El Gobierno de Johnson endurece el acceso a beneficios penitenciarios
RAFA DE MIGUEL. EL PAÍS.- Sudesh Amman llamó la atención de la policía británica hace dos años, cuando comenzó a compartir propaganda extremista de Al Qaeda y el ISIS en un grupo familiar de WhatsApp y otras redes sociales. Más tarde descubrieron que veía y enviaba vídeos de decapitaciones de prisioneros de esas organizaciones terroristas. Algunos se los mostró a su novia, según han publicado diversos medios, y le insistía en que hiciera lo mismo con sus padres. Eran, según le decía, unos kafir (infieles). Tenía entonces 18 años. Fue condenado en 2018 a tres años y cuatro meses de prisión por diversos delitos relacionados con el terrorismo. Salió a los dos años. Este domingo, agentes armados y de paisano lo mataron a tiros en Streatham, al sur de Londres.
Se escuda el Gobierno de Johnson en que la ley no permitía otra opción que su temprana puesta en libertad y ha prometido una revisión de la normativa penal y penitenciaria para que un caso como el de Amman no vuelva a suceder. O como el de Usman Khan, que se lanzó también a acuchillar personas indiscriminadamente el pasado diciembre, en medio de la campaña electoral, y acabó también abatido a tiros por agentes armados en las inmediaciones del Puente de Londres. También él salió de la cárcel a los siete años. Había sido condenado a prisión permanente revisable.
El ministro británico de Justicia, Robert Buckland, ha anunciado este mismo lunes en la Cámara de los Comunes planes de emergencia para evitar que los condenados por un delito de terrorismo puedan salir automáticamente de prisión, cumplida la mitad de la pena, sin una revisión previa de sus circunstancias. «No podemos encontrarnos con el caso, como comprobamos ayer trágicamente, de que un criminal que supone un riesgo conocido para ciudadanos inocentes sea puesto en libertad de modo automático sin que haya una revisión previa de la junta penitenciaria», ha dicho.
Downing Street responde así a la presión pública, pero es consciente, como admitía el propio Buckland, de que la nueva medida presenta serias dudas jurídicas. En concreto, puede suponer una contravención de la obligada irretroactividad de las leyes punitivas. El ministro ha querido establecer una distinción entre el tipo o duración de una sentencia y su administración (es decir, la aplicación o no de beneficios penitenciarios), y ha asegurado que se llegará a una conclusión «razonable».
La polémica sobre la duración de las penas de los condenados por terrorismo puede tener sentido, pero actúa además como cortina de humo para camuflar otras incógnitas igual de preocupantes. Porque en el caso del presunto terrorista de Streatham no solo se decidió mantener sobre él cierta vigilancia después de su salida de prisión. Fue muerto a tiros apenas comenzó a acuchillar viandantes, porque agentes de paisano seguían su rastro en lo que la policía se limitó a definir como «una operación antiterrorista encubierta proactiva». Poco más se ha explicado sobre el objetivo último de esa operación. Según cuenta el diario The Guardian, Amman salió de la prisión de Belmarsh el 23 de enero de modo casi automático, sin que nadie evaluara su grado de arrepentimiento o rehabilitación. Fue el servicio contraterrorista de Scotland Yard el que decidió seguir sus pasos desde ese día y ordenó poco después a los agentes encargados, según este periódico, que portaran sus armas reglamentarias.
