Efe Feminista.- El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la adhesión de la Unión Europea (UE) al Convenio de Estambul, un instrumento jurídico internacional a partir del cual el club comunitario tendrá normas vinculantes específicas para prevenir y combatir la violencia de género.
Esto se produce ocho años después de que la Comisión Europea propusiera la adhesión de la UE como bloque al Convenio y tras sucesivos llamamientos de la Eurocámara que, sin embargo, chocaban con una barrera: la oposición de seis Estados miembros que no han ratificado a título individual este tratado.
Hasta ahora, 21 países del club comunitario se han adherido al Convenio de Estambul, pero Bulgaria, República Checa, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia, no lo han hecho. Además, en julio de 2020, Polonia anunció su intención de abandonarlo, aunque todavía no ha dado el paso.
Tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determinó, ya en octubre de 2022, que el Convenio puede adoptarse sin necesidad de unanimidad en el Consejo –y, por tanto, pese al rechazo de los países no adheridos–, la presidencia sueca de la UE lo ha convertido en una de sus prioridades.
Hoy, por amplia mayoría –y solo con el rechazo de miembros de la ultraderecha–, los eurodiputados han dado luz verde a la adhesión comunitaria al tratado, lo que implica que ciertas secciones, incluidas las relativas a la protección de los refugiados y la cooperación judicial en asuntos penales, se aplicarán automáticamente a todos los Estados miembros.
La adhesión de la UE al Convenio de Estambul
Una vez que el Consejo ratifique definitivamente el Convenio, los países de la UE que todavía no se han adherido tendrán la obligación de modificar su cuerpo jurídico para adaptarlo a este tratado “independientemente de la voluntad de los gobiernos”, ha explicado a EFE la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.
“Va a cambiar la vida de muchas mujeres en la UE, sobre todo de aquellas que viven en Estados que no tienen legislación sobre la materia, que son muchos”, ha dicho Rodríguez Palop.
La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha subrayado a EFE que la adhesión del bloque comunitario a este tratado “era una necesidad”, pues manda un “mensaje político clarísimo” que la UE vaya a adherirse al único instrumento a nivel internacional que lucha contra la violencia de género.
La adhesión del bloque comunitario al Convenio de Estambul no solo implica tipificar como delito diferentes formas de violencia contra la mujer, sino también la prevención y atención a las víctimas de violencia de estos delitos, y la cooperación judicial y policial entre Estados miembros.
También incluye una serie de medidas y obligaciones para sensibilizar y recopilar datos, lo que a juicio de Rodríguez Palop (Podemos), dará un “diagnóstico más fidedigno” de la violencia de género a nivel comunitario.
La adhesión de la UE reforzará el marco jurídico de la Unión, ha explicado la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, en el debate parlamentario, donde ha abogado por combatir la violencia de género sobre “una base común” para garantizar que todas las mujeres en Europa reciben “los mismos derechos, apoyo y protección”.
En este sentido, la eurodiputada del PPE y ponente del informe, Arba Kokalari, ha considerado que con esta “decisión histórica” la UE envía un “claro mensaje político de que tiene tolerancia cero con la violencia contra las mujeres” en un contexto en el que los derechos de las mujeres “están restringidos” en todo el mundo y la opresión y la violencia han aumentado, ha dicho.
Un paso más en la lucha contra la violencia de género
Ahora, la Eurocámara trabaja en la directiva propuesta por Bruselas para tipificar como delito la violación sobre la base de la falta de consentimiento, la mutilación genital femenina y la ciberviolencia.
Dalli ha asegurado que esta directiva persigue los mismos objetivos que el Convenio de Estambul en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal.
Sin embargo, Soraya Rodríguez (Ciudadanos) ha considerado que la directiva va a ser “muy débil” porque no hay base jurídica que permita tipificar diversos delitos contra las mujeres y niñas.
No obstante, las eurodiputadas españolas prevén que la directiva podrá aprobarse a final de año en el Consejo, bajo la presidencia española de la UE.
