se ha lanzado un llamamiento a la acción para «derribar» las barreras que impiden el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.
Profesionales de la arquitectura, urbanistas, sociólogos, antropólogos urbanos, economistas y académicos, representantes de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones intergubernamentales, así como expertos en temas de vivienda reclaman la asunción de responsabilidades compartidas para la mejora en el derecho efectivo del acceso a la vivienda digna, adecuada y asequible en todo el mundo de aquí a 2050.
El marco de activación recoge cuestiones como la necesidad de tener en cuenta el crecimiento demográfico y la presión actual sobre el mercado de la vivienda en las áreas urbanas, pues alrededor del 55 % de la población mundial reside en asentamientos urbanos y se prevé que esta proporción aumente significativamente para 2030, con unos 1.600 millones de personas, indicaron desde la organización del foro.
Asimismo, los expertos subrayaron la necesidad de renovar y construir conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos en la Agenda 2030, y lograr el objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. En este sentido, reseñaron también la implicación de la vivienda en otros objetivos, que incluyen el fomento de la resiliencia de los hogares pobres, el acceso a servicios de higiene adecuados y a servicios de energía asequibles y modernos.
De este modo, parten de la base de que el derecho a la vivienda es más amplio que el derecho a la propiedad.
En su propuesta de acciones, los expertos internacionales fijaron varios objetivos y compromisos. A raíz del debate mantenido en estas jornadas plantean la asunción de las seis barreras tratadas como punto de partida para estructurar la complejidad del problema del acceso a la vivienda, para lo cual destacan la necesidad de fomentar iniciativas capaces de diagnosticar la situación y facilitar la toma de decisiones.
Durante las jornadas, se señaló la importancia de establecer un plan de acción común para identificar áreas prioritarias e implementar acciones concretas. Para ello, insisten en la necesidad de establecer alianzas que consoliden un movimiento global y apoyar a gobiernos en sus acciones para materializar el derecho a una vivienda de manera inclusiva, sostenible y resiliente.
