EUROPA PRESS. – El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Loja (Granada) ha rechazado la ampliación de la denuncia planteada, por la presunta comisión de un delito de odio, en el curso de la investigación en los altercados que se produjeron en Íllora, en el Poniente de Granada, después de la muerte violenta de un joven a mediados del pasado agosto, una causa aparte por la que está en prisión provisional un varón.
Fuentes judiciales consultadas por Europa Press han indicado que la autoridad judicial ha considerado que no cabe en el procedimiento esta ampliación al no haber indicios de la perpetración de este supuesto delito de odio.
Esta novedad en la investigación se produce después de que la Sociedad Gitana Española dirigiera un escrito a la Fiscalía Provincial de Granada para ampliar la denuncia relativa a los altercados que se produjeron en Íllora, en el marco de unas diligencias en las que hay 14 investigados.
En concreto, según el escrito, consultado por Europa Press, se pedía la ampliación de la denuncia ya anunciada contra el alcalde de Íllora, Antonio José Salazar, del PSOE, a los guardias civiles que declararon como testigos en estas diligencias previas que lleva por los altercados el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Loja para que pasaran a ser investigados.
También se solicitaba la toma de declaración como investigados al alcalde, así como a los superiores del Puesto de la Guardia Civil de Íllora, por supuesta «dejadez de funciones e incumplimiento de las mismas por omisión», a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, y a un concejal del PP del que la asociación no daba su nombre por unas declaraciones suyas en un Pleno municipal extraordinario convocado tras el crimen.
Asimismo pedían al juzgado pedir a Guardia Civil y Policía Local de Íllora, a cuyo jefe también han denunciado, «fotos y vídeos que obran en la causa y que también tienen los propios afectados, donde se puede identificar perfectamente a todas las personas que cometieron los hechos delictivos», y que a todos los identificados se les investigara por supuesto delito de «odio y antigitanismo».
En la noche del 15 de agosto, y según detalló en su momento Sociedad Gitana Española, «un grupo de vecinos intolerantes, racistas y violentos asaltaron las casas de varias familias gitanas destrozándolas, volcando sus vehículos e incluso robando enseres y dinero de esas familias, empujándolas a una situación de desamparo y exclusión social».
Por otra parte, la Unión Ciudadana del Municipio de Íllora, que se creaba tras la muerte violenta del joven del municipio a mediados de agosto, ha convocado desde entonces distintas concentraciones pidiendo seguridad y justicia para el fallecido por lo que consideran que fue un asesinato, y no un homicidio.
