El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, apuesta por revisar los instrumentos legales necesarios «para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública»
IVÁN GIL. EL CONFIDENCIAL.- El incremento en la difusión de bulos a través de las redes sociales desde que se decretó el estado alarma ha puesto en alerta al Gobierno y las fuerzas de seguridad están monitorizando esta actividad con el objetivo de poner en el conocimiento de la Justicia aquellos mensajes que puedan tener un contenido delictivo. De hecho, según ha asegurado esta tarde en rueda de prensa el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han detectado casos «de utilización criminal» de las redes sociales durante estos días.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que acompañaba a Marlaska en dicha rueda de prensa, ha ido más allá planteando la necesidad de revisar los instrumentos legales necesarios «para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública». En esta línea, ha explicado que se están estudiando mecanismos para garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz en un contexto de emergencia como el actual, también a través de las redes sociales, aunque sin avanzar cuáles. Su encaje sería complejo para no limitar otro derecho constitucional, el referente a la libertad de expresión.
La compañía Twitter ha asegurado haber detectado más de un millón y medio de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa. Sin embargo, son los programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde más se están difundiendo este tipo de contenidos.
Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se ha abierto ya un frente judicial para denunciar la difusión de bulos en las redes mediante lo que consideran una «organización criminal». Esta misma mañana, desde el grupo confederal han presentado ante la Fiscalía su segunda denuncia que se centra en la difusión de un vídeo con bolsas de cadáveres y una foto con ataúdes que falsamente se identifican con España pero que corresponden respectivamente a un centro hospitalario de Guayaquil (Ecuador) y un naufragio en Italia en 2003.
Se suma así a una anterior denuncia por la difusión de un falso vídeo en el que se acusaba al Gobierno de rechazar material sanitario. En concreto, la grabación mostraba una serie de palés y sostiene falsamente que se trata de un cargamento de equipos de protección para sanitarios que va a ser enviado de España a Francia porque el Ejecutivo “no paga”, aunque lo cierto es que se trata de un cargamento de folios de papel almacenado en una fábrica de Italia, tal y como ha confirmado la propia empresa».
En el texto de la denuncia presentada este lunes, y que firman los diputados de Unidas Podemos Enrique Santiago y Martina Velarde, se advierte sobre la supuesta existencia de una “organización criminal” que de forma dolosa acusaría directamente al Gobierno de “ocultar información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, acusando a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos”.
La denuncia sostiene también que la difusión de dichos bulos supone un supuesto delito de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”, así como “por cualquier otro que se apreciara de oficio por esta Fiscalía General a la vista de los hechos denunciados”. Por otra parte se añade que “estamos sin duda ante una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país”.
