El Diario.es.- Uno de los casos recientes del odio que esparce la extrema derecha está a punto sellarse con un pacto. El líder neonazi catalán Alberto Bruguera y otros 13 ultraderechistas que atacaron y hostigaron en 2017 a una mezquita del distrito barcelonés de Nou Barris ultiman un acuerdo con la Fiscalía y el Ayuntamiento de Barcelona que les evite su entrada en prisión.
Ante la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este martes una vista preliminar en que Bruguera y otros 13 de los 15 acusados han expresado ante el tribunal su propósito firme de abonar una indemnización a la mezquita y reparar así el daño ocasionado a la comunidad musulmana de Nou Barris con su campaña de hostigamiento, según ha podido saber elDiario.es.
Solo uno de los 15 acusados no se ha presentado este martes. Los ultras tienen ahora diez días de plazo para abonar su parte de la indemnización, inicialmente fijada en 30.000 euros de forma solidaria, pero que se rebajará en parte y se individualizará para que cada acusado pague conforme su participación en la campaña de hostigamiento y acoso a la mezquita.
De todos los acusados, Bruguera, excoordinador del partido ultraderechista Democracia Nacional en Catalunya, es el que deberá afrontar una mayor indemnización ya que fue el que participó en más actos de acoso contra el centro religioso.
Si todo transcurre según lo previsto y los acusados abonan parte de sus indemnizaciones en diez días, el tribunal celebrará el próximo 2 de noviembre una vista que servirá para ratificar de forma definitiva el acuerdo.
Como suele ocurrir en las conformidades, los términos del acuerdo implican que los acusados reparen el daño (en este caso, pagar las indemnizaciones a la mezquita, además de participar en un curso de igualdad de trato y no discriminación) a cambio de evitar su entrada en prisión.
Una vez los acusados abonen el dinero en la cuenta del juzgado, el próximo día 2 de noviembre la Fiscalía confirmará que rebaja las penas inicialmente solicitadas (hasta diez años de cárcel en el caso de Bruguera) y se sellará una condena firme que evite la entrada en la cárcel de todos los acusados.
Cabe recordar que Bruguera está condenado en primera instancia (ha recurrido la sentencia) por la agresión que perpetró junto a otros dos ultraderechistas a tres independentistas en 2018 en Balsareny.
Además de Bruguera, en la causa están acusados otros conocidos neonazis catalanes, como Juan de Haro, responsable de las juventudes de Democracia Nacional y que fue juzgado y absuelto de acosar y amenazar a periodistas que cubrían una concentración de la extrema derecha en Barcelona durante el 12 de octubre.
Los hechos de Nou Barris se remontan al año 2017, cuando la comunidad musulmana se disponía a abrir una mezquita en el distrito tras conseguir todos los permisos. Grupos de extrema derecha como Democracia Nacional, Frente Nacional Joven, Generación Identidad, Frente Visigodo y Legión Catalana, aprovecharon las protestas vecinales contra el centro para convertirlas en “una interesada campaña de acoso y hostigamiento hacia el colectivo musulmán”, según describe la Fiscalía en su escrito de acusación
Los ultras organizaron caceroladas y realizaron pintadas y ataques a la mezquita para exaltar a los vecinos y aumentar las protestas y estereotipos contra la mezquita, además de amedrentar a la comunidad islámica del barrio para que no pudiera abrir el centro religioso y, según recalca la Fiscalía, “perturbar su legítimo ejercicio del derecho a la libertad religiosa”.
La estrategia de la extrema derecha se tradujo en protestas casi semanales de los ultras durante un año contra la mezquita y en ataques al centro como pegadas de adhesivos con los lemas “mezquita no”, “España cristiana no musulmana” así como lanzamientos de pintura roja y pintadas con las siglas “SS”, bloqueo de sus candados y la colocación en la entrada del centro de embutidos de cerdo. Los ataques solo cesaron después de que el juez, en 2018, dictara una orden de alejamiento de los ultras de la mezquita.
En paralelo a los ataques físicos, varios de los acusados emprendieron una campaña en redes sociales con contenidos para generar animadversión, prejuicios y estereotipos contra los musulmanes.
