PAVEL RAMÍREZ. LA INFORMACIÓN.- En buena parte de los países occidentales esta semana se celebra el Orgullo Gay, que se ha convertido en todo un símbolo en defensa de los derechos y libertades de los homosexuales. En su lucha contra la intolerancia, hay países del mapa que llegan a blindar los derechos constitucionalmente, mientras que en otros no existe una posición clara al respecto o, directamente, establecenpenas de cárcel para quienes manifiesten una orientación sexual prohibida, llegando en algunos casos a aplicar la pena de muerte.
Por eso, desde 2012, Ilga (la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas) elabora un informe anual (excepto en 2018) en el que recoge la situación de los derechos y libertades de los homosexuales en todo el mundo en un extenso informe de más de 500 páginas en el que detalla cómo tratan los 197 países reconocidos por la ONU a las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual.
Los investigadores analizan la legislación propia de cada país para determinar el nivel de protección que se ofrece a los homosexuales y, en función de ello, establecen qué regiones son más tolerantes dentro de un mapa mundial. La buena noticia es que la mayoría de los países se encuentran en el espectro positivo, con al menos una protección limitada; por el contrario, aún existen 11 países que aplican la pena de muerte (cinco naciones mediante su tipificación y seis en los que se cree probable) para quienes muestren públicamente una orientación no heterosexual.
Eso sí, solo hay nueve países en los que los derechos de los homosexuales están blindados constitucionalmente… Y entre ellos no está España. Si bien el Artículo 14 de la Carta Magna establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», los derechos de los homosexuales no están explicitados en nuestro texto fundamental. En cambio, sí lo están en las constituciones de México, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Portugal, Nepal, Fiji, Malta y Kosovo(este último no está reconocido por la ONU).
En este sentido, España se encuentra un escalón por debajo. Aunque nuestra Constitución no protege expresamente los derechos de los homosexuales, los artículos 511 y 512 del Código Penal penalizan la denegación discriminatoria de servicios por motivos de orientación sexual. Además, el artículo 314 penaliza los actos de discriminación en el empleo.
También existe una regulación específica en el marco laboral que les garantiza la no discriminación por su orientación sexual. Tal y como recoge el informe de Ilga, el artículo 314 del Código Penal tipifica como delito la discriminación en el empleo en las esferas pública y privada. Los artículos 27 y 28 de la Ley 62 de 2003 se ocupan del principio deigualdad de trato y de prohibición de discriminación por motivo de orientación sexual (entre otros). El artículo 34 establece que esa protección se aplica al empleo.
Eso sí, el informe apunta que, aunque no existe una ley nacional contra la discriminación basada en la orientación sexual, más del 85% de la población española vive en comunidades autónomas y regiones que ofrecen una amplia protección contra dicha discriminación, entre ellas: Andalucía (2014/2018), Aragón (2018), Islas Baleares (2007), Cataluña (2014), Canarias (2014), Madrid (2016), Navarra (2017), Valencia (2018), Extremadura (2015), Galicia (2016), País Vasco (2012) y Murcia (2016).
Por otro lado, España es uno de los 30 países de todo el mundo que ya han legalizado el matrimonio homosexual, siendo el tercero que antes lo implantó (2005), solo por detrás de Países Bajos (2001) y Bélgica (2003). Aquel hito en la legislación española supuso además la posibilidad de que las familias homoparentales (formadas por dos personas del mismo sexo) tuviesen acceso a la adopción, algo que a día de hoy solo permiten 28 países en todo el mundo.
En el extremo opuesto, Pakistán, Yemen, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí, Afganistán, Sudán, Somalia, Nigeria y Mauritania son los países en los que se aplica pena de muerte a quienes practiquen relaciones con personas del mismo sexo.
