Varios de los expulsados han sufrido torturas al regresar al país africano
LUCÍA ABELLÁN. EL PAÍS.- El Gobierno belga se tambalea por un oscuro episodio de política migratoria. El ministro de Migración, Theo Francken, vive cada vez más acorralado por haber permitido la deportación de una decena de sudaneses que sufrieron torturas al retornar al país africano. Paradójicamente, Francken, representante del ala dura del partido nacionalista flamenco N-VA, propiciaba estas expulsiones casi al tiempo que ofrecía asilo político a Carles Puigdemont. Aunque finalmente no optó por esa vía, el expresidente huyó a Bélgica apenas un día después de que el responsable de Migración en el Ejecutivo belga lanzase ese órdago al Gobierno español.
Ambos gestos —tanto la sugerencia en público de que Puigdemont podría recibir el estatus de refugiado como la defensa de un acuerdo con la dictadura de Sudán para poder repatriar a migrantes llegados a Bélgica— han puesto en graves aprietos al Gobierno de ese país. El Ejecutivo federal opera mediante un delicado equilibrio entre cuatro fuerzas políticas, con la N-VA como hegemónica, aunque el primer ministro, Charles Michel, es un liberal francófono. La enorme dureza exhibida por Francken, uno de los valores más prominentes del nacionalismo flamenco, hacia los demandantes de asilo contrasta con la complacencia mostrada hacia Puigdemont.
La máxima autoridad en política migratoria —es secretario de Estado con rango de ministro— mostró dudas sobre la posibilidad de que el exmandatario catalán tuviera un juicio justo en España, pero no dudó en fomentar las repatriaciones a Sudán, cuyo presidente, Omar al Bashir, está acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Francken recibió en septiembre a una delegación política de Jartum para que sus miembros identificaran a sus compatriotas sudaneses y aceptasen las expulsiones ordenadas por Bélgica. Tras esos tratos, varias organizaciones, entre ellas el Instituto Tahrir, documentaron malos tratos de los expulsados. Estas misiones constituyen una práctica común de los países europeos para fomentar los retornos de migrantes sin derecho a asilo, en un contexto que prima las expulsiones frente a la acogida. Pero cualquier decisión de deportar debe cumplir principios básicos. El extranjero tendrá derecho a pedir protección y el Estado que retorna se asegurará de que el expulsado no corre riesgo de sufrir trato degradante.
Bélgica incumple
Bélgica, según los tribunales, ha incumplido este último criterio. Un auto del Tribunal de Apelación de Bruselas acaba de constatar que la detención en centro cerrado de uno de los sudaneses amenazados de expulsión “no es conforme a las exigencias legales”, en concreto por “las informaciones sobre la situación particularmente alarmante de Sudán”, señala el texto, fechado el 4 de enero y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Luc Denys, abogado experto en esta materia, añade: «El Estado belga no ha respetado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura o el trato inhumano o degradante».
Las autoridades han frenado, de momento, cualquier deportación de sudaneses hasta que concluya la investigación abierta para depurar responsabilidades. Pero la tormenta política arrecia. Frente a las crecientes voces que piden la dimisión de Francken por una política implacable cuyo último ejemplo es el episodio sudanés, el líder del partido, Bart de Wever, ha lanzado un ultimátum: “Si la mayoría pide la dimisión de Francken, la N-VA se retira del Gobierno”. Entretanto, otro de los socios de Gobierno, la CD&V (conservadores flamencos), ha acusado al primer ministro de haberse convertido en “la marioneta de la N-VA” por permitir esa política migratoria.
Consciente del riesgo de disolución del Gobierno que impondría la salida del partido más votado en Bélgica, Charles Michel trata de parar el golpe. El dirigente liberal ha asegurado este lunes no sentirse “intimidado por el chantaje, las amenazas y las provocaciones” y ha matizado que la investigación abierta para esclarecer las deportaciones de sudaneses no cuestiona directamente a Francken. Pese a todo, las actuaciones de este dirigente nacionalista vuelven a sembrar la discordia en el Gobierno belga tras las tensiones generadas en los últimos meses por la posición del partido en general —y de Francken en particular— respecto al conflicto catalán.
BRUSELAS FOMENTA LAS MISIONES DE RETORNO
Bélgica no es el único país que invita a las autoridades de los territorios de donde proceden los migrantes a cooperar en las devoluciones. Francia ha acogido también misiones de Sudán para incentivar la salida de ciudadanos originarios de ese Estado africano. Con una tasa de retornos que no llega al 40% de los extranjeros con orden de expulsión, la Unión Europea está decidida a intensificar esta política para centrarse en atender e integrar a los refugiados a costa de cerrar el paso a los llamados migrantes económicos. Las fronteras entre ambos colectivos son, pese a todo, más que difusas.
Para agilizar esos trabajos, la agencia de protección de fronteras, Frontex, ha incorporado este cometido a su lista de funciones. A principios de 2017, la Comisión Europea informó de que los expertos de Frontex “deberán organizar misiones de identificación desde terceros países clave, con las autoridades participantes [dispuestas] a expedir documentos de viaje durante las misiones o inmediatamente después”. Uno de los grandes retos de los retornos consiste en que el país de origen o de tránsito del migrante acepte la devolución desde el Estado europeo al que ha llegado. Las misiones pretenden allanar ese camino, con acuerdos poco transparentes.
Aunque Frontex preste apoyo, la responsabilidad de estas operaciones recae en los Estados miembros, responsables últimos de la política migratoria. Cualquier devolución debe realizarse tras haber ofrecido al extranjero la posibilidad de pedir asilo y una vez comprobado que el retorno a su Estado de origen no comporta un riesgo para su integridad. No siempre se cumplen estas dos condiciones.
