Una nueva argucia para incumplir una orden de un tribunal. Esto es lo que intenta el Gobierno de Pere Aragonès con la aprobación ayer de un decreto ley del catalán cuyo objetivo, dice, es dar un marco legal a los colegios para que diseñen su proyecto educativo para el curso 2022-2023 en respuesta a la sentencia del 16 de diciembre del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25 % de las clases en castellano.
En concreto, el alto tribunal catalán impuso la obligatoriedad de que «todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, que no podrán ser inferiores al 25 % en uno y otro caso». Es más, se ha de impartir un mínimo dos asignaturas troncales en castellano, especifica la sala.
Sin embargo, el decreto ley, aprobado a la espera de que el Consejo de Garantías Estatutarias valore el texto de la proposición de ley sobre el uso del catalán en la enseñanza y cuya votación se iba a producir el pasado viernes, pero que fue pospuesta precisamente por ese motivo, viene a reproducir similar indicación a los colegios: que sean ellos los que diseñen un proyecto lingüístico sobre el uso de las lenguas oficiales en cada centro, y que luego revisará la Consejería de Educación.
Uno de los criterios, según establece el decreto ley, en su artículo 2 apartado d, es que la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas tiene que basarse en la «inaplicación de parámetros numéricos, proporcionales o porcentajes». Lo que constituye un ataque directo a la sentencia del TSJC sobre el uso del castellano en la escuela, que claramente fijó en un mínimo de un 25 % de las clases y «la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales». A mayores, el mismo artículo en su apartado a se refiere al «catalán como lengua propia, lengua normalmente empleada, lengua vehicular y de aprendizaje y lengua de uso normal en la acogida del alumnado», eludiendo en todo momento al castellano como lengua vehicular. Y todo esto cuando solo faltaban horas para que se terminase hoy el plazo dado por el tribunal para la ejecución del fallo en los colegios catalanes.
«Injerencias de los tribunales»
«Este decreto da cobertura legal al centro y también por extensión a los responsables de los centros ante les injerencias de los tribunales. El responsable último es el departamento de Educación y, por lo tanto, todas las responsabilidades recaen en el departamento de Educación y, en última instancia, en su responsable, el consejero [Josep Gonzàlez-] Cambray», aseguró ayer la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, ante las críticas de trasladar a los colegios la responsabilidad de cumplir la sentencia.
La única mención directa al castellano en los cuatro folios del decreto es en el artículo 2b, que alude a «la garantía que el alumnado obtenga el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria». En cambio, sí destaca en el artículo 3.3 que «el proyecto lingüístico ha de tener en cuenta las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado para lograr los objetivos de normalización lingüística del catalán, y del aranés en [el Valle de ] Arán». Con lo que da por hecho que no es necesario proteger el castellano.
Reacciones
El polémico decreto ley que entró ayer en vigor deberá ser ratificado por el Parlamento. El PSC no lo apoyará porque no cumple la sentencia del 25 % y «desafía a los tribunales». Ciudadanos lo llevará al Consejo de Garantías, y PP y Vox estudian impugnarlo ante el Constitucional. Desde la CUP, Carles Riera aseguró que no lo avalarán porque «no garantiza la inmersión». Por su parte, David Cid, de los comunes, reclamó que se convoque el pleno y se apruebe de manera «inmediata» la proposición de ley impulsada por PSC, ERC, Junts y comunes.
