La resolución reconoce la responsabilidad del Estado en la muerte de la congoleña, por las “deficiencias burocráticas” que la privaron de una atención médica adecuada
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- El Estado ha reconocido su responsabilidad en la muerte de Samba Martine, una inmigrante congoleña retenida en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Madrid que murió en diciembre de 2011 sin que se le prestase asistencia médica adecuada. El Ministerio de la Presidencia reconoce en una resolución del pasado 13 de octubre las “deficiencias burocráticas” y la falta de coordinación entre el entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministerio del Interior que contribuyeron al fallecimiento de la mujer. El documento también señala la responsabilidad de la empresa Sermedes S. L, que prestaba el servicio médico en el CIE. La resolución acuerda que entre los tres indemnicen a la madre y a la hija de 17 años de la fallecida. Los abogados que han llevado el caso no han hecho público el importe para proteger a la menor.
Samba Martine entró en España por Melilla en agosto de 2011 y allí ingresó en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), gestionado por el Ministerio de Trabajo y Migraciones. Durante su estancia se le realizaron análisis clínicos que revelaron que era portadora de VIH y en noviembre, el Ministerio del Interior decidió su traslado al CIE de Madrid para poder ejecutar su expulsión. El historial clínico de Martine nunca se compartió entre los dos centros. Durante el mes que pasó en el CIE, la fallecida acudió hasta 10 veces al servicio médico, pero solo recibió analgésicos, ansiolíticos y técnicas de respiración. Martine acabó falleciendo en un hospital el 19 de diciembre. La consumió una infección que, según se desprendió de su autopsia, solo es letal si no recibe el tratamiento adecuado.
La causa penal se juzgó a principios de junio del año pasado. En el banquillo se sentó apenas uno de los médicos que atendió a Martine (otros dos imputados, una enfermera y otro doctor de origen extranjero no se les ha encontrado en España). La acusación pedía un año y medio de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia y tres años y seis meses de inhabilitación, pero el juez se decidió por la absolución. El magistrado reconoció, sin embargo, que “la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso” y destacó que las deficiencias burocráticas de la Administración tuvieron un “peso muy relevante” en el hecho de que Martine no recibiera un tratamiento adecuado.
La resolución que estima ahora la indemnización también señala esas “deficiencias burocráticas”. El documento reconoce además la “ausencia de coordinación exigible entre dos órganos de la misma Administración” que no compartieron una información tan trascendental como el historial médico de una paciente privada de libertad y con una patología grave. El Ministerio de Presidencia considera que la empresa que prestaba el servicio médico en el CIE también tiene que asumir su responsabilidad civil ante la “inadecuada atención médica prestada hasta en diez ocasiones». El importe que le corresponde pagar a Serdemes, sin embargo, deberá cubrirlo Interior por tratarse de un servicio de titularidad pública de su competencia, con independencia de que posteriormente el ministerio exija a la empresa su reembolso.
“El reconocimiento de la responsabilidad del Estado en este caso es muy importante porque supone una reparación moral para la familia y reconocer el carácter de víctima de esta mujer”, explica Cristina Manzanedo, la abogada de la familia y portavoz del grupo de entidades sociales que han sostenido este proceso durante nueve años.
La causa por la muerte de Samba Martine ha sido larga y compleja. El Juzgado de Instrucción 38 de Madrid la archivó en 2012, pero la Audiencia Provincial le obligó a reabrirla en 2014. En un principio, tanto el Ministerio de Trabajo y Migraciones como el de Interior desestimaron la posibilidad de indemnizar a la familia y la reclamación quedó suspendida a la espera de una sentencia que solo se dictó en 2019. “Llegar hasta aquí y que el Estado reconozca que las cosas no se hicieron bien muestra el valor que tiene el trabajo de fiscalización de las entidades sociales”, celebra Manzanedo.
En la actualidad, sigue sin existir un sistema informatizado que permita el acceso a la información médica en todos los centros de acogida o internamiento de inmigrantes. Tampoco existe un protocolo que garantice el intercambio de información médica de aquellas personas que pasan de un CETI a un CIE. Los historiales médicos se entregan a los policías encargados del traslado del extranjero en un sobre sellado y son ellos los responsables de entregarlo en su destino, un procedimiento que tampoco existía en el momento de la muerte de Martine. “El Estado además de compensar el daño infligido debe corregirlo y llevar a cabo un cambio del sistema. Es incomprensible que nueve años después siga existiendo falta de coordinación médica entre centros de inmigrantes», añade Manzanedo. «Es imprescindible porque, como recoge la resolución, cuando el Estado priva de libertad automáticamente se convierte en garante de su vida, salud y su integridad. Cosa que no ocurrió en el caso de Samba”.
