PÚBLICOYPATRICIA MACÍAS Y JOSÉ BAUTISTA (FUNDACIÓN PORCAUSA).- Las autoridades no brindaron protección internacional al joven de nacionalidad marroquí que llegó a España huyendo de la guerra de Ucrania. El departamento que lidera Escrivá intervino para evitar que se conocieran los hechos.
El estallido de la guerra sorprendió al joven protagonista de esta historia mientras estudiaba en Ucrania. Trató de aguantar casi un año, hasta que decidió huir para ponerse a salvo. Puso rumbo a España porque creyó que aquí las autoridades le brindarían protección internacional con la misma rapidez y eficacia con la que se la conceden a los refugiados ucranianos, pero no fue así.
El peso de la incertidumbre agravó su desesperación hasta que no pudo más y decidió quitarse la vida el pasado 9 de enero en el CREADE (Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania) de Pozuelo de Alarcón (Madrid), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El equipo del ministro José Luis Escrivá ocultó lo sucedido y, según fuentes internas, impuso la ley del silencio a Accem, organización responsable de la gestión de este centro de refugiados.
Migraciones oculta la identidad del protagonista de esta historia e impide que se pueda obtener información de lo que ha ocurrido. El protagonista de esta historia no tiene nombre. El ministerio de Escrivá reconoce los hechos pero se niega a facilitar siquiera las iniciales del joven y pide trasladar las cuestiones clave al Ministerio del Interior. El departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska argumenta no poder hacer nada si Migraciones no le facilita detalles, como el nombre del joven fallecido. En la misma línea, la Embajada de Marruecos también señala que no puede facilitar información sobre lo sucedido sin saber el nombre del chico.
El joven, de origen marroquí y 21 años de edad, esperaba en el CREADE de Pozuelo la resolución para obtener permiso temporal de residencia y trabajo en España, solicitud que había presentado diez días antes, el 31 de diciembre. Este tipo de permisos de residencia y trabajo temporales –de un año, prorrogable a tres– para nacionales ucranianios se tramitan y aprueban automáticamente en tan solo 24 horas, a diferencia de las peticiones de asilo, cuyos tiempos de espera a menudo superan los seis meses. Esta medida extraordinaria tiene su origen en una decisión del Consejo Europeo y fue aprobada en Consejo de Ministros, permitiendo a la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior conceder protección internacional de forma urgente a las personas nacidas en Ucrania que huyen de la guerra. Esta medida, sin embargo, no aplica de la misma manera a personas de otra nacionalidad aunque sean residentes en Ucrania y también huyan de la guerra.
El joven llegó solo a España a principios de diciembre y estuvo en situación de calle hasta su ingreso en el CREADE de Pozuelo de Alarcón el día 30 de ese mismo mes. Para acceder al centro presentó la documentación que demostraba su residencia en Ucrania, según fuentes de Migraciones. Estos centros están habilitados por el ministerio de Escrivá para la recepción de los miles de refugiados y refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania. Desde entonces, los cuatro CREADE que hay en España han atendido a un total de 135.000 personas, según los datos presentados por Escrivá el pasado miércoles en rueda de prensa en el centro de Pozuelo de Alarcón, en el que residía el joven refugiado. «La respuesta que hemos dado ha sido ejemplar», subrayó el ministro.
Los CREADE están gestionados por organizaciones no gubernamentales. En el caso de Pozuelo, Accem es la entidad responsable de sugestión. Accem no ha querido hacer declaraciones sobre lo sucedido con el joven que residía en las instalaciones que gestionan en exclusiva, aludiendo que «por indicación del Ministerio, la comunicación de los asuntos relacionados con el CREADE se gestiona exclusivamente desde este organismo gubernamental».
Un año de guerra en Ucrania
En torno a un 3% de las personas que huyen de Ucrania son originarias de un tercer país, según datos del Ministerio de Migraciones. En el CREADE de Pozuelo de Alarcón, con capacidad para 400 personas, actualmente hay 14 con una nacionalidad diferente a la ucraniana. El joven refugiado que acabó con su vida en enero esperaba en ese centro con nerviosismo la resolución de su solicitud, mientras a su alrededor otras personas en la misma situación recibían los permisos automáticamente en 24 horas. A la pregunta de porCausa sobre si el Gobierno sopesa extender la protección de emergencia a otras personas de nacionalidad no ucraniana que huyen de la guerra en ese país, Escrivá responde que «la norma ya contempla esa opción». De manera más directa, el equipo del ministro señala que esa opción no está actualmente sobre la mesa.
El 4 de enero, el joven sufrió una crisis de ansiedad grave y el equipo de atención psicológica de Accem aconsejó su ingreso en un hospital, pero el joven se negó. Al día siguiente accedió e ingresó en las urgencias del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde recibió atención psiquiátrica. El día 6, volvía al CREADE con un tratamiento médico para el cuadro de ansiedad que presentaba. Al no mejorar, el equipo de este centro volvió a trasladarlo al hospital, donde le prescribieron un aumento de la medicación pero no vieron necesario su ingreso, según explican fuentes del Ministerio de Migraciones.
El 9 de enero por la mañana el joven recibió la noticia de que el Ministerio del Interior todavía no había resuelto concederle protección internacional. El abogado del centro que le acompañaba aconsejó presentar una serie de alegaciones para reforzar su solicitud, las preparan y las presentan en ese mismo momento. Horas más tarde, su compañero de habitación, un chico de origen subsahariano, lo encontró sin vida en el baño que compartían. Tanto el equipo de profesionales que acompañó al joven fallecido durante su estancia en el centro, como el compañero de cuarto, están devastados, según fuentes de Accem que piden anonimato por miedo a represalias. El cuerpo del joven fallecido fue repatriado a Marruecos el 19 de enero y su familia reclamó sus efectos personales. Accem declina responder a las preguntas formuladas por este medio.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha garantizado que «todo el Gobierno está unido» en el objetivo de buscar la paz para Ucrania.
Albares, sobre el envío de tropas a Ucrania: «Está absolutamente descartado»
El 24 de febrero se cumplió el primer aniversario de la invasión rusa que dio comienzo a la guerra en Ucrania. Hasta la fecha, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional han tramitado y concedido protección a un total de 168.131 refugiados y refugiadas procedentes de ese país. Estas cifras y la agilidad con la que el Gobierno español puso en marcha los mecanismos necesarios para la acogida de las personas que huían de la guerra en Ucrania ponen de manifiesto que cuando existe voluntad política los procesos de acogida pueden llegar a ser realmente eficientes. Desde el estallido de la guerra, Amnistía Internacional y numerosas organizaciones del ámbito migratorio han criticado el «doble rasero» del gobierno de España que discrimina a quienes piden protección en función de su origen, dejando de lado a quienes escapan de guerras como la de Siria, Mali o Sudán, y desatendiendo a personas que huyen del conflicto en Ucrania pero no poseen pasaporte de ese país.
Las solicitudes de protección temporal de personas originarias de terceros países procedentes de Ucrania no son aprobadas automáticamente como en el caso de nacionales ucranianos, sino que son dirimidas por la OAR habitualmente en un margen de entre tres y diez días. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que este tipo de suicidios «no son lo habitual» y que no contemplan mejoras en los protocolos para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. «No hay nada que reprocharle al ministerio», señalan fuentes del departamento que dirige Escrivá. A mediados de febrero, durante una ceremonia de entrega de premios de periodismo y derechos humanos, el ministro Escrivá decía en su discurso: «Estoy convencido de que el Estado tiene que estar mucho más presente y no subcontratar en lo que es la acogida e integración, trabajar con los refugiados (…) Es nuestra responsabilidad estar ahí».
