ANTONIO MAESTRE. LA MAREA.- La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Congreso con los votos a favor del PP, PNV y CIU permitirá a las empresas de seguridad privada realizar actividades hasta ahora reservadas para las fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, la nueva ley permitirá patrullar, detener e identificar a supuestos delincuentes en calles, de zonas comerciales, polígonos industriales y urbanizaciones. Además de participar en labores de vigilancia perimetrales en recintos carcelarios y centros de internamiento de extranjeros. Así reza uno de los artículos de la ley.
En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.
Uno de los grandes beneficiados por la ley de seguridad privada que el PP ha aprobado con el apoyo de CiU y PNV es la extrema derecha valenciana, sobre todo el partido ultra España 2000. Levantina de Seguridad es una empresa de seguridad privada de la que Jose Luis Roberto, presidente del partido de extrema derecha España 2000, es copropietario desde hace muchos años. El vínculo entre esta empresa de seguridad -que ahora podrá patrullar, identificar y detener- con el partido ultra y con la asociación ANELA de clubs de alterne es íntima. Jose Luis Roberto, es un histórico de la extrema derecha en España, detenido durante la transición por poner dos bombas en un acto independentista. Vinculado en su momento pero nunca condenado por financiar y apoyar a Acción Radical y Frente Antisistema, grupos violentos de extrema derecha.
La Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios, acoge a todos los miembros de la seguridad privada de la comunidad valenciana. Uno de los miembros de la APVSS, de la que también es miembro Jose Luis Roberto, es Jose Antonio Ocio Albiñana, Secretario General de España 2000, asociado a la patronal valenciana de seguridad privada como miembro de la empresa de seguridad Roberto Ramón.
Levantina de Seguridad cuenta entre sus vigilantes con multitud de miembros que forman o han formado parte del partido ultra España 2000. Según consta en la página web de la empresa Levantina de Seguridad, José Cercos, es el director de inspectores de la empresa. Además Cercos es miembro del Consejo Nacional de España 2000. Pero no es el único. Ramon Barnes y David Tejedor, que fueran candidatos al Senado por Valencia en el año 2011 son vigilantes de seguridad de la empresa Levantina, condecorados por la administración.
Otros miembros de España 2000 trabajando en la empresa Levantina de seguridad son Ricardo Bartolomé Martínez, que se presentó en 2004 en las elecciones al Congreso en un pueblo de Tarragona. Rafael Gimenez Gimenez, suplente de España 2000 en las elecciones a las Cortes Valencianas en 2003. Todos ellos recibieron por parte de la dirección general de la policía una mención honorífica por sobresalir en el cumplimiento de sus funciones. Que no es otra cosa que la detención de un inviduo en un polígono en el año 2012 para Ricardo Bartolomé y la detención por robo en otro polígono en el mismo año para Rafael Gimenez. En aquel momento se pudieron realizar estas detenciones al ser efectuadas en flagrante delito según el artículo 490 de la Ley de enjuiciamiento criminal. Salvador Cayrols se presentó a las elecciones en Paterna como número 3 de España 2000, es también vigilante de seguridad de Levantina, y campeón de España de Grappling,un tipo de lucha, en la categoría de más de 110 kilos. La lucha y las artes marciales son otra de los negocios en los que la empresa de Jose Luis Roberto está implicado con el gimnasio Gym Levantina, donde muchos de sus vigilantes son entrenados.
Un antiguo trabajador de Levantina de Seguridad, Alejandro Serrador Ferrer, llegó a ser concejal de España 2000 en la población valenciana de Silla. Serrador ha sido condenado en varias ocasiones, además de estar implicado en la Operación Panzer por la que se pide a todos los implicados un total de 42 años de prisión.
Las prácticas de unas empresas de seguridad como son Levantina Seguridad y Grupo Roberto Ramón quedan en evidencia en las notas de prensa que Levantina cuelga en su web. Esto decían sobre la detención de dos “indigentes”.
Los hechos se produjeron en una gran superficie comercial próxima a Valencia, cuya seguridad corre a cargo de la empresa Grupo Roberto Ramón. Los individuos se adentraron en el centro en hora punta para intimidar a los clientes amenazándoles para obtener dinero. Los servicios de vigilancia fueron alertados por el personal del centro.
Una vez localizados los individuos intentaron escapar de la presión de los vigilantes para finalmente ser reducidos y retenidos hasta la llegada de la policía nacional. Aunque los vigilantes tuvieron que utilizar la fuerza para reducir a los detenidos, no hubo que lamentar daños físicos.
