La Moncloa busca vías para mejorar la situación de los jóvenes de 16 y 17 años
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- La Secretaría de Estado de Migraciones notificará en las próximas horas una instrucción a las delegaciones de Gobierno, de quienes dependen las oficinas de extranjería, para facilitar que los menores que llegan solos a España obtengan una autorización de trabajo entre los 16 y los 18 años. El Gobierno mandará el lunes esa orden directa —a la que ha tenido acceso este diario— a las delegaciones para tratar de mejorar la situación de los jóvenes migrantes, uno de los cuellos de botella de la política migratoria española. El objetivo es que esos menores —tutelados por las autonomías— tengan acceso al mercado laboral en las mismas condiciones que los españoles. La iniciativa responde a una de las principales peticiones de las organizaciones que trabajan con este colectivo.
La instrucción dicta que la concesión de la autorización de residencia “habilitará para la actividad laboral por cuenta ajena en el momento en el que alcancen los 16 años sin necesidad de ningún otro trámite administrativo”. Esto implica que, a diferencia de los que ocurre ahora, las tarjetas de residencia de los chavales incluirán la siguiente leyenda: “Habilita a trabajar por cuenta ajena”. Este criterio ya estaba contemplado en la ley y en su reglamento, pero no se cumplía. Se pretende así flexibilizar los criterios de aplicación de la ley y equiparar a los menores extranjeros no acompañados al resto de jóvenes: los españoles y extranjeros con familia de más de 16 años que deseen trabajar solo necesitan el consentimiento de los padres o tutores.
En la práctica, la autorización de trabajo para los menores extranjeros tutelados se consideraba una excepción y solo se contemplaba si su centro o tutor elevaba esa propuesta de excepción de trabajo a la delegación de Gobierno. Esto dificultaba enormemente el acceso de los jóvenes al mercado laboral y les hacía depender de la iniciativa de la entidad y de la comunidad autónoma que los tutela que, por desconocimiento o falta de interés, no lo llevaba a cabo.
Las estadísticas revelan las dificultades de los jóvenes extranjeros tutelados para conseguir un permiso con el que trabajar, el objetivo que los llevó a cruzar el Mediterráneo. En 2018, se contabilizaron en España 12.437 menores inmigrantes no acompañados. Y solo 218 entre 16 y 17 años recibieron una autorización de trabajo, según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones obtenidos por EL PAÍS a través de la Ley de Transparencia.
El número es aún menor en el caso de los chicos que ya han cumplido la mayoría de edad. Solo 54 extutelados de 18 años obtuvieron este permiso ese año.
La decisión de la secretaría de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, avalada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es un primer avance entre los cambios que pretende aplicar ese departamento para favorecer la inclusión laboral de los extranjeros en España. Desde su nombramiento, Escrivá se ha mostrado favorable de atraer mano de obra extranjera para garantizar el sostenimiento de las pensiones y el Estado del bienestar. En su última comparecencia pública, el ministro, además, anunció su intención de modificar la Ley de Extranjería para hacerla menos “rígida” y “compleja”.
Ese movimiento llega en plena semana de tensión entre los dos partidos que forman la coalición de Gobierno en España. El PSOE y Unidas Podemos han chocado por la ley de libertad sexual, por la comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos I, por la gestión del coronavirus y por la indemnización a la familia del cámara de Tele 5 José Couso. Pero las desavenencias empezaron antes, con la sentencia de Estrasburgo sobre las devoluciones en caliente. La política migratoria es uno de los asuntos que más desencuentros ha provocado entre los dos socios de Gobierno, con sensibilidades muy distintas entre Interior, Justicia, Migraciones (tres ministerios en la órbita del PSOE) y los departamentos que controla Podemos.
Las organizaciones sociales que trabajan con los menores tutelados celebran esa iniciativa, que recoge una de sus principales reivindicaciones. “Esta instrucción es un paso de gigante hacia la inclusión social y laboral de los jóvenes que llegaron solos a España siendo niños y niñas”, asegura la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, que lleva más de 20 años asistiendo a niños en peligro de exclusión. “Esta medida favorece indudablemente la inserción de los jóvenes tutelados en España”, añade Michel Bustillo, responsable de la ONG Voluntarios por otro Mundo en Cádiz.
Obstáculos
La medida, no obstante, depende de la obtención de un permiso de residencia y este es otro de los obstáculos. Aunque las autonomías están obligadas por ley a tramitar los papeles de los niños y adolescentes que tutelan, la mayoría de ellos carece de documentación. Según datos oficiales, apenas el 20% de los menores extranjeros no acompañados cuenta con permiso de residencia. Los problemas empiezan con los trámites que se les piden a sus consulados de origen y prosiguen en los centros de acogida.
Esta nueva instrucción, según fuentes del ministerio, pretende mitigar los efectos de otra orden que el Gobierno envió hace tres semanas para aplicar la jurisprudencia del Supremo, que endurece los criterios para renovar la residencia de los jóvenes inmigrantes que alcanzan la mayoría de edad. Aunque el criterio de la Administración era de “flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida”, dos sentencias del Supremo despejaron cualquier duda sobre los requisitos exigidos. Los fallos obligan a someter a los extutelados que quieren renovar su residencia no lucrativa (sin derecho a trabajar) a una serie de exigencias casi imposibles de cumplir. Si para obtener su primer permiso tienen que demostrar que cuentan con 537 euros al mes, para renovarlo al año siguiente deben que acreditar unos ingresos de 2.151 euros al mes. Esa cifra es muy superior al salario medio en España, de unos 1.600 euros al mes. Y no puede proceder de ayudas públicas o privadas.
