LUIS JAVIER SÁNCHEZ. LA VANGUARDIA.- El Parlamento Europeo analiza las limitaciones de algunos derechos fundamentales en la situación excepcional provocada por el COVID-19.
Algunas de estas medidas, como las restricciones a la circulación, son muy eficaces para frenar el brote y, con ello, defender el derecho a la salud y la vida de los más vulnerables.
Los acuerdos internacionales permiten la limitación proporcionada de los derechos con garantías rigurosas y muy controladas para evitar el abuso.
En su intento de contener la pandemia de COVID-19, muchos países del mundo han impuesto limitaciones sobre la libertad de movimiento y otras libertades relacionadas dentro de sus territorios, lo que limita severamente derechos fundamentales.
Además, hasta ahora ningún otro enfoque ha sido tan efectivo en ralentizando el brote, al tiempo que defiende el derecho de los más vulnerables a la salud y la vida.
Sin embargo, según el informe del Parlamento Europeo algunos gobiernos podrían estar abusando de la situación para vulnerar los derechos humanos y ejercer un poder indebido.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, el instrumento universal que cubre a individuos y libertades civiles y derechos socioeconómicos, en su artículo 29 establece limitaciones proporcionales en tiempos de emergencia por “moralidad, orden público y bienestar general en una sociedad democrática”.
Todavía, aunque de naturaleza universal, esta declaración no es legalmente vinculante.
El Pacto Internacional de Civil y Derechos Políticos (PIDCP), que es legalmente vinculante para los 173 estados que lo han ratificado (China no está entre ellos), permite en su artículo 4 que un estado parte derogue unilateralmente temporalmente una parte de sus obligaciones, pero solo sujeto a varias salvaguardas.
Las medidas tomadas deben ser limitadas en la medida estrictamente requerida por las circunstancias, la situación debe equivaler a una “emergencia pública que amenaza la vida de la nación y debe declararse un estado de emergencia”.
Sobre las limitaciones de derechos. No pueden tener un efecto discriminatorio en ningún grupo en particular.
El artículo 12 del PIDCP permite a los Estados partes restringir la libertad de movimiento para la protección de la salud pública.
El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha subrayado la necesidad de que todas las medidas para luchar contra COVID-19 sean “proporcionadas, necesarias y no discriminatorias”.
En las circunstancias actuales, los derechos socioeconómicos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la salud, pero también aquellos relacionados con el empleo, la alimentación, la educación bajo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adquieren un nuevo significado.
El PIDESC es vinculante para el 170 Estados partes que lo han ratificado, Estados Unidos no está entre esos.
1. El derecho al “más alto nivel posible de salud física y mental”
Se requiere a los gobiernos que tomen medidas para la “prevención, tratamiento y control de epidemias, endémicas, ocupacionales y otras enfermedades” y “la creación de condiciones que aseguren a todos los servicios médicos y atención médica en el evento de la enfermedad”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha destacado la necesidad de que los gobiernos “mitiguen el impacto [de la pandemia] en los derechos económicos y sociales de las personas”.
2. Restricciones a las prohibiciones de movimiento y viajes en todo el mundo
La mayoría de los países con un alto número de casos de COVID-19 han impuesto restricciones de movimiento de gran alcance. Corea del Sur y Japón se han abstenido hasta ahora de hacerlo.
La organización inicialmente se opuso a tales medidas, considerándolas ineficaces a largo plazo y disruptiva, económica y socialmente.
En cambio, abogó por identificar casos, rastrear contactos y aislarlos.
Si han sido necesarias restricciones drásticas a la circulación, particularmente las impuestas por China, y proporcionadas para combatir la enfermedad, sigue siendo motivo de controversia entre los especialistas médicos.
3. Limitaciones a la libertad de expresión
La desinformación puede socavar seriamente los esfuerzos de las autoridades públicas, especialmente en tiempos de emergencia y erosionar la confianza pública en ellos.
Para contrarrestar este riesgo, el gobierno de Sudáfrica, entre otros, ha impuesto multas o sanciones penales por difundir noticias falsas de COVID-19.
No obstante, criminalizar la información sobre la pandemia puede ser perjudicial para los esfuerzos para combatirla, por ejemplo, al sofocar la libertad de expresión.
Es precisamente la supresión de la libertad de expresión lo que generalmente se considera como la razón de la extensión del brote inicial en China.
El flujo libre de información es vital para contener la pandemia y es una importante ventaja de las sociedades libres frente a la crisis.
El brote de COVID-19 empeora la situación donde la libertad de expresión ya estaba bajo presión, como en China, Rusia y ciertos países del Medio Oriente.
4. Riesgo de erosión de la democracia en el mundo
Numerosos gobiernos han declarado un estado de emergencia que les permite tomar medidas radicales y rápidas.
Esto está en línea con el requisito del PIDCP de que los gobiernos deben declarar el estado de emergencia y derogar públicamente ciertas obligaciones de derechos humanos bajo el Pacto.
Las medidas adoptadas en un estado de emergencia son legítimas si es necesario para alcanzar el objetivo perseguido, pero también deben ser proporcionales y temporales.
Sin embargo, existe el riesgo de que se mantengan en su lugar incluso cuando ya no sean necesarias, al igual que algunas de las medidas adoptadas por Estados Unidos después del 11 de septiembre.
Gobiernos cuya democracia ya era dudosa cuando ocurrió la crisis de COVID-19, pueden utilizar la situación para tomar más poder, como es el caso de Filipinas.
Además, las restricciones para contener la pandemia han ido severamente limitado el derecho de reunión y protesta pacífica.
Por el contrario, la pandemia también ha traído alivio a algunos: para detener la propagación de la enfermedad en las cárceles, Irán ha liberado temporalmente a 75.000 presos y ha perdonado a otros 10.000, entre ellos presos políticos.
Una vez más, hay una batalla global de narrativas encabezadas por China, que elogia su propio enfoque autoritario de la crisis, al tiempo que califica a las democracias como desorganizadas e ineficientes.
5. Aumento de la xenofobia
Ataques verbales y hostigamiento de personas percibidas como originarias de países con contagio generalizado ha sido un desarrollo preocupante relacionado con la pandemia.
Inicialmente los asiáticos, que viven en diferentes partes del mundo, fueron el objetivo, pero recientemente han sido europeos, los acusados de haber llevado el virus a algunos países africanos y asiáticos.
6. Limitaciones del derecho a la privacidad
Combatir COVID-19 requiere descubrir todo lo relacionado con su naturaleza, cómo se propaga, a quién infecta y a quien enferma gravemente. Esto implica obtener datos personales y sujetos a protección bajo las normas internacionales de derechos humanos.
Por ejemplo, Corea del Sur fue pionera en un sistema de seguimiento de ubicación de las personas infectadas, lo que permite crear un mapa público que muestra la concentración de casos. Muchos otros gobiernos, incluidos Singapur e Israel, han comenzado utilizando herramientas de vigilancia digital para verificar si se respetan las cuarentenas y los bloqueos.
7. El estado de los derechos sociales y económicos requiere una respuesta urgente
En este estudio del Parlamento Europeo se indica que el estricto encierro impuesto por muchos gobiernos está causando una recesión económica que podría afectar desproporcionadamente a las personas más vulnerables de las sociedades.
Particularmente en países de bajos ingresos donde el empleo informal está muy extendido (como India), el confinamiento pone a las personas vulnerables en riesgo.
La pérdida masiva de empleos también requiere una respuesta adecuada de gobiernos de todo el mundo, así como la coordinación internacional y la solidaridad para enfrentar la crisis.
En muchos países, incluidos los ricos, como Estados Unidos, no existe un acceso adecuado a la atención médica.
La UE está particularmente preocupada por las poblaciones en países con un sistema de salud frágil o aquellos afectados por crisis humanitarias. Por eso ha proporcionado 276 millones de euros para apoyar los esfuerzos internacionales para combatir el brote de coronavirus.
8. COVID-19 en zonas de crisis humanitarias
Además, hay preocupación sobre la propagación del virus en las zonas de guerra como el caso de Siria, Gaza o Yemen, donde la población es particularmente vulnerable y los sistemas de salud bajo una tensión extrema.
Frente a la pandemia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido un alto el fuego global en toda zona de guerra.
Los campamentos atestados de refugiados y desplazados internos podrían proporcionar un entorno muy favorable para la propagación del virus, particularmente en áreas donde ha habido desplazamientos masivos recientemente, como en el noroeste de Siria y Burkina Faso.
El cierre de fronteras limita significativamente las posibilidades de que las personas desplazadas soliciten asilo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha instado no cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo o suspender el tratamiento de las solicitudes de asilo.
La Convención de Ginebra sobre los refugiados marca la obligación de los países de no devolver a los refugiados y solicitantes de asilo en riesgo de persecución, no permite ninguna derogación.
Sin embargo, la Convención no confiere ninguna obligación a países para mantener sus fronteras abiertas para solicitantes de asilo en situaciones de emergencia.
