El Ministerio de Igualdad apuesta por la «institucionalización del pacto» para convertir sus ejes y compromisos en una «política pública estable». El acuerdo, firmado en septiembre de 2017, lleva más de un año con tan solo el 25% de sus medidas implantadas y el 56% en tramitación. Miguel Lorente, exdelegado contra la violencia machista, subraya la necesidad de «un liderazgo y una estrategia» que vaya más allá de aprobar medidas
SABELA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. INFOLIBRE.- La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia este lunes en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. EFE
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género batalla por despertar de su letargo. El primer paso está andado: este lunes, la Comisión de Seguimiento del acuerdo se ha reunido por primera vez en ocho meses. En la sesión, la ministra Irene Montero ha trazado algunos anuncios: su intención de descongestionar el cumplimiento de medidas y de institucionalizar el pacto para convertir sus ejes en una política pública estable.
No es una tarea menor. Las materias pendientes no son pocas, empezando por la propia comisión de seguimiento. El organismo se constituyó en abril de 2018 y se reunió por última vez el 28 de febrero de 2019. Entonces, tras cuatro reuniones, el organismo quedó diluido. Hasta septiembre del pasado año. En aquel momento la comisión volvió a constituirse, esta vez con la socialista Beatriz Micaela Carrillo al frente. Desde septiembre y hasta ahora, la herramienta pensada para vigilar el cumplimiento del pacto no se había convocado ni una sola vez.
El balance muestra que tan sólo un 25,9% de las medidas del pacto han sido implementadas hasta hoy, mientras que un 56,6% se encuentran en proceso. Son un total de 75 cumplidas, 164 en tramitación y 51 pendientes. Las cifras son exactas al último balance público, datado hace más de un año. El acuerdo estatal se ratificó por una vigencia de cinco años, un plazo que remata en 2022.
Fuentes del Ministerio de Igualdad recalcan a preguntas de infoLibre que «en los escasos meses al frente de la gestión», el departamento de Irene Montero ha puesto «sobre la mesa medidas relevantes como la ley de libertad sexual» o un futuro real decreto para modificar «las cuantías a distribuir, los criterios y los procedimientos de distribución» de fondos a las entidades locales, lo cual podría «dar cumplimiento a un buen porcentaje» de las medidas de en torno a un «10% o 20% más». Por tanto, estiman, «no estamos hablando de un estancamiento por parte de este Gobierno», que de hecho prevé «darle un impulso muy potente».
En añadido, durante el estado de alarma se han tejido medidas específicas en materia de violencia machista que, si bien no estaban previstas, sí «cumplen con los principios fundamentales del pacto». Se refieren al plan de contingencia ampliado para dar atención a las víctimas de trata y a la nueva licitación del contrato de las trabajadoras del 016, que permitirá «ampliar su capacidad para atender a otras violencias».
Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas, mira con preocupación la congestión del acuerdo, pero concede cierta indulgencia. «Ha sido un año muy especial, en primer lugar por los procesos electorales del año pasado y en segundo lugar por la pandemia ahora», dice al otro lado del teléfono. A su juicio, ha sido por tanto «un tiempo complejo, que no justifica la situación pero sí puede explicar por qué no se han adoptado todas las medidas». En todo caso, agrega, las necesidades ahora son «muy amplias», pero las víctimas de violencia de género padecen importantes secuelas: ellas «suman las dos desgracias», aquellas propias de la violencia machista y las derivadas de la emergencia sanitaria.
Para Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, la paralización del pacto «es preocupante y no es normal». Es, matiza, «frecuente, habitual, pero no debería ser normal«. Encaja, no obstante, en un argumento manido con el que las instituciones se han familiarizado: que la igualdad puede esperar. «Siempre hay una razón para que la lucha contra la violencia espere», lamenta.
En la raíz del problema sitúa el exdelegado la ausencia de «proactividad en las mayorías dirigidas a promocionar la igualdad y combatir la desigualdad y sus consecuencias». Esa necesidad de entender que «lo que se haga tiene que conllevar un seguimiento». Al final, exclama, la tendencia habitual ha sido que la evolución «va un poco a trompicones, a empujones porque la sociedad lo exige y lo demanda». El clamor social que apremia y que está bien presente desde la génesis del pacto. El acuerdo estatal «también fue una reivindicación social, se alcanza porque no quedaba más remedio». Que se haya detenido ese impulso, remarca Lorente, tiene una lectura absolutamente nefasta: la única esfera que «paga con la vida el precio del retraso» es la lucha contra la violencia de género. «El tiempo no pasa en días, pasa en vidas».
Institucionalización del pacto
Montero subrayó durante su intervención que si bien el pacto se rubricó en septiembre de 2017, «su impulso efectivo se alcanzó en verano de 2018». El actual Gobierno, insistió, «se hace heredero del anterior, quien empezó a impulsar las medidas», y se compromete a «redoblar el compromiso por su puesta en marcha». La ministra introdujo y defendió a capa y espada una idea: la institucionalización del pacto. La tesis, expuso, tiene que ver con que más allá de su vigencia temporal, los ejes que lo componen se conviertan en una política pública estable, con personal especializado y formado en los tres niveles administrativos, dotada de financiación estable, desarrollada a partir de cauces firmes y evaluada a través de un sistema de monitoreo.
Fuentes del Ministerio de Igualdad explican que la institucionalización está pensada para «empezar a trabajar desde ya», no una vez finalizada la vigencia del pacto. Un primer paso, detallan, tendrá que ver con el desarrollo de «medidas informáticas para poder realizar una evaluación, seguimiento y monitoreo» a nivel interno y blindando la coordinación interministerial. Ambas aplicaciones cubrirán el envío y remisión de las fichas de seguimiento de cada medida, establecerán una base de datos con la información recogida y realizarán un seguimiento de los indicadores asociados a las acciones que se pongan en marcha.
La palabra institucionalización, entiende Lorente, «puede significar muchas cosas, pero sí parece asumir como propio lo que se ha consensuado como diagnóstico contra la violencia de género». Podría, por tanto, guiar los pasos hacia un cambio real en las políticas contra la violencia. Hace falta, a su juicio, «un liderazgo y una estrategia, no basta con aprobar muchas cosas». Y la forma «asumible de hacerlo es avanzando, coordinando y liderando el proceso».
Para Gonzalo, conviene no perder de vista que las medidas contempladas en el pacto «son de muy diferente índole: algunas se cumplen de una sola vez y otras requieren políticas permanentes». Además, esgrime, la realidad «siempre es cambiante y las medidas hay que adaptarlas«. De ahí la importancia de asumir la lucha contra la violencia como un compromiso con vocación de permanencia. «Las políticas contra la violencia de género están ya implementadas», repara, si bien es cierto que «con el paso del tiempo hemos visto dónde hay que mejorar».
Medidas pendientes
Irene Montero recalcó las medidas más importantes que se han puesto en marcha desde verano de 2018 y hasta abril de 2019. Recordó el real decreto de medidas urgentes del pacto, desarrollado en agosto de 2018, por el que se cumplían asuntos como la devolución de competencias de igualdad a los ayuntamientos –medida 69–, la acreditación de la condición de víctima más allá de la denuncia –medida 70– o la eliminación del consentimiento expreso del progenitor maltratador para que un menor reciba intervención psicológica –medida 207–. También puso en valor la puesta en marcha de medidas relativas a la formación y especialización de los profesionales de justicia –medidas 122, 223 y 224–.
En marzo de 2019 también se dio cumplimiento a las medidas 201 y 202 del pacto, relativas a la pensión de orfandad destinada a los hijos menores de las víctimas, así como los puntos 90 y 92, sobre la igualdad de trato de las mujeres en el empleo. La última acción que cita es la 87, por la que se regulan las Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado, una herramienta que se impulsa en abril del año pasado mediante real decreto.
En su informe anual de 2019, publicado el pasado miércoles, el Defensor del Pueblo dedica parte de su análisis a diversas medidas del pacto de urgente puesta en marcha. «Se debe seguir trabajando e identificando las carencias y disfunciones del sistema de atención en el que la legislación se traduce y la ralentización en el desarrollo de las medidas de mejora incluidas en el Pacto de Estado de 2017», subraya. Y pone de manifiesto la necesidad de avanzar en ámbitos como la recuperación de la víctima, la eficaz protección de los menores o la lucha contra la violencia y el acoso sexual.
El Defensor del Pueblo insta además a desarrollar «con urgencia las medidas 143 a 150 del Pacto de Estado», especialmente en lo que respecta a la dotación de unidades de valoración forense a los juzgados de violencia, así como de los medios humanos y materiales necesarios para que «tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías». En enero de 2020 la administración «se comprometió a estudiar la situación actual y evolución de estas unidades, con el objetivo de identificar disfunciones y carencias, detectar potenciales áreas de mejora y formular propuestas de actuación». El informe, por otro lado, llama a la creación de un sistema estatal que permita la «investigación de los fallos en la protección de las víctimas y supervisar la actuación de la Administración de Justicia en casos de violencia de género», una herramienta contemplada en la medida 146 del pacto.
Altamira Gonzalo llama al cumplimiento de «todas y cada una de las medidas», pero pone el acento sobre aquellas que «afectan a las visitas con hijos e hijas en casos de violencia de género«. La jurista entiende que, a partir de ahora, es probable que se comience a plantear «bastante litigiosidad», de manera que urge tomar medidas. El punto 204 apela a «establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia».
Irene Montero recordó, durante su intervención este lunes, que el real decreto de medidas urgentes tramitado en agosto de 2018 vino acompañado de «cien enmiendas» que el ministerio se compromete a «retomar en los próximos meses». Entre otras, destaca la necesidad de «prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género», así como el desarrollo de estadísticas sobre todas las formas de violencia, el acceso preferente a viviendas protegidas para las personas que cuenten con la tutela de los huérfanos o el seguimiento y acompañamiento individualizado de las víctimas.
Lorente, por su parte, presta especial atención a la detección a través de la salud. «Ahí están las mujeres que sufren violencia», clama. Actualmente, reprocha, «no tenemos la estructura, la formación ni el conocimiento para dar respuesta» y por tanto «estamos perdiendo oportunidades para actuar». La medida 60 del pacto llama a «mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios», a través de una «mayor formación especializada de los profesionales». Aunque el proceso de denuncia formal es importante, el exdelegado sugiere desviar la mirada hacia el paso previo: «No es que no se denuncie, es que quizá haya que hacer algo antes de la denuncia».
