I. R., adscrito a la Brigada de Información de la Policía Judicial de Barcelona, se enfrenta a una petición de dos años prisión por los delitos de agresión con la agravante de delito odio por motivos ideológicos
JOAN CANTARERO. PÚBLICO.- El policía nacional I. R. –adscrito a la Brigada de Información de la Policía Judicial de Barcelona–, que agredió brutalmente al fotoperiodista Jordi Borràs en julio del pasado año, se enfrenta a una petición de dos años prisión por los delitos de agresión con la agravante de delito odio por motivos ideológicos, a los que se ha sumado tanto la acusación particular como la popular representada por el Ayuntamiento de Barcelona.
Los hechos sucedieron sobre las 20 horas del 17 de julio del pasado año 2018, cuando el fotoperiodista iba caminando por el centro de Barcelona tras cubrir un acto informativo de la Crida Nacional per la Repùblica en el Ateneu de Barcelona para el periódico El Món. Pocos minutos después escuchó gritos a su espalda de “Viva España” y “Viva Franco” y al girarse empezó a recibir golpes sin parar, utilizando técnicas propias de luchadores de artes marciales mixtas. La agresión se prolongó durante unos cuantos minutos y nada pudieron hacer para que el agresor parara de golpear a dos manos al fotoperiodista que estaba de espaldas en el suelo, según los testigos que declararon ante el instructor. A consecuencia de la brutal paliza, Borràs quedó tendido en la calle, ensangrentado y con el tabique nasal roto.
El agresor huyó del lugar y siendo perseguido por varias personas mientras otras alertaban a los Mossos d’Esquadra. Varios jóvenes lograron retener al atacante de Borràs tras varios minutos corriendo, quien en ese instante se identificaría como agente de la Policía Nacional mostrando su placa. No obstante, ante la duda acerca de su identificación, los perseguidores le conminaron a que no siguiera huyendo y que si era policía no tendría ningún problema en esperar la llegada de los Mossos. Pero el policía se zafó y logró escapar.
Cuando sucedieron los hechos el agente estaba fuera de servicio y había estado comiendo y tomando copas con otro policía, según declaró. Por esa razón no llevaba su arma reglamentaria, aunque sí llevaba una navaja que perdió en la huida.
Amenazas ultras
Desde el minuto uno Jordi Borràs estaba convencido de que se trataba de una agresión de algún elemento de la ultraderecha. Lo dejaba claro en la nota de prensa difundida entonces donde sus abogadas sitúan la agresión en el contexto de la labor periodística que “viene desarrollando Jordi Borràs desde hace años ligada a la investigación de grupos de ultraderecha y a su labor a favor de la no discriminación y la democracia».
En este sentido, en su defensa, el policía quiso convertir su agresión en una supuesta pelea, situando a la víctima en el papel de “provocador”, quien al verle habría proferido “insultos contra España” y “contra la policía” y que esa situación había desembocado en una agresión mutua. Lo cierto es que el policía iba de paisano, se trataba de alguien absolutamente desconocido, y en cambio Jordi Borràs es un profesional de los medios de comunicación y singularmente significado en el periodismo de investigación y denuncia antifascista, con habitual presencia en cadenas de televisión. De hecho, la agresión fue apertura de muchos programas informativos de todo el estado español.
Y a esto hay que añadirle la circunstancia de que el viernes 13 de julio, apenas 4 días antes de la agresión del policía, el Juzgado de lo Penal 26 de Barcelona condenaba a la pena de un año de prisión al dirigente de Democracia Nacional Pedro Chaparro, por incitar a los asistentes a atacar a Jordi Borràs durante el mitin fascista del 12 de octubre de 2015, Día de la Hispanidad, en Montjuic, mientras el fotoperiodista cubría informativamente el acto.
Posteriormente, según la sentencia, Borràs fue «objeto de una campaña contra su persona en diferentes perfiles de Twitter y mediante pintadas amenazadoras en los lugares que frecuentaba, firmadas por Democracia Nacional y Democracia Nacional Joven”.
Es más, el caso de la condena de Pedro Chaparro tuvo especial notoriedad informativa nacional los días previos a la agresión del policía nacional, habida cuenta que sobre el dirigente nazi ya pesaba otra condena. Esta de más de tres años de prisión impuesta en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en enero de 2017 por el asalto y agresiones de catorce ultraderechistas a la Librería Blanquerna de Madrid en 2013, durante un acto oficial de la Generalitat de Catalunya con motivo de la Diada. Hechos por los que, sea dicho de paso, nadie está en prisión seis años después a pesar de las sentencias firmes del Tribunal Supremo.
La militancia en Vox
El policía nacional I. R., adscrito a la Brigada de Información especializado en terrorismo yihadista, afirmó durante su interrogatorio ante el juez de instrucción el 29 de octubre de 2018 dos cuestiones claves: la primera, que “no conocía de nada al Sr Borrás”. La segunda, que “no sigue la situación política de hoy en día aquí en Catalunya”.
Según ha podido saber Público, I. R. sí estaba al corriente de la actividad política de Catalunya y en las redes sociales había dejado rastro en cuentas de Twitter ya borradas, pero capturadas, donde queda su impronta ideológica dirigida al entonces profesor universitario Gerardo Pisarello.
Algunos posts publicados ya definen el perfil ideológico del policía, cuando incluso le llega escribir al jurista un “Viva la Triple A”, sabiendo que Pisarello –actualmente diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso por Unidas Podemos y militante de Barcelona en Comú– era hijo del abogado argentino Ángel Pisarello, un destacado militante de la Unión Cívica Radical asesinado por Videla.
Pero lo cierto es que el policía I. R. no es ajeno a la política convencional, ya que desde el 17 de marzo de 2016 es militante de Vox en Barcelona. Según consta en sus datos de afiliación, el agente tiene el carnet número 26.259 del partido.
Esto es, el policía destinado en la lucha contra el terrorismo yihadista milita en esta organización de extrema derecha desde dos años antes de la agresión, y consta su inscripción en el partido exactamente doce días después de que Santiago Abascal fuera reelegido presidente en la Asamblea Extraordinaria de Vox con el apoyo del 98% de la militancia, donde se daba un claro giro hacia los postulados de la ultraderecha europea en su partido, y apartando de la organización a muchos militantes liberal conservadores desencantados por la corrupción del PP que habían creído en el papel regenerador de Vox.
La dirección general de la Policía tiene abierto un expediente informativo al agente, aunque le mantiene en activo desde entonces, sin suspensión cautelar de ningún tipo. Además, es importante el detalle de que su defensa en esta causa corre de su cuenta para lo que ha contratado a un abogado privado, y no de la Administración del Estado, al considerarse que los hechos en los que I. R. está implicado no sucedieron en acto de servicio. La sentencia de este caso determinará el futuro profesional del funcionario de policía, según el expediente abierto.
