La Plataforma por la Escuela Pública y CCOO pondrán en marcha campañas contra esta iniciativa que «vulnera el derecho a la educación»
LA OPINIÓN DE MURCIA.- El pin o veto parental puede llegar de nuevo a los tribunales, en esta ocasión por «incitación a un delito de odio», si así lo consideran los servicios jurídicos de Comisiones Obreras. Este anuncio fue realizado ayer en Murcia por el secretario general estatal de Comisiones Obreras, Francisco García, quien estuvo en la Región para apoyar la iniciativas que este sindicato ha tomado desde que la Consejería puso en marcha las instrucciones en septiembre y para denunciar «su rigurosa ilegalidad».
García compareció ante los medios acompañado de la responsable de la Mujer, Política Social y LGTBI, Belén de la Rosa; del secretario de acción sindical en la Región, Jorge Castillo, y del secretario general de Enseñanza, Nacho Tornel.
CC OO de la Región ya ha puesto un recurso ante el tribunal Contencioso-Administrativo tras el rechazo por parte de la Consejería de Educación del recurso de alzada en el que solicitaban la retirada del pin parental.
El sindicato, en el marco de la Plataforma por la Escuela Pública, está preparando otras iniciativas, como una campaña para que «toda la sociedad» sepa que el pin «vulnera el derecho a la educación, a la infancia y a un montón de leyes y tratados internacionales» y que supone «un atropello», apuntó García.
Los sindicalistas no entienden que partidos como el PP o Cs «apoyen iniciativas fuera del ordenamiento jurídico y del sistema democrático», más propias de partidos antisistema como Vox.
Nacho Tornel dio un paso más y los calificó que «auténticos forajidos que, en lugar de estar fuera de la ley, están contra la ley».
Belén de la Rosa puso el acento en que «en ningún momento» de toda esta polémica había oído a nadie poner sobre la mesa «ningún argumento con base educativa o pedagógica» que sustentaran la solicitud de permiso.
Ataque a los docentes
Los sindicalistas también rechazaron lo que para ellos es «un ataque a la profesionalidad de los docentes y a la escuela pública», pues se cuestiona la libertad de cátedra y les crea una inseguridad jurídica. Además, subrayaron que «hace imposible el funcionamiento de los centros».
CC OO ha preparado material en el que orienta a los docentes sobre qué hacer si se enfrentan a alguna denuncia. El resultado puede llevar que los docentes decidan «autocensurarse».
Tornel apuntó que el pin no era necesario porque no ha habido nunca ningún problema entre padres, docentes y Consejería en torno a estas actividades y charlas. «Es un conflicto inventado».
El representante sindical de Educación en la Región de Murcia dijo estar seguro de no era más que «una cortina de humo» con la que tapar los verdaderos problemas de la educación en la Región de Murcia.
En estudio
El consejero de Hacienda y Presidencia, Javier Celdrán anunció ayer que está estudiando jurídicamente «con mayor profundidad» el requerimiento del Ministerio de Educación que insta a retirar el pin parental, y afirmó que tomará «medidas» para «reconducir» esta medida si se agota el trámite previsto en la ley y, llegado el recurso de inconstitucionalidad, se determina que no es legal.
Pero aseguró que no se retractará por la aplicación de «un 155».
