El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, detalla una batería de 7 medidas que llevará al Parlamento vasco para reformar el sistema de ayudas sociales
SERGIO EGUÍA. EL CORREO.- El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha hecho público este martes el paquete de medidas que defenderá el PP en las instituciones vascas para reformar el sistema de ayudas sociales basado en la Renta de Garantía de Ingresos, RGI, cuya validez viene cuestionando de forma constante desde antes del verano. El regidor, en su primera comparecencia pública tras la intervención quirúrgica a la que fue intervenido a mediados de septiembre, ha desgranado las siete medidas que propondrán. Entre ellas, pretenden aumentar a 10 años el plazo de empadronamiento mínimo para tener acceso a las ayudas y que éstas sean retiradas de forma inmediata en cuanto el sujeto haya sido condenado por algún delito, especialmente por aquellos vinculados a la vida, libertad sexual, patrimonio y tráfico de drogas.
El alcalde ha detallado el conjunto de medidas tras constatar que la RGI debe ser reformada para poner coto a los «abusos» que el PP ha venido constatando en su utilización. Él mismo, ha indicado, llevará la plancha de medidas al Parlamento vasco, donde deberá convencer a otros grupos políticos para sacarlas total o parcialmente adelante. En algunos casos, como los 10 años de empadronamiento requerido, ha admitido que la cifra puede ser «negociable».
Como primera medida, el alcalde ha indicado que los ciudadanos en situación irregular no deben tener acceso a la RGI. «Las personas fuera del sistema no puede acceder al sistema. Las personas en situación irregular no pueden seguir teniendo acceso a la RGI», ha dicho. «Hay ilegales que no han trabajado nunca y cobran más que pensionistas que no han hecho más que deslomarse», dice el alcalde. «El sistema no funciona», zanja Maroto. «Yo no planteo la expulsión de ilegales porque no me corresponde, pero sí digo que no pueden estar de manera vitalicia en la RGI».
La segunda medida se refiere al empadronamiento. El PP pretende incrementarlo hasta los 10 años, aunque no todos ellos deban ser consecutivos. Supone multiplicar el mínimo exigido en la actualidad, que es de tres años desde que se cambió con Patxi López en el Gobierno.
La tercera medida requiere que para cobrar la RGI se haya tenido que cotizar con anterioridad a la Seguridad Social, de manera que haya sido obligatoria tener un trabajo antes de cobrar las ayudas sociales. En este punto, ha detallado algunas excepciones, como en el caso de enfermos crónicos o dependientes o pensiones no contributivas.
La cuarta se refiere a la eliminación de la RGI a aquellas personas que hayan delinquido. «Si hay condena se debe quitar la ayuda», ha dicho. «Especialmente en delito contra la vida, la libertad sexual, la violencia de género, el patrimonio y tráfico de drogas», ha agregado Maroto.
La quinta pide modificar el límite de patrimonio para tener acceso a las ayudas. En la actualidad, según Maroto, la posesión de bienes de escaso valor, como una huerta, impide a muchas personas acceder a la RGI. «Una persona que tiene una huerta en el pueblo es rechazado por tener un patrominio más allá de su vivienda», ha indicado. «Otro ejemplo: un autónomo que pide un crédito pero que tiene que cerrar. Ese préstamo computa como ingreso atípico y queda fuera de de las ayudas. Eso es discriminatorio porque en la practica. No se aplica un criterio igual a todos», ha dicho.
La sexta reclama prohibir las remesas de dinero al extranjero, para paliar la fuga de capitales directamente procedentes de las ayudas sociales.
Por último, en el punto siete, los perceptores en edad de trabajar deben realizar trabajos en favor de la comunidad, ha indicado el alcalde. «Esto ya lo recoge la normativa», dice el alcalde, «pero no se aplica»
