Los conservadores proponen mantener el requisito de un diagnóstico de disforia de género a través de una enmienda en la reforma de la ley que permite el cambio de los documentos oficiales. Alegan que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares». La reforma, ahora atascada en el Congreso, busca eliminar las condiciones médicas obligatorias y que solo se precise la declaración expresa de la persona
MARTA BORRAZ. ELDIARIO.ES.- Las personas trans llevan un año esperando a que la ley les avale para poder modificar su nombre y sexo legalmente sin atravesar los requisitos médicos que actualmente se exigen. El Congreso tramita la reforma que lo permitiría, que también extiende el derecho a los menores de edad y a las personas extranjeras con residencia en nuestro país, ante la que el Partido Popular ha presentado una enmienda que apuesta por mantener uno de estos condicionantes. Los conservadores pretenden que estas personas sean obligadas a declararse enfermas para ver su identidad reconocida en los documentos oficiales como el DNI.
La eliminación de los requisitos médicos está contenida en una proposición de ley presentada por el PSOE cuando se encontraba en la oposición y cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno el 11 de noviembre del año pasado con el voto en contra del PP. La reforma pretende introducir una modificación en la ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La norma, considerada en su momento pionera a nivel internacional, contempla dos condicionantes médicos para autorizar el cambio: la obligación de presentar el informe diagnóstico de disforia de género y que la persona haya sido tratada médicamente un mínimo de dos años «para acomodar sus características físicas a las correspondientes del sexo reclamado», es decir, exige un mínimo periodo de hormonación.
La reforma de esta ley se encuentra estancada desde el pasado mes de marzo en la Comisión de Justicia, presidida por los socialistas, porque hay una sobrecarga de leyes, lo que provoca «la imposibilidad material» de convocar más ponencias, explican fuentes de la misma. El periodo de enmiendas, sin embargo, ya se ha cerrado, por lo que el siguiente paso debe ser la convocatoria de las sesiones para que sean debatidas.
En una de ellas, el PP, que no ha respondido a las preguntas de este medio, propone mantener el requisito médico de que la persona sea diagnosticada de disforia de género mediante un informe médico o psicológico para que sea autorizado su cambio de sexo y nombre legal, tal y como recoge ahora la ley. El partido justifica su decisión en una «mejora técnica» porque «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».
Por su parte, la reforma, con la que se mostraron de acuerdo el resto de grupos parlamentarios en la toma en consideración, tiene por objetivo que la solicitud solo precise «de la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado/a» a través de una declaración que acredite su voluntad.
Una expresión de la diversidad
«Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser», explica Leo Mulió, psicólogo del equipo psicosocial Transdiversa y activista trans. «Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente a la del resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis –personas que no son trans–».
En este sentido se han expresado en distintas ocasiones algunos organismos internacionales que apremian a los países a avanzar en el camino de la despatologización, es decir, en dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad para pasar a concebirla una expresión más de la diversidad. Así, el Consejo de Europa adoptó en abril de 2015 una resolución que insta a los Estados a «garantizar que las personas transexuales, incluidas las menores, no sean consideradas como enfermas mentales». Amnistía Internacional también ha solicitado que «el reconocimiento de la identidad de género no debe hacerse depender de diagnósticos psiquiátricos», tal y como apunta en su informe El Estado decide quién soy. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha dejado de considerar la transexualidad un trastorno mental, como venía haciéndolo desde 1990, aunque pasa a llamarla «incongruencia de género».
En el Congreso también se encuentran otras dos leyes que, en diferente punto de la tramitación, incorporan esta reforma de la ley de 2007. Se trata de una ley integral trans que Unidos Podemos se ha comprometido a que sea llevada a pleno antes de agosto del año que viene y una ley integral LGTBI sobre la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), autora de la norma, ha denunciado el retraso en su tramitación.
A esta ley, el PP también ha presentado varias enmiendas que, en esencia, forman parte de la enmienda a la totalidad que diseñó y que rechazó el Congreso el pasado mes de febrero por tratarse de «una ley vacía de contenido», según denunció la oposición. Precisamente, una de las propuestas de los populares es la eliminación de la disposición de la Ley LGTBI que propone acabar con los requisitos médicos para que las personas trans accedan al cambio de nombre y sexo.
El derecho de los menores
La reforma de la ley de 2007 que está estancada en la Comisión de Justicia también extiende el derecho a los menores y personas extranjeras con permiso de residencia, actualmente excluidas de la norma. Una «urgencia», califican desde la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, que debe combatir la «discriminación institucional» que supone actualmente «el obligar a una persona a tener un nombre que le daña y va contra su dignidad», explica su presidenta, Natalia Aventín. Algo que, para ella, «es una vulneración de derechos fundamentales».
Por eso, exige que los menores de edad puedan acceder fácilmente al cambio de nombre y sexo legal y no dependan, como ocurre actualmente, de la arbitrariedad y la interpretación más o menos restrictiva de los jueces. Es lo que le ocurrió a Gabriel, un adolescente trans al que el Registro Civil de Calatayud le negó inscribirse con el nombre que lleva años utilizando y presentó casi 150.000 firmas ante el Ministerio de Justicia, que por entonces ya había anunciado su intención de aprobar una instrucción para solventar este tipo de problemas.
A finales de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la orden del departamento dirigido por Dolores Delgado con el objetivo de que los Registros Civiles faciliten el cambio de nombre –no así el sexo–. Desde Chrysallis aseguran que se trata de «un parche» pero «que resuelve un primer paso necesario y suaviza una situación muy negativa».
Sobre la enmienda del PP que enmarca el reconocimiento de la identidad de las personas trans en un «juego de voluntades», Aventín considera que el cambio de nombre y sexo se trata de «una cuestión particular que no ocasiona perjucio a terceras personas ni debe ser de adjudicación externa». «Nadie más que tú puede saber quién eres porque todavía podemos pensarnos y sentimos como queramos», zanja.
