El proyecto se centrará en infancia, igualdad de género, migraciones y cambio climático
LUCÍA ABELLÁN. EL PAÍS.- España contará el año próximo con un plan de derechos humanos que guiará las políticas del Gobierno. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado este martes un proyecto vinculante para el Ejecutivo que se centrará en cuatro ejes: protección de la infancia, igualdad de género, migraciones y transición ecológica. El plan quedará aprobado en Consejo de Ministros el próximo mes de febrero, según la estimación de Calvo.
Con esta iniciativa, heredera de una similar que estuvo vigente en el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende impregnar sus políticas del respeto a los derechos humanos, de cuya declaración universal se cumplen ahora 70 años. “Se trata de prevenir antes de llegar a lo irremediable”, resumió la vicepresidenta durante unas jornadas sobre derechos humanos organizadas en Casa América y en las que también intervinieron la alta comisionada de la ONU en esta materia, Michelle Bachelet, y el ministro de Exteriores, Josep Borrell. El plan permitirá aplicar al derecho español “los tratados internacionales que obligan a seguir avanzando en la prevención y la protección de los derechos humanos en el mundo», añadió Carmen Calvo.
El Consejo de Ministros ya ha dado su visto bueno a la elaboración de este proyecto, que ahora entra en fase de consulta. Con su aplicación, se busca garantizar en las políticas públicas la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, así como la igualdad de trato y la no discriminación. El Ejecutivo ha querido aprovechar la conmemoración de los 70 años de la declaración universal para sacar pecho en plena pugna contra un relato independentista catalán que cuestiona el cumplimiento de algunos de esos derechos fundamentales. “Somos una democracia madura y reputada en el contexto internacional”, defendió Calvo, sin aludir a esa polémica.
En las próximas semanas, el Ejecutivo creará una comisión de expertos para terminar de trazar el plan, en el que también implicarán al Parlamento y al Defensor del Pueblo. Para evitar que su acción se limite a un único Gobierno, la vigencia del plan abarcará cinco años (2019-2023). Calvo criticó que este proyecto se abandonara durante el mandato de Mariano Rajoy.
En las mismas jornadas, Borrell destacó los avances que han experimentado los derechos humanos desde que se firmó la declaración universal, en 1948, pero alertó de la actual falta de consenso entre naciones para acordar iniciativas de este tipo. “Si la declaración la tuviéramos que aprobar hoy, no lo haríamos”, conjeturó. El ministro tomó como ejemplo las recientes tensiones creadas al aprobar el pacto migratorio de la ONU en Marraquech, que pese a todo ha recibido el respaldo de 165 países del mundo.
