La Audiencia juzgará a partir del 14 de julio al asesino de Guillem Agulló, a un concejal de Silla y a otros dieciséis detenidos en la operación contra la principal organización violenta de extrema derecha desarticulada en la Comunitat.
RAMÓN FERRANDO. LEVANTE – EMV.- La Audiencia de Valencia juzgará a partir del 14 de julio a los dieciocho miembros del grupo neonazi Frente Anti Sistema (FAS) que fue desarticulado en Valencia en septiembre de 2005. Los procesados, según la Fiscalía, se dedicaban a realizar proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nacional socialista a través de una página web y de charlas en su sede social. Los acusados defendían el uso de la violencia contra determinadas personas por razón de su origen social, orientación sexual o creencias religiosas. La banda justificaba las medidas que adoptó el gobierno alemán contra el pueblo judío y negaba el Holocausto.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia recibió la causa la semana pasada y ha reservado tres días de juicio, aunque con toda probabilidad van a hacer falta más fechas. En el procedimiento hay diecisiete abogados personados. Fuentes próximas al caso explicaron que la causa ha tardado nueve años en llegar a juicio por los innumerables recursos que han presentado las defensas. El fiscal presentó su escrito de acusación en abril de 2012, pero los letrados han continuado recurriendo durante los dos últimos años. Algunas partes han propuesto a la Audiencia celebrar la vista después del verano, pero la sala se ha negado para no provocar más retrasos.
La investigación ya arrancó a finales de 2003 con problemas porque los grupos de información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil abrieron dos pesquisas paralelas sin saberlo. Al final, la Guardia Civil asumió todo el caso y arrestó a los acusados en septiembre de 2005. El juez imputó a 19 personas, pero una de ellas permanece en busca y captura, y los investigadores sospechan que puede haber huido a Argentina. El juzgado ha fotocopiado los 12.000 folios de la causa para disponer de una copia completa del procedimiento por si finalmente es detenido el imputado que está fugado.
Entre los dieciocho acusados que serán juzgados a partir del 14 de julio están dos militares, el concejal de Silla de España 2000 José Alejandro Serrador y el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro Cuevas. El ministerio público reclama que once acusados sean condenados a dos años de cárcel, cuatro a tres años, dos a seis años y dos a dos años y medio. Todos los procesados están procesados por asociación ilícita y los que se enfrentan a las penas más altas también han sido imputados por tenencia de armas.
La Guardia Civil descubrió que la organización contaba con una estructura jerárquica compuesta por una Junta de Mandos, tres jefes de grupo y el resto de miembros. La Junta de Mandos la dirigían cuatro procesados que acordaban de forma asamblearia todas las decisiones relativas a la estructura, el funcionamiento y las acciones. Otro de los acusados se dedicaba a la adquisición de armamento y parafernalia nazi. Los jefes de los grupos cobraban las cuotas, captaban nuevos afiliados, transmitían las decisiones de la Junta de Mandos y controlaban el grado de compromiso de los correligionarios.
Intervenciones telefónicas
La Guardia Civil dio por desarticulado el grupo tras varios meses de pesquisas en las que fueron claves las intervenciones telefónicas. Los acusados a veces exageraban y presumían de «logros» que supuestamente no son reales. Un ejemplo es que en las escuchas alardean de haber propinado una paliza a dos homosexuales en Almansa y no hay constancia de que realmente se haya producido esa agresión.
Los agentes registraron 18 domicilios y locales de Valencia, Sagunt, Puzol, Chiva, la Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella. En el domicilio del asesino de Guillem Agulló, que fue condenado a 6 años y 7 meses por el crimen, fueron intervenidos 40 brazaletes de color rojo con la esvástica y moldes de acero para realizar objetos como cruces nazis.
La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición del fiscal de que se exhiba en el juicio el bazuca que le fue intervenido al grupo en uno de los registros. El arma de guerra, que está inutilizada, permanece custodiada en los depósitos de la Guardia Civil. La sala considera que es un riesgo innecesario trasladar a la Ciudad de la Justicia el bazuca y otras armas semiautomáticas decomisadas.
La Guardia Civil descubrió tras intervenir el lanzagranadas, que en el grupo se habían integrado dos militares y la novia de uno de ellos. En la vivienda del edil de España 2000 en Silla José Alejandro Serrador Ferrer los agentes intervinieron diversa parafernalia nazi, una escopeta semiautomática de la marca Benelli, 180 cartuchos del calibre 12, un despellejador y varias armas blancas.
Otro miembro del grupo que fue arrestado en Torrent ocultaba en su casa 14 puños americanos, armas y panfletos de carácter discriminatorio y xenófobo con los mensajes: «El Gobierno español legaliza y tolera el matrimonio entre maricones. ¡Nosotros no!» y «Únete por la liberación de tu pueblo y ante el Estado sionista que domina el mundo».
«Centro Cultural Thule»
Frente Anti Sistema tenía su sede social en un local alquilado de la avenida Tres Cruces de Valencia que denominaban «Centro Cultural Thule». El grupo neonazi se financiaba con las cuotas de sus socios, la celebración de conciertos y la venta de parafernalia nazi y armas prohibidas.
La investigación la inició en un primer momento el juzgado de Instrucción número uno de Carlet, pero después el caso pasó al juzgado de Instrucción número veinte de Valencia porque el centro de reunión era la sede social. La Guardia Civil halló en el local de la avenida Tres Forques una ballesta-pistola, un hacha y una bola con puntas y mango de madera.
En la causa se han personado como acusaciones particulares Jarit, SOS Racisme, Centro de Recurso Just Ramírez, Movimiento contra la Intolerancia, Esquerra Unida del País Valencià, Bloc, Acció Cultural del País Valencià y Esquerra Republicana.
Fuentes cercanas al caso explicaron que es muy complicado que el juicio se pueda terminar en los tres días que ha reservado la Audiencia de Valencia y se mostraron convencidas de que continuará en septiembre.
