EFE. LA VANGUARDIA.- El Parlamento italiano empezó hoy a tramitar un proyecto de ley para penar los casos de violencia y discriminación por razones de orientación sexual o género; proyecto que ha suscitado el rechazo de la oposición de derechas y de los obispos.
La Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados aceptó este martes el texto presentado hace dos semanas por el diputado Alessandro Zan, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) y sobre el que las distintas formaciones ahora podrán proponer enmiendas.
El proyecto recibió el favor de las fuerzas en el Gobierno, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y el PD, entre otras, y la negativa de las ultraderechistas Liga y Hermanos de Italia.
El texto pretende modificar una ley de 1993 con la que se castiga la comisión e incitación de violencia y discriminación por motivos raciales, étnicos, religiosos o de nacionalidad, incluyendo «la orientación sexual e identidad de género».
La pena por estos delitos van desde los seis meses a los cuatro años de cárcel en los supuestos más graves, como la violencia por las mencionadas razones.
El diputado Zan, activista LGBT y recientemente víctima de amenazas homófobas, expresó su optimismo sobre la aprobación de esta ley, a pesar de que proyectos similares naufragaron en hasta cinco ocasiones en el Parlamento en las últimas dos décadas.
En un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma lamentó que Italia todavía no se haya dotado de una ley contra la homotransfobia y la misoginia, lo que consideró una excepción entre los países occidentales.
Los partidos de la ultraderecha, la Liga y Hermanos de Italia, en la oposición, han criticado duramente este proyecto de ley porque, a su juicio, atentaría contra la libertad de expresión, una opinión compartida por la Conferencia Episcopal del país.
Los obispos publicaron un artículo titulado «No hace falta una nueva ley sobre la homofobia» en el que sostienen que no hay vacío normativo que desproteja a esas personas y que el texto amenaza con «golpear el derecho a una legítima opinión».
Zan negó esa posibilidad y se preguntó por qué incluir la discriminación por razones de sexo o género perjudicaría la libertad de expresión, si no ha ocurrido desde que en 1993 se castigaran los otros supuestos de hecho como los motivos raciales o religiosos.
«Una cosa es libertad de expresión y otra instigar al odio», zanjó.
Se espera que el pleno de la Cámara de los Diputados empiece a estudiar el proyecto de ley a partir del 27 de julio, para después pasar al Senado, previsiblemente después del parón de agosto.
