El Ejecutivo no revela qué equipos son los que han sido sancionados por ayudar a los radicales pero sus datos indican que cuanta más colaboración hay, menos incidentes se registran en los estadios
DANIEL DEL PINO. PÚBLICO.- La colaboración de los clubes de fútbol con los grupos ultra ha experimentado un aumento desde 2012 según los datos que el Gobierno ha remitido a Izquierda Unida a raíz de una pregunta parlamentaria del diputado Ricardo Sixto sobre el control de los casos de xenofobia y violencia en este deporte. Sin embargo, y pese a que asegura que ha impuesto la correspondiente sanción a esos equipos, no desvela cuáles son y qué tipo de relación mantienen con los aficionados radicales. Asimismo, reconoce su total desconocimiento sobre la situación en Catalunya porque, según dice, los Mossos d’Esquadra no están proporcionando datos al Ministerio de Interior.
Según los datos contabilizados por el Gobierno, en los tres primeros meses de 2013 registró cuatro casos de favorecimiento de clubes a los grupos ultra por los cinco de los que tuvo noticia en todo 2012. Un año antes, en 2011, «no se registraron casos» de esta naturaleza, asegura a Sixto. La situación es curiosa porque a medida que aumenta la colaboración descienden, siempre según los datos del Ejecutivo, los incidentes en los estadios. De este modo, «durante 2011 se registraron 16 incidentes en los estadios de fútbol de Primera, Segunda y Segunda División B, siendo propuestas para sanción un total de 23 personas. Por lo que se refiere a 2012, el número total de este tipo de incidentes fue de 5, habiéndose propuesto sanción a 5 personas. En el tiempo transcurrido de 2013, se han registrado 2 incidentes de esta naturaleza, dando lugar a la propuesta de sanción de 2 aficionados”.
El diputado de IU remitió varias preguntas al Ejecutivo el pasado mes de abril, después de que un árbitro valenciano de 17 años perdiera el bazo ras recibir una paliza durante un partido de Segunda Regional entre Los Silos y el Mislata UF. El agresor resultó ser un agente de la Policía Nacional. Sixto enumeraba varios casos recientes, como los coros y pitos racistas denunciados por el defensa del F.C. Barcelona, Daniel Alves, o la frustrada llegada de Salva Ballesta al Celta de Vigo después de que una parte de la afición cargara las tintas contra el exdelantero del Atlético de Madrid por mostrar públicamente su admiración por personajes como García Morato, Hans Rudel o Tejero.
Como viene siendo habitual, el Gobierno no ha contestado algunas de las cuestiones planteadas por Sixto en relación a que el Observatorio de la Violencia, el Racismo y la Intolerancia en el Deporte no se haya reunido desde hace dos años «porque no lo convoca el Consejo Superior de Deportes» o sobre su opinión de que “en estos momentos no se esté realizando una observación efectiva del racismo y la xenofobia en el fútbol”. Sí asegura que “los planes que se están llevando a cabo se coordinan a través de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte que, en función de los informes emitidos, adopta las medidas que afectan a cada una de las organizaciones representadas en la misma (Fiscalía General del Estado, Consejo Superior de Deportes, Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Ministerio del Interior, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía)”.
No controla lo que pasa en Catalunya
Los datos del Gobierno los recoge el Ministerio del Interior en informes trimestrales pero no incluyen los de Catalunya porque «los Mossos d’Esquadra, cuerpo responsable del mantenimiento del orden público en los eventos deportivos que tienen lugar en su demarcación territorial, no remiten este tipo de información”. Precisamente el F.C. Barcelona ha estado en el disparadero en los últimos meses por la relación del presidente Sandro Rosell con los Boixos Nois. Según denunció Catalunya Radio, Rosell firmó un pacto con ese grupo durante la campaña electoral de 2010 por el que si él resultaba elegido, como después sucedió, se comprometía a ayudarlos creando una grada de animación si se comportaban durante los partidos. El documento también desvelaba aspectos de la financiación y estructura organizativa de esos grupos.
Rosell lo negó por activa y por pasiva hasta que después de un incidente durante un partido de Copa del Rey con el Real Madrid se descubriera que el club estaba cobrando entradas a 10 euros a algunos grupos. El club azulgrana fue sancionado por la Generalitat en ambos casos.
