El País.- Stewart Rhodes afronta una condena de un máximo de 60 años por la insurrección contra la victoria de Biden
Sedición. La calificación penal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 ha dado este martes un salto cualitativo. Un jurado ha declarado culpables en Washington a dos miembros del grupo de extrema derecha Oath Keepers (Guardianes del Juramento), una especie de milicia paramilitar ultra, de conspiración sediciosa por la movilización de simpatizantes de Donald Trump que no admitían la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Solo ese delito está penado con hasta 20 años de cárcel. Los sentenciados son Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo, y su lugarteniente Kelly Meggs, declarados culpables también por otros cargos. Las condenas concretas serán dictadas por el juez en una fecha por determinar, pero se convertirán previsiblemente en las más graves impuestas por el asalto a la sede del Congreso.
El jurado, integrado por 12 miembros, ha estado deliberando durante tres días desde que acabó un juicio que ha durado casi dos meses. La fiscalía acusó al líder de los Oath Keepers de estar dispuesto a tomar las armas para mantener a Trump como presidente en el juicio de mayor calado de todos los celebrados por aquel episodio, tanto por los cargos presentados como por la identidad de los juzgados.
Rhodes, de 57 años, hijo de un marine y que empezó su carrera como paracaidista, se licenció en Ciencias Políticas con un expediente brillante en la Universidad de Nevada y después estudió Derecho en la elitista Universidad de Yale. Fundó los Oath Keepers en 2009 y los organizó como una milicia de extrema derecha para defenderse de los supuestos abusos del Gobierno federal tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La presencia de sus miembros armados en actitud intimidatoria se hizo habitual en actos políticos y manifestaciones y su líder, que lleva un parche cubriendo el ojo de cristal que tiene desde que se disparó accidentalmente en la cara con su propia arma, se convirtió en la imagen de la milicia.
Contra el propio Rhodes había tres cargos de sedición: uno, por intentar evitar la transición pacífica de poder y mantener ilegalmente a Donald Trump en el poder; otro, por planear impedir la certificación de la victoria de Biden, y el tercero, por tratar de obstaculizar la toma de posesión de los miembros del Congreso el 6 de enero. Ha sido declarado culpable del primero y absuelto de los dos segundos.
Rhodes y Meggs, de 53 años, han sido declarados también culpables de obstrucción de un procedimiento oficial y de adulteración de documentos y procedimientos, dos delitos que también admiten penas máximas de hasta 20 años cada uno. Meggs, además, también será condenada por conspiración para obstruir un procedimiento oficial y conspiración para impedir que un funcionario cumpla con sus obligaciones, con lo que su pena máxima ascendería a 86 años, frente al tope de 60 años de Rhodes. Otros tres miembros de los Oath Keepers que se han sentado en el banquillo en este juicio han sido absueltos por sedición, pero declarados culpables de varios otros delitos, entre ellos el de obstrucción de un procedimiento oficial y el de alteración de documentos y procedimientos, con lo que también pueden ser sentenciados a penas muy severas, de un máximo de 40, 46 y 56 años.
Hasta ahora, la pena más grave había sido impuesta a Thomas Webster, un expolicía de Nueva York, fue filmado agrediendo con el mástil de metal de una bandera a un policía el día del asalto al Capitolio. Fue considerado culpable de varios delitos en mayo por un jurado popular y en septiembre recibió la sentencia: 10 años de cárcel.
En las anteriores sentencias, se habían condenado actuaciones aisladas del asalto al Capitolio del 6 de enero, mientras que el delito de sedición implica una actuación organizada. El cargo de conspiración sediciosa castiga que dos o más personas conspiren “para derrocar, derrocar o destruir por la fuerza al Gobierno de Estados Unidos, o hacerle la guerra, u oponerse por la fuerza a su autoridad, o impedir, obstaculizar o retrasar por la fuerza la ejecución de cualquier ley de Estados Unidos, o apoderarse, tomar o poseer por la fuerza cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de su autoridad”, según el artículo 2.384 del código penal estadounidense.
Pese a la mezcla de condenas y absoluciones, el fallo del jurado es un triunfo para el Departamento de Justicia, con su fiscal general, Merrick Garland, al frente. Garland ha celebrado el fallo en un comunicado: “El Departamento de Justicia está comprometido a hacer rendir cuentas a los responsables penales del asalto a nuestra democracia el 6 de enero de 2021. Los fiscales y agentes de este caso trabajaron incansablemente, con extraordinaria habilidad y en las mejores tradiciones del Departamento”, ha dicho. Por su parte, el director del FBI, Christopher Wray, ha añadido: “Como demuestra este caso, no se tolerará que se infrinja la ley en un intento de socavar el funcionamiento de la democracia estadounidense”.
Durante el juicio, el fiscal ha sostenido que el líder de los Oath Keepers y otros miembros de su milicia tenían armas de fuego en un hotel de Virginia el 6 de enero de 2021 y estaban dispuestos a usarlas. Los acusados negaron los cargos, pero la fiscalía mostró grabaciones en las que Rhodes lamentaba no haber llevado sus armas al asalto al Capitolio y decía que podría haber colgado de una farola a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, especialmente odiada por los ultraderechistas.
Según el relato del Departamento de Justicia, tras las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020, Rhodes, Meggs y muchos otros miembros de los Oath Keepers, comenzaron a conspirar para oponerse por la fuerza al traspaso legal del poder presidencial. Desde finales de diciembre de 2020, se pusieron de acuerdo a través de aplicaciones de comunicaciones encriptadas y privadas para viajar a Washington en torno al 6 de enero de 2021, la fecha de la certificación de la elección de Biden.
Se organizaron en equipos que estaban preparados y dispuestos a usar la fuerza y a transportar armas de fuego y municiones a Washington; reclutaron miembros y afiliados, organizaron entrenamientos para enseñar y aprender tácticas de combate paramilitares y llevaron al Capitolio equipo, armas y suministros paramilitares —incluyendo cuchillos, porras, uniformes de combate camuflados, chalecos tácticos con placas, cascos, protección para los ojos y equipo de radio—; irrumpieron e intentaron tomar el control del Capitolio el 6 de enero de 2021 en un esfuerzo por impedir, obstaculizar y retrasar la certificación de la votación del colegio electoral.
Rhodes entró en terrenos restringidos del Capitolio, pero no en el edificio, según la fiscalía. Se quedó fuera coordinando las actividades mientras muchos de los miembros de su grupo entraban en formación paramilitar. El Departamento de Justicia asegura que otros componentes de los Oath Keepers permanecieron apostados en las afueras de la ciudad organizados en equipos de reacción rápida preparados para transportar armas de fuego y de otro tipo a Washington para tratar de detener por la fuerza el traspaso legal del poder presidencial.
Hay otros cuatro miembros de los Oath Keepers también fueron imputados por conspiración sediciosa que se sentarán en el banquillo el mes próximo. La fiscalía también ha imputado cargos de sedición a Enrique Tarrio, líder de otro grupo ultraderechista, los Proud Boys.
Trump dio un mitin cerca de la Casa Blanca ese mismo 6 de enero de 2021 en el que instó a su vicepresidente, Mike Pence, a subvertir el resultado electoral e impedir la certificación por el Congreso de la victoria de Biden. Los seguidores que se encontraban en ese mitin y que escucharon el incendiario discurso del aún presidente se dirigieron después al Capitolio, se saltaron las barreras policiales y entraron por la fuerza en la sede del Congreso. Trump ha seguido sin admitir su derrota en las elecciones de 2020 y buena parte del Partido Republicano se ha apuntado a sus teorías negacionistas. Biden convirtió con éxito la defensa de la democracia en uno de los ejes de su campaña en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
