El Debate.- ¿Se pueden quemar guardias civiles en Navarra, en un cartel público para celebrar el «Día del inútil» sin que el Gobierno haga nada. La respuesta es afirmativa, aunque para las asociaciones del Cuerpo y para la Justicia todo ello pueda ser constitutivo de un delito.
Y eso es lo que ocurrió este verano en un municipio navarro gobernado por Bildu, sin que la Delegación del Gobierno hiciera nada para evitarlo, tal y como figura en un documento oficial al que ha accedido El Debate en el que confiesa su inacción ante los hechos y limita su respuesta a la simple «monitorización» de un aquelarre que sí es relevante penalmente para la Audiencia Nacional, sin embargo.
En el mismo, firmado por el Director General de la Secretaría de Estado, Agustín Torres Herrero con fecha del pasado 24 de agosto, se reconoce que la única medida que acordó el Gobierno en respuesta a la «cacería» de agentes de la Benemérita, anunciada y publicitada de antemano, fue «monitorizar» su desarrollo, sin ninguna acción preventiva ni, que se sepa, posterior.
El Gobierno sigue así permitiendo actuaciones y ‘fiestas’ de enaltecimiento del terrorismo o que fomentan el odio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin hacer nada para proteger a las víctimas del terrorismo que se sienten agraviadas con este tipo de actos, tal y como ellas mismas han denunciado en incontables ocasiones.
En este caso se trata del llamado ‘Día del Inútil’, una celebración que se realiza en agosto en la localidad navarra de Etxarri Aranatz, gobernada por Bildu, y cuyo cartel escenificaba la quema de guardias civiles.
Un póster que dejaba claras las intenciones de la festividad, someter a escarnio público a la Guardia Civil poco tiempo después de que le quitaran las competencias de Tráfico en Navarra, para mayor regocijo de la izquierda abertzale, que a lo largo de todo el 4 de agosto tenía previstas varias actividades cuyo punto cumbre llegaría con un desfile.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno, que podía haber aplicado la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para prohibir incluso el evento, no hizo nada para proteger a las víctimas, pues ha asegurado que, únicamente, «se realizaron acciones tendentes a la monitorización y seguimiento del evento por si pudieran producirse ilícitos penales durante el desarrollo de aquel».
La ley faculta al Gobierno a evitar actos públicos que humillen a las víctimas, pero la Delegación prefirió dejar que se celebrara
Así, de nuevo, amparándose en la libertad de reunión y de expresión permitieron el acto, olvidándose de la norma que, con carácter administrativo y sin llegar a un procedimiento judicial, le permitiría acabar con este tipo de actos que siguen sembrando el odio y la discordia.
El artículo 61 de la Ley 29/2011 establece que «el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas».
Además, la norma añade que «prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas». Algo que sigue sin poner en práctica.
Por su parte, el ayuntamiento de la localidad navarra no ha respondido a la solicitud de información realizada por El Debate, en la que se requería una «copia de la documentación existente en el Ayuntamiento, informes del secretario municipal, OA del Ayuntamiento o asesorías de cualquier tipo, justificativa de que la celebración prevista para el próximo 4 de agosto, denigrando a la Guardia Civil es conforme con la legislación actual de protección a las víctimas del terrorismo».
Sin embargo, el consistorio, pese a haberse excedido el plazo legal habilitado para ello, no ha respondido, por lo que este periódico ha iniciado una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Navarra para que obligue a esta administración a cumplir con sus obligaciones y conteste a las solicitudes planteadas.
La Guardia Civil se indigna
Aun así, esta festividad sí que se encontró con la oposición de asociaciones vinculadas a Guardia Civil. De hecho, la Audiencia Nacional ordenó el pasado 8 de agosto abrir diligencias previas a raíz de una denuncia que presentó la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra los organizadores y contra el cartel, pues a su juicio, «incluye simbología que representa la expulsión de la Guardia Civil que da continuidad a una de las históricas reivindicaciones de ETA».
El magistrado explica que los hechos denunciados por la Unión de Oficiales «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que ha considerado pertinente incoar diligencias previas y remitir las actuaciones al Ministerio Fiscal para que «informe sobre competencia y, en su caso, diligencias a practicar».
Del mismo modo, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) anuncio que solicitaría acciones legales contra los organizadores del ‘día del inútil’ «por la comisión de un posible delito de odio dirigido especialmente contra las personas que forman parte del colectivo de la Guardia Civil y sus familias».
