IRENE CASTRO. ELDIARIO.ES.- El Gobierno da un paso para impedir que las personas sin papeles llamen a casa desde los locutorios y cibercafés o hagan uso de las conexiones a Internet de estos establecimientos. Lo ha hecho de forma discreta en un artículo –el 24– que ha pasado inadvertido en el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Consejo de Ministros: la normativa obliga a los negocios privados, como locutorios, cibercafés o desguaces, entre otros, a «cumplir las obligaciones de registro documental e información impuestas por la autoridad competente». Para ello, los usuarios deberán presentar su documentación, según ha adelantado El Confidencial. Algo de lo que carecen los sin papeles.
El Ministerio del Interior desarrollará un reglamento una vez que la ley supere el trámite parlamentario en el que se especificarán las condiciones de la nueva normativa que afectará a los establecimientos que considera importantes para el «mantenimiento de la seguridad ciudadana». Interior matiza que el objetivo de esta norma es «dar cobertura a los establecimientos abiertos al público en los que se pueden cometer o encubrir delitos».
Además de cibercafés, locutorios o desguaces, entre los negocios y actividades a los que obligará a elaborar un libro de registro se encuentran el hospedaje, el comercio o la reparación de objetos usados, así como la compraventa de joyas y metales (preciosos o no), objetos u obras de arte.
Ese reglamento también indicará los documentos que deberán presentar los usuarios, que previsiblemente serán el DNI, el NIE (en el caso de personas inmigrantes en situación regular) o el pasaporte. Interior aún no sabe si permitirá que los clientes presenten documentación de otros países y si la admitirá en el caso de que no tenga el visado reglamentario. Este es el punto que afecta especialmente a las personas en situación irregular y que son los principales usuarios de establecimientos como los locutorios o cibercafés.
Hasta 60.000 euros de sanción
«Si hay una persona que no tiene documentación, no podrá hacer uso de los teléfonos o conexiones a Internet de esos establecimientos», advierte una portavoz oficial del ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz. Esa misma fuente compara la petición de documentación para hacer uso de esos negocios privados con la que se solicita cuando se acude al centro de salud. El Gobierno excluyó hace dos años a los inmigrantes sin papeles del acceso a la sanidad pública.
En una comunicación posterior a la publicación de esta información, Interior ha precisado que los locutorios se utilizan, en ocasiones, «para cometer ciberdelitos relacionados, por ejemplo, con la pederastia o participar en foros yihadistas». En esta línea, matiza que el objetivo del anteproyecto es «vigilar y dar cobertura para que no se cometan estos delitos». «No se pretende interferir en los derechos de los usuarios», expresa una portavoz oficial.
La comparación, en esta segunda comunicación, la hacen con los hoteles, en los que ya es obligatorio presentar documentación que acredite la identidad de los huéspedes. «Esos libros de registros han sido, en ocasiones, cruciales para la detención de terroristas o delincuentes», expresa el ministerio.
En cualquier caso, insisten en que «tienes que estar documentado. Si estás sin papeles están en situación irregular en este país». No obstante, «los documentos que se van a pedir están en estudio», añade esa fuente oficial, por lo que el reglamento posterior podría incluir el pasaporte del lugar de origen como documento válido para ese tipo de establecimientos.
En este caso, la ley de Seguridad Ciudadana castigará a los dueños de los establecimientos que incumplan la normativa, según explica Interior. Los propietarios que no cumplimenten el libro de registro con los datos de identidad de los clientes cometerán una infracción grave, por lo que se arriesgarán a ser multados con entre 1.001 y 60.000 euros. En el caso de que los apuntes del libro se elaboren «incorrectamente o contengan alguna irregularidad» la «autoridad competente» podrá imponer multas de entre 100 y 1.000 euros.
Este no es el único artículo del anteproyecto que preocupa por sus consecuencias para las personas inmigrantes sin papeles. Hacer ‘botellón’, ‘ofender a España’, participar en un ‘escrache’, obstaculizar la actuación pública en la ejecución de un desahucio o incurrir en alguna de las demás infracciones calificadas como graves o muy graves en la futura normativa puede revertir, en el caso de los extranjeros en situación irregular, en la expulsión del territorio nacional y la denegación de sus solicitudes de permiso de residencia.
