PILAR ÁLVAREZ. EL PAÍS.- Las malas noticias se producen a menudo: inmigrantes varados en la frontera, jóvenes españoles captados para combatir con la yihad, otros españoles que creen que los extranjeros les roban las plazas de guardería o las becas. Evitar realidades y prejuicios de este tipo requiere de una labor previa y minuciosa por parte de las Administraciones. Pero hay dos organismos dedicados a analizar la situación— el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe)— que están en peligro. Elaboran informes y análisis que en algunos casos suman años de atasco. El OPI pasó un año sin nadie a su frente hasta el pasado octubre y el Oberaxe lleva ya tres meses sin una cabeza visible.
“Se está desmantelando todo lo que se había hecho”, critica Miguel Pajares, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid que elaboró, hasta 2010, el informe anual del OPI sobre inmigración y mercado de trabajo. Tras su salida voluntaria, se presentó el de 2011 y ya no hubo más. “No son solo datos. Nos jugamos que España avance hacia una sociedad disgregada en la que puedan producirse altercados como los de los suburbios de París”, alerta, rememorando las revueltas que protagonizaron en 2005 los jóvenes marginados de los barrios más pobres de la capital francesa.
Un portavoz del Ministerio de Empleo, del que dependen ambos organismos, atribuye la ausencia de responsables a su frente durante varios meses al proceso “habitual” de los nombramientos administrativos y asegura que la producción de investigaciones y análisis todavía es amplia.
Los boletines mensuales sobre racismo y xenofobia dejaron de editarse en 2011. Los datos trimestrales que reflejaban la evolución de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia se publican ahora cada seis meses. El último informe que se ha hecho público es el de junio de 2014. El de diciembre saldrá “en breve”, afirma el citado ministerio.
“La inmigración ha desaparecido de la agenda política”, critica José Antonio Moreno, de CC OO. “El PP intenta invisibilizarla. Lo bueno es que no la usan como chivo expiatorio y lo malo, que tampoco impulsan medidas de convivencia”, añade.
Al principio de esta legislatura, en 2012, el PP eliminó el fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes y el refuerzo educativo, que decaía de forma progresiva desde dos años antes. Pasó de 100 millones en 2010 a 66 millones el siguiente ejercicio y de ahí a cero. “Con estos recortes, mandan el mensaje de que la integración es una obligación de los extranjeros y no un proceso que involucra al que viene y al resto de la sociedad”, añade Ana Corral, de UGT.
“Es una cuestión ideológica. Por un lado, dejan fuera de la sanidad a los inmigrantes, por el otro arrestan a los del Estado Islámico. El esfuerzo de integración va más allá de Interior. Se han cargado la visión transversal de este asunto”, deplora la diputada socialista Esperanza Esteve. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, se muestra crítico con lo que hay, pero también con lo anterior: “Los observatorios no han tenido la trascendencia que deberían ni con el PSOE ni con el del PP. Hay que plantearse las raíces del problema y ninguno de estos organismos está preparado para eso”.
