PÚBLICO.- La experiencia vivida en España el pasado enero por el relator especial de la ONU sobre racismo, Mutuma Ruteere, se plasmó en un informe que dejaba malparado al Gobierno. Denunciaba la flaqueza de las políticas de lucha contra el racismo por culpa de los «drásticos recortes», que también han afectado a los programas de integración; la discriminación racial que sufren los ciudadanos sin permiso de residencia «en ámbitos como la educación, el acceso a la salud, los servicios públicos, la vivienda y el empleo»; la situación «alarmante» en los invernaderos de Almería; la fragilidad laboral, pues el 50% de los africanos y el 29% de los latinoamericanos estaban en paro; y la vulneración de los derechos humanos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
Cuando se hizo público en junio, el diputado de Amaiur Jon Iñarritu García preguntó al Gobierno si tenía pensado tomar medidas concretas tras el rapapolvo de Ruteere, pero en su respuesta por escrito el Ejecutivo ha hecho caso omiso a las conclusiones de la investigación. Es más, se vale de algunas frases del propio relator sacadas de contexto para esbozar una vaga excusa alejada de lo que había criticado en el estudio. «España ha logrado importantes avances en el tratamiento de la problemática del racismo y la xenofobia», reproduce el Gobierno, que recuerda que el observador de la ONU afirmó que España cuenta «con un marco jurídico sólido para luchar contra la discriminación y con políticas de calado e instituciones acreditadas para combatir el racismo».
En realidad, Ruteere cargaba en su informe (pdf) contra el tijeretazo a los presupuestos, que ha frenado la lucha contra el racismo desde las administraciones e impedido avanzar en la integración de los ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular. Iñarritu también preguntó por qué ningún ministro se reunió con el representante de Naciones Unidas, pero la respuesta del Gobierno, fechada el 28 de agosto, sortea la cuestión. «El Relator Especial expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno de España por su cooperación en la preparación y la realización de la visita».
En cuanto a la atención sanitaria a extranjeros, el Gobierno considera que España ofrece «las prestaciones más generosas de toda la UE». También rechaza la existencia de redadas racistas, mientras que Ruteere tuvo otra impresión. «El uso de perfiles raciales por los agentes del orden sigue siendo un problema persistente y generalizado, que repercute negativamente en la relación entre la policía y la comunidad y en el disfrute de los derechos de las personas afectadas», explicaba el observador. Por ello, recomienda vigilar las «faltas de conducta de la policía en cuanto a la discriminación racial […] mediante procesos disciplinarios internos» y a través de un «mecanismo civil independiente».
