JOSÉ MARÍA BRUNET. LA VANGUARDIA.- El juez Juan Javier Pérez, encargado de las investigaciones sobre el asalto a la librería Blanquerna durante los actos de la Diada del 2013, ha dictado una resolución en la que acusa de cuatro delitos y tres faltas a quince de los detenidos por aquellos hechos. El magistrado, titular del juzgado de instrucción número 11 de Madrid, considera que hay indicios suficientes para acusarles de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños y amenazas, además de tres faltas de lesiones, las producidas a tres de los asistentes a la Diada, Josep Maria Bosch, delegado de la Generalitat en Madrid; el diputado Josep Sánchez Llibre (CiU) y Christian Menéndez, cámara de TV3.
Inicialmente fueron detenidas diecinueve personas en relación con los hechos, pero cuatro de ellas han quedado en principio al margen de la investigación al no haber sido identificadas en las distintas grabaciones del asalto. Dos de ellos negaron haber estado en la librería Blanquerna y los otros dos dijeron que permanecieron en la calle y, por tanto, no tomaron parte en las agresiones. El auto supone para los otros quince detenidos el pase de las diligencias practicadas hasta ahora a procedimiento abreviado. En consecuencia, el magistrado da al fiscal y a las partes personadas diez días para que formulen sus correspondientes escritos de acusación o, en su caso, soliciten el sobreseimiento del proceso.
El juez expone en su resolución que los quince imputados admitieron «haber accedido» a Blanquerna durante los actos de la Diada. Añade que dado que todos los testigos y víctimas de las agresiones han declarado que «los miembros del grupo actuaron de forma coordinada y al unísono, puede inferirse un concierto previo para ello, en buena parte gestionado previamente a través de las redes sociales». Por otro lado, no consta que ninguno de ellos se apartase del grupo ante «los actos violentos cometidos por algunos de sus integrantes», lo que «abunda en la tesis del designio común» para el asalto, que el juez describe como «la interrupción del acto y el ejercicio de una violencia moderada y controlada contra quienes se opusieran a su actuación», El letrado Rafael Entrena, que representa a CiU, acusará a los imputados de los mismos delitos que el juez, más otros de allanamiento y contra los derechos fundamentales.
