El presidente del PP de Vizcaya, Anton Damborenea, ha destacado que los inmigrantes «son menos del 5% de la población» en la Comunidad Autónoma Vasca «y cobran más del 30% de las ayudas sociales». En este sentido, ha realizado un llamamiento a denunciar «y cortar» los casos de fraude que existan. La ofensiva xenófoba la inició el Alcalde de Vitoria,q uien recientemente, señaló que «argelinos y marroquíes viven del cuento».
DIARIO PROGRESISTA.- En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, Damborenea ha afirmado que «las generalizaciones siempre son injustas porque siempre hay excepciones», en alusión a la polémica surgida en torno a las declaraciones realizadas por el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien ha señalado que es «escandaloso» que argelinos y marroquíes «no quieran trabajar» para «vivir» de las ayudas sociales.
El representante del PP de Vizcaya y parlamentario vasco ha indicado que en la capital alavesa no es la primera vez que ocurren situaciones de éstas, y ha recordado que, cuando Alfonso Alonso era alcalde, se dio la circunstancia de que «en un piso había empadronadas 300 personas que cobraban ayudas sociales», ninguna de las cuales vivía en Vitoria, «sino que eran de otras comunidades autónomas».
«Nosotros hace muchos años, con el boom económico, planteamos al Gobierno vasco que tenía que haber también una inspección ahí, porque hoy las ayudas sociales, la Renta de Garantía, es la segunda partida más importante del presupuesto del Gobierno vasco. La primera es el pago de la deuda, con más de 800 millones, y la segunda la Renta de Garantía, con 500 millones de euros», ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que se trata de «mucho dinero» que se paga «entre todos» los vascos. «Y es evidente que tiene que ser para quien de verdad lo necesita y no para tramposos. Hemos visto a ese talibán que estaba cobrando durante un año, y luego su amigo, y aquí no pasa nada. Estas cosas no pueden ser, y tampoco es correcto el discurso del Gobierno vasco de que no hay una discriminación positiva con los inmigrantes», ha señalado.
Antón Damborenea ha subrayado que hay «un dato cierto» y es que éstos «son menos del 5 por ciento de la población y, desde luego, cobran más de un 30 por ciento de las ayudas sociales». «A lo mejor es que hay algunos que han venido y no han trabajado nunca, y están cobrando la Renta de Garantías desde el principio. Esas cosas son las que hay que mirar y las que, al final, a la gente le preocupan porque, luego, no llega para todos», ha manifestado.
A su juicio, lo mismo ocurre cuando se habla de ayudas de emergencia social. «Para el mes de mayo se acaba el dinero y es responsabilidad del Gobierno que, quien lo necesita de verdad, reciba ese dinero y, si hay fraude, lo que hay que hacer es denunciarlo y cortarlo», ha concluido.
