La iniciativa, apoyada por toda la oposición en el Congreso, buscaba controlar tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha
EUROPA PRESS.- El PP ha rechazado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que toda la oposición instaba al Gobierno a investigar las conexiones de grupos extremistas que inciten al odio, con vistas a su ilegalización.
La iniciativa había sido impulsada por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), se pactó con UPyD y recabó el apoyo de PSOE y CiU. El diputado del PP Federico Cabello ha manifestado su impresión de que la intención de esta proposición responde a un «interés absurdo de relacionar estos actos con una pasividad del Gobierno». «No puedo compartir que se inste al Gobierno a algo que ya viene realizando por tanto no estamos dispuestos a admitir esta proposición», ha justificado.
Según ha defendido, desde el Ministerio del Interior «se viene luchando contra este tipo de grupos y sus intenciones» y ha citado la reforma del Código Penal que incluye medidas contra el racismo y la xenofobia. Inicialmente la proposición no de ley presentada por el diputado de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, hacía referencia sólo a los grupos de extrema derecha, pero tras el debate parlamentario ha aceptado una enmienda transaccional de UPyD por el que estas medidas se hacían extensibles también a los grupos violentos de extrema izquierda.
1.300 GRUPOS EN EUROPA
Sixto ha denunciado que se trata de grupos organizados que en España han llevado a cabo de «medio centenar de asesinados» y «decenas de agresiones, hechos más o menos grandes de extrema derecha, homófobos, racistas». Además ha citado datos del Parlamento Europeo, según los cuales, existen 1.300 grupúsculos en todo el continente. Desde UPyD, Rosa Díez han defendido su enmienda alegando que «no se debe hacer diferencias entre este tipo de grupos radicales en función de si son de extrema derecha o de extrema izquierda ya que en el fondo se tratan de grupos y actitudes totalitarias igualmente rechazables».
El diputado de CiU Feliu Guillaumes ha citado las realidades de otros países como Alemania o Italia donde, según ha dicho, está prohibido a lucir parafernalia nazi o hacer el saludo fascista y ha lamentado que en España no haya mecanismos para impedir esto. El diputado del PSOE, Jesús Sicilia, ha defendido la «obligación de proteger la democracia» y ha añadido que «no se puede permitir que en manifestaciones se muestren banderas franquistas». «Apoyaremos la iniciativa que salga del acuerdo (entre UPyD e Izquierda Plural)».
ATAQUE A LA LIBRERIA BLANQUERNA
Izquierda Plural registró esta iniciativa tan sólo dos días después de que militantes de extrema derecha atacaran la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid con motivo de la celebración de la Diada. Precisamente los partidos de extrema derecha a las que pertenecen aquellos detenidos, la Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional, están preparando una lista conjunta para las europeas de 2014 bajo el epígrafe de La España en Marcha (LEM), con Nudo Patriota Español y el Movimiento Católico Español. En la proposición pactada se emplaza al Gobierno a investigar las conexiones nacionales e internacionales, su funcionamiento y organización, sus actuaciones, las redes de financiación, los objetivos y fines de las organizaciones y grupos de extrema derecha y de extrema izquierda que promueven la violencia fascista o totalitaria, el odio basado en motivos ideológicos, el racismo y xenofobia en el Estado español». QUE
SE LES PERSIGA PENALMENTE
Además, se solicita que adopte las acciones legales necesarias para la persecución penal en aquellos casos en los que de su organización u actividad pudiera derivarse responsabilidad conforme establece la legislación española. En consecuencia, el grupo que preside Cayo Lara aboga por que, a la vista de estas investigaciones, se inicien los trámites para la declaración de ilegalidad de los partidos políticos de extrema derecha y «su consecuente disolución». En su iniciativa, Izquierda Plural recuerda que en los últimos meses en la Comunidad de Madrid se han incrementado «de forma alarmante los ataques, amenazas y agresiones fascistas que han tenido como respuesta la pasividad de la Delegación del Gobierno». «Entre otros, varias sedes de IU han sido atacadas o han amenazado a cargos públicos, afiliados o simpatizantes», apuntan.
