Público.- Una operación preparada meticulosamente desde el poder del Estado intentó exterminar a la población gitana en España. Corría el año 1749, cuando gobernaba el país la monarquía absoluta del borbón Fernando VI, con el marqués de la Ensenada a los mandos, mucho antes de que los nazis perfeccionasen la técnica con sus campos de concentración y cámaras de gas. Aquello que se denominó Prisión General de Gitanos o la Gran Redada lo ha llevado ahora al cine Pilar Távora en un largometraje documental, con el que pretende recuperar unos hechos que, a su juicio, causaron a su pueblo un enorme impacto psicológico y una estigmatización que aún no ha superado.
Aquello no fue un pronto de una noche, un arrebato como respuesta a un crimen, una oleada de robos o cualquiera de las excusas de las que se suele echar mano para desatar una cacería contra una comunidad, un pueblo, una raza diferente a la mayoritaria. Aquello fue un plan preparado durante largo tiempo, en el que participaron altos responsables del Estado, el Ejército y la Iglesia que dirigían la España de entonces. El propósito era, según los historiadores que han investigado los hechos, acabar con «la malvada raza», como definió a los gitanos el superministro del rey Fernando VI, el marqués de la Ensenada, considerado el jefe de las operaciones.
Entre la noche del 30 de julio de 1749 y días posteriores fueron detenidos unos 9.000 de los 14.000 gitanos que vivían en España, un país cuya población total entonces no llegaba a los 8 millones de personas. Gitanos de todas las edades fueron encarcelados y utilizados como mano de obra esclava en astilleros, arsenales y otras fábricas. Separaron a familias enteras, a mujeres y hombres para impedir la procreación, y les arrebataron todos sus bienes, sin ningún juicio, ni previo ni posterior, acusados simplemente de pertenecer a una etnia que el poder había tachado de «infecta».
Ensenada diseñó un meticuloso operativo para apresar a la población gitana, en el que tan solo los oficiales de más confianza estaban al tanto de los preparativos. El escritor Raúl Quinto, uno de los participantes en el largometraje de Pilar Távora, lo cuenta así en la novela Martinete del rey sombra, Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica este año, donde se detalla lo sucedido en la Gran Redada: «Las instrucciones eran precisas: no abrir el sobre hasta bien entrada la noche del 30 de julio para evitar que la operación fracasara por exceso de información en el aire (…) La orden viene firmada de puño y letra por el mismísimo marqués de la Ensenada, en nombre y boca del rey Fernando, y no admite interpretaciones: la salud del reino requiere del prendimiento y arresto de toda la población gitana, ha de hacerse a la medianoche del 30 en todos los pueblos y ciudades, se actuará con sigilo y diligencia, se procederá a incautar la totalidad de sus bienes. Y más pronto que tarde su presencia será erradicada para consuelo del futuro».
Raúl Quinto, pese a ser profesor de Historia, conoció este terrible episodio de la historia de España por casualidad, porque llegó a su departamento del instituto de Almería donde da clases una revista especializada en la que había un artículo sobre la Gran Redada. «Es un tema que no está en los planes de estudios, en los libros de texto, que no forma parte de la memoria de la gente de este país. Y eso fue una conmoción para mí», dice a Público.
La punta del iceberg tras 250 leyes antigitanas
En la época que se intentó su exterminio, el pueblo gitano no vivía bajo una exclusión total dentro de un régimen absolutista, donde el lujo y el despilfarro del poder convivían con las supersticiones y la ignorancia de un país que caminaba aún a oscuras en pleno Siglo de las Luces. La relación con el resto de la población era complicada, con sus más y sus menos, mejor en unos sitios que en otros, pero en la recámara estaban las 250 leyes que se habían promulgado en España desde la pragmática de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV, para «borrar la identidad gitana»: su forma de vestir, su lengua, sus formas de vida, toda su cultura. La Gran Redada «fue la punta del iceberg», resume Quinto.
Pilar Távora, cineasta gitana, activista por los derechos humanos e hija del popular dramaturgo Salvador Távora, conoció estos hechos por las publicaciones del periodista e historiador Antonio Gómez Alfaro, el primero que hizo aflorar, con sus investigaciones, el intento de exterminio que había permanecido en el más absoluto de los silencios. Y, desde entonces, ella ha querido contarlo en un largometraje para explicar a todo el mundo unos sucesos que, a su entender, marcaron definitivamente la historia de su pueblo. «Si los propios gitanos no contamos nuestra historia, nadie la va a contar. Y para caminar por un mundo mejor, necesitamos conocer mejor nuestro pasado», explica la directora a este periódico.
Hace una semana, Távora terminó de rodar un documental que tendrá una hora y media de duración y que pretende estrenar el próximo mes de abril, cuando se cumplirán, precisamente, 600 años de la llegada de los primeros gitanos a España. Su principal objetivo es contar al público unos hechos que, a su juicio, han supuesto un antes y un después en la historia de los gitanos, un enorme trauma que todavía no ha superado, causante de profundas heridas que han ido pasando de una generación a otra sin que aún hayan cicatrizado.
«Aquello estuvo a punto de ser un genocidio biológico, con la separación de hombres y mujeres, con penas de galeras, confiscaciones de todos los bienes, todo hecho con una mentalidad maquiavélica, hitleriana. Y con esto yo quería explicar también las razones de la situación actual del pueblo gitano: sientes miedo y no sabes realmente por qué, sientes rechazo y no sabes por qué. Nunca te sientes seguro. En aquella época el pueblo gitano tenía confianza en las instituciones, había una convivencia, pero cuando ocurre esto, todo se cae y se queda en la memoria de la colectividad», precisa Pilar Távora
Explotados como esclavos
¿Qué había detrás de aquel intento de exterminio de una etnia? El doctor en Historia por la Universidad de Almería y autor de varios libros de investigación sobre el pueblo gitano, Manuel Martínez Martínez, otro de los expertos que participa en el largometraje de Pilar Távora, apunta que el objetivo inicial era la expulsión del territorio español, tal como habían hecho previamente en Portugal. Sin embargo, el fracaso de la experiencia portuguesa llevó al marqués de la Ensenada a cambiar de planes para decantarse por una vía más expeditiva: la exterminación de quienes se consideraban seres infectos.
Pero antes de exterminarlos, según Manuel Martínez, se ocuparon de explotarlos como esclavos en la construcción de barcos y en la fabricación de armamento en los arsenales de Cartagena o de La Carraca en Cádiz, con el objetivo de reconstruir la potencia naval que España había dejado de ser y tratar así de conservar las colonias en América.
A juicio de Raúl Quinto, a los motivos económicos se le sumaron los ideológicos, culturales y religiosos, que fueron utilizados también para promover la expulsión de España de judíos y moriscos. «Es la expulsión del diferente. La propia existencia de la nación gitana es en sí misma una disidencia, que no encajaba con el estado de orden de la época. Se decía que era una raíz infecciosa», señala el escritor.
El papel de la Iglesia en el intento de exterminio
La Iglesia también desempeñó un papel importante en el proyecto de aniquilación de los gitanos en España, según los historiadores que han investigado estos hechos. Manuel Martínez sostiene que el proyecto inicial de expulsión fue un «empecinamiento» del obispo de Oviedo en esos años, Gaspar Vázquez Tablada, que luego acabó convirtiéndose en un plan de exterminio impulsado por el marqués de la Ensenada, quien contó con la inestimable colaboración del confesor de Fernando VI, el jesuita Francisco Rávago, para convencer al monarca. A Rávago es a quien se le atribuye esta demoledora proclama: «Dios se alegraría, si el rey lograse extinguir a esta gente».
El jesuita se ocupó expresamente, según Pilar Távora, de ajustar la vertiente eclesiástica del proyecto: fue él quien intermedió para que llegara al papa con mucha antelación la solicitud para que los gitanos no se pudieran refugiar en las iglesias en el momento que se fuera a ejecutar la Gran Redada. Eso provocó, según la cineasta, un gran enfrentamiento en el seno del clero con una parte de la Iglesia de base, sobre todo con los párrocos que conocían y convivían con los gitanos en barrios y pueblos, fundamentalmente de Andalucía.
Así lo cuenta Raúl Quinto en Martinete del rey sombra: «Otros gitanos han corrido entre las penumbras para buscar el viejo refugio de lo sagrado en los monasterios y las ermitas (…). Como esos trece o catorce del Puerto de Santa María que han burlado las batidas para acogerse a lo sagrado en el Convento de los Mínimos, pero en balde, el papa también los ha abandonado y hace ya un año que el Consejo de Castilla recibió la venia vaticana para eximir a los gitanos del tradicional refugio intocable de la casa del Señor».
El resultado fue una «hecatombe», afirma el historiador Manuel Martínez, a la que luego la monarquía intentó poner freno. El rechazo de una parte de la población y de la Iglesia al proyecto de exterminio y las protestas de los gitanos encarcelados y esclavizados acabaron por convencer al rey de que habían ido demasiado lejos. En octubre de 1749, tres meses después de iniciado el proyecto de exterminio, Fernando VI ordenó liberar a los gitanos que acreditaran «una buena forma de vida», mientras que el resto seguiría recluido. Tuvieron que pasar casi 15 años hasta que otro rey, Carlos III, y con el marqués de la Ensenada despojado ya de todo su poder, aprobase una especie de indulto que culminó con la excarcelación en 1765 de todos los gitanos que habían sido detenidos en la Gran Redada.
Por el camino, claro, habían muerto muchos. Los historiadores que han investigado estos hechos no saben precisar cuántos pudieron ser. Probablemente, miles, reventados por las condiciones de su encierro y el trabajo durante años como esclavos. Pilar Távora aventura que pudieron fallecer entre 10.000 y 12.000, y que quienes sobrevivieron a esa «hecatombe» se quedaron en la más absoluta miseria al recuperar la libertad, después de les obligaran a pagar con sus propios bienes los gastos del encarcelamiento.
«A veces, cuando estoy montando la película que hemos terminado de rodar, me sobrecojo, me emociono por todo lo que sufrió mi pueblo y que de pronto estás viendo en imágenes», confiesa la directora.
Un tema olvidado por el mundo académico
La película de Pilar Távora ayudará a difundir unos hechos tan funestos de la historia de España, de los que, sin embargo, se conoce muy poco, que no salieron a la luz hasta la investigación de Gómez Alfaro, que en 1993 publicó La Gran Redada de gitanos, pese a que eran unos sucesos registrados en varios archivos históricos. Raúl Quinto argumenta al respecto que la historia de los gitanos se ha visto siempre como un «tema menor» en el mundo académico por una serie de inercias, pese a que forman parte de la cultura española. Así fue «hasta que llegó Gómez Alfaro y empezó a escribir de esto, y después Manuel Martínez, mi principal referente en este tema», apostilla el escritor.
Martínez cuenta a este periódico que él encontró el Expediente General de Gitanos en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, el más antiguo de la Corona de Castilla. Estaba atado con un cordoncito con los colores de la bandera de España que se deshizo al abrirlo por primera vez. Eran cinco legajos que pudo microfilmar y estudiar con detenimiento. De ellos recuperó la memoria de 5.520 gitanos, quiénes eran sus padres, sus hijos, su descripción física…
La recuperación de la memoria histórica del pueblo gitano en un episodio tan terrible como su intento de exterminio debe ocupar un papel importante, a juicio de los historiadores. Raúl Quinto considera que, además de incluirse su estudio en los decretos curriculares de la enseñanza, deberían colocarse placas conmemorativas en memoria de las víctimas en lugares como los arsenales de la Carraca y de Cartagena o el palacio de la Aljafería en Zaragoza, donde penaron miles de gitanos detenidos en la Gran Redada.
Las calles del marqués de la Ensenada
De momento, las únicas iniciativa que se conocen son las de los ayuntamientos de Lleida y Cádiz, que en 2018 y 2022, respectivamente, le retiraron la calle al marqués de la Ensenada, para denunciar de esa forma el papel determinante que tuvo el ministro de Fernando VI en el proyecto de exterminación del pueblo gitano en España. En el caso de la capital gaditana, cuando era alcalde José María González, Kichi, la calle pasó a llamarse Pueblo Gitano.
El pasado mes de julio, el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid se negó a hacer ese mismo cambio en el callejero, como proponían los grupos de Más Madrid y PSOE. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, había pedido días antes que se le quitara la calle al marqués de la Ensenada en la capital de España. «Es incomprensible que una calle honre al responsable de lo que hoy se puede considerar como crímenes contra la humanidad», dijo el dirigente de Sumar.
A Pilar Távora, el marqués de la Ensenada le recuerda directamente a Adolf Hitler, el líder del nazismo que emprendió el holocausto judío y también de miles de gitanos en los campos de exterminio. «No se entiende por qué Ensenada ha pasado a la historia por sus logros y no hay una sola línea sobre la Gran Redada», se lamenta la cineasta.
En España, con una población que ahora supera los 48 millones de habitantes, viven actualmente unos 730.000 gitanos, que arrastran grandes déficit en la mayoría de los ámbitos: mayores tasas de paro que el resto de la población, de infravivienda, de abandono escolar y de problemas de salud. Un informe del Ministerio de Sanidad publicado en 2015 ya advertía lo siguiente: «El pueblo gitano ha sufrido, a lo largo de su historia, diferentes procesos de exclusión social, lo que ha conllevado a menudo una peor situación socio económica y, por tanto, un peor estado de salud».
Hace dos años, el Congreso de los Diputados aprobó la inclusión del antigitanismo en el Código Penal como delito de odio, considerándolo una circunstancia agravante penada con entre uno y cuatro años de prisión. Y el pasado mes de mayo, aprobó la creación de una subcomisión para abordar la lucha contra el antigitanismo y favorecer la inclusión de ese pueblo. «Tendría que haberse legislado hace mucho más tiempo, igual que se ha hecho con el antisemitismo, porque la persecución a los gitanos ha sido transversal a lo largo de la historia», subraya Pilar Távora, quien estima que esa tardanza demuestra la falta de interés que hay con su pueblo.
Tras haber terminado el rodaje en diferentes enclaves de Cádiz, Sevilla, Málaga, Madrid, Simancas y Almadén, la película de Pilar Távora se estrenará el próximo año y será presentada en varios festivales.
