MIGUEL MORA. EL PAÍS.- A seis meses vista, la campaña electoral de las municipales y las europeas de la primavera de 2014 ha comenzado en Francia y los gitanos se han convertido ya en el asunto principal y en el chivo expiatorio del fracaso de las políticas sociales de la República.
El ministro del Interior, Manuel Valls, ha defendido este martes que los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros que han proliferado en Francia –donde se calcula que habitan entre 5.000 y 20.000 gitanos europeos- deben ser desmantelados, y ha asegurado que sus ocupantes serán expulsados a sus países. “Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria», ha dicho Valls, que ha añadido, sin un atisbo de ironía, que las autoridades de esos dos países deben hacer más «esfuerzos para su integración».
En una entrevista concedida a la emisora de radio France Inter, Valls asoció a la minoría gitana con “la mendicidad y la delincuencia», y afirmó que la “única solución son los desmantelamientos de campamentos y las expulsiones”. El ministro justificó así lo ocurrido hace una semana en Lille (norte), donde la policía destruyó, a petición de la alcaldesa socialista, Martine Aubry, un asentamiento que alojaba a un millar de personas, la mayor parte mujeres y niños, a quienes no se ofreció una vivienda alternativa.
«Las soluciones pasan en particular por las expulsiones», insistió el político socialista nacido en Barcelona, que al ser preguntado sobre el fracaso de la integración de esos gitanos en Francia respondió con una generalización: «Estas poblaciones tienen modos de vida que son extremadamente diferentes de los nuestros».
En cuanto a las negociaciones sobre la entrada de Rumania y Bulgaria en el espacio Schengen, lo que favorecería la circulación sin controles de la comunidad gitana en otros países, Valls hizo hincapié en que «todavía no está decidido», y precisó que lo que se discute es la aplicación de los acuerdos de libre circulación únicamente en los aeropuertos, pero no en las fronteras terrestres.
Polémicas en Toulouse y en París
La controversia sobre los gitanos ha alcanzado cotas surrealistas en Toulouse, donde el juez Hervé Barrié, presidente del Tribunal Correccional, ha suscitado el asombro de los sindicatos de magistrados y las asociaciones por los derechos humanos. Barrié acusó a los gitanos de querer saquear Francia durante un juicio rápido a cuatro jóvenes acusados de robo. “¿Piensan ustedes que les vamos a dejar saquear Francia así?”, les preguntó el juez. Los detenidos estaban acusados de haber robado 53 kilos de cobre. Aunque la fiscalía solicitó entre seis y ocho meses de prisión, el juez Barrié les condenó a un año de cárcel y 41.000 euros de multa.
En un comunicado conjunto, la Liga por los Derechos Humanos, el Sindicato de la Magistratura y el de los Abogados de Francia han afirmado que las palabras del juez son “intolerables, pues estigmatizan a una categoría de la población, y establecen prejuicios infundados y odiosos entre los detenidos y su origen étnico”.
Las asociaciones denuncian que ese “discurso deletéreo, cada vez más dominante, señala chivos expiatorios y atiza la xenofobia despreciando la cohesión social”.
La controversia ha llegado también a la precampaña de las municipales en París, enfrentando a las dos favoritas a suceder al alcalde socialista Bertrand Delanoë. La candidata de la conservadora UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, rompió el fuego el día 18 al afirmar en la televisión I-Télé: “¿Ustedes creen que acosamos demasiado a los gitanos? Porque yo tengo la impresión de que son los gitanos quienes acosan demasiado a los parisinos”.
Junto a ella, la alcaldesa del distrito 7, Rachida Dati, afirmó: “Hay un verdadero acoso de los niños en las puertas de los colegios. Vayan a verlo. Yo asumo completamente que hay que expulsarlos (a los gitanos)”.
El lunes, la candidata socialista, Anne Hidalgo, replicó a las dirigentes populares afirmando que mantienen una actitud “irresponsable” y que usan “palabras indignas”. París, dijo Hidalgo, “tiene valores y no estigmatiza a un pueblo en su conjunto”. En todo caso, la candidata socialista añadió que apoya “la política de Manuel Valls, que consiste en desmantelar los campamentos”.
