El Mundo. – El partido denunció a Iglesias y Monedero por alentarlos y a la delegada del Gobierno por no prevenirlos.
La Justicia da carpetazo. Ni delitos de odio, ni prevaricación, ni omisión de perseguir delitos, ni lesiones, ni daños, ni delito en acto electoral. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha archivado la investigación por los incidentes que se produjeron durante un mitin de Vox celebrado el 7 de abril de 2021 en el barrio de Vallecas de Madrid, en el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo.
Aquel día Vox presentaba su candidatura a los comicios, con Rocío Monasterio de número uno y aspirante a la Presidencia de la región. El partido había elegido como escenario la Plaza Roja de Vallecas, un lugar considerado como un símbolo de la izquierda madrileña, y había anunciado la presencia de su plana mayor, con Santiago Abascal al frente.
El anuncio del mitin había generado cierta agitación entre los movimientos de extrema izquierda, llamados antifascistas, que habían alentado acudir a protestar en la misma plaza y a la misma hora para boicotear el acto de Vox. «Trataban de crear una atmósfera de violencia en un acto electoral», apuntaba Vox en la querella elaborada por Marta Castro, responsable del área jurídica de la formación. Y efectivamente, la violencia llegó: lanzamientos de piedras, ladrillos, enfrentamientos, cargas policiales y una treintena de heridos.
Vox denunció los hechos y dirigió sus actuaciones tanto contra todos aquellos que pudieran ser los agresores como contra los que previamente entendían que habían estado «calentando» el ambiente. Además, denunciaron también negligencia policial a la hora de desplegar el dispositivo. Los asistentes al mitin estuvieron casi codo con codo con los radicales.
Así, el partido denunció a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y a uno de los mandos de las UIP encargado de la seguridad «por los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos». También promovió iniciativas judiciales «contra todas aquellas personas que pudieran ser identificadas por los vídeos que aportan responsables de las lesiones y daños».
Vox también denunció a la asociación Bukaneros de Vallecas, «como responsables de una reunión ilícita y un delito de odio»; al ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, «por delitos de odio» al considerar que participó en las redes en la campaña contra Vox, y posteriormente amplió la querella contra Pablo Iglesias.
Ahora, el juez, de acuerdo con la Fiscalía, ha decidido archivar la causa. El instructor había acordado inicialmente llamar a declarar a la delegada del Gobierno, al mando policial, a los representantes de Bukaneros y a Monedero. Sin embargo, estas citaciones fueron recurridas por el fiscal, al considerar que las denuncias y los hechos denunciados no estaban conectados y que no veía delitos de odio en ninguna de sus vertientes.
El juzgado admitió este recurso y anuló las citaciones. El pasado día 11 emitió un auto en el que finalmente inadmitía «la querella presentada por el partido político Vox» y acordaba «el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado por las lesiones y daños ocurridos en el acto electoral».
El instructor entiende que, en cuanto a la delegada del Gobierno y el mando policial, «no cabe apreciar que haya habido en su conducta indicio de delito alguno». «Respecto a los delitos de odio imputables al responsable de la cuenta Bukaneros y a Juan Carlos Monedero, tampoco se aprecia que haya conducta delictiva. En los tuits no se incita públicamente al odio ni a la hostilidad, ni a la discriminación o violencia, ni tampoco en consecuencia contra ningún grupo (…) no pudiendo constituirse un partido político como colectivo diana merecedor de protección cuando se encuentre en un debate público, en el contexto de unas elecciones».
El juzgado añade que, «por lo que se refiere a las lesiones y daños ocurridos durante el acto electoral, de los que finalmente este juzgado tuviera que conocer en base a cuestión de competencia, no ha quedado acreditado quién o quiénes fueron los responsables de los mismos».
