13/05/2018 Público.- La Unión Europea pone 269 millones de euros hasta 2020 para estas políticas. De ellos, España destina 116 a financiar el control de los extranjeros sin documentación y las expulsiones, con previsión de sacar del país a más de 80.000 personas.
El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”.
Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.
La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.
El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.
Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.
“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.
Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.
Asilo e integración
Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.
Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.
Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia«.
Así, continúa exponiendo que «la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.
A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.
