Los ministerios que impulsaron la iniciativa para incorporar a cientos de inmigrantes cualificados no explican por qué han decidido desestimarla
MARÍA MARTÍN. EL PAÍS.- El Gobierno ha aparcado el plan con el que pretendía incorporar al Sistema Nacional de Salud a cientos de inmigrantes con perfil sanitario. La iniciativa consistía en facilitar autorizaciones de trabajo a médicos y enfermeras extranjeros que residen legalmente en España pero que no cuentan con un permiso de trabajo. El plan, con los hospitales desbordados y miles de sanitarios contagiados, corría prisa a finales de marzo, pero en la fase final de elaboración se aparcó. El texto nunca llegó al Consejo de Ministros y los promotores de la iniciativa no explican el porqué.
Fuentes conocedoras del proceso reconocen que el texto, en el que trabajaban contra reloj siete ministerios, salió de sus agendas, pero oficialmente nadie aclara el motivo. Preguntada en diversas ocasiones, la Secretaría de Estado de Migraciones, en manos del PSOE, que impulsó esta propuesta, afirmó a través de una portavoz que no dispone de la información requerida. El Ministerio de Sanidad, que participó activamente de su redacción, se limitó a informar de que “la iniciativa no se había realizado” sin especificar los motivos por los que se le cuestionaron. El Ministerio del Interior, clave por sus competencias en extranjería, tampoco ha aclarado por qué se bloqueó.
La iniciativa generó gran expectativa entre los colectivos de médicos extranjeros que cuentan con cientos de asociados cualificados para trabajar en hospitales, centros de salud o residencias, pero que no pueden ser contratados. Estos profesionales sanitarios, aun residiendo de forma legal en España, o no cuentan con permisos de trabajo o aguardan la homologación de sus títulos. Sin esos documentos, no les quedan más opciones que seguir la evolución de la pandemia desde el sofá de sus casas, trabajar en la economía sumergida o en actividades ajenas a su formación.
El borrador de las instrucciones, al que tuvo acceso EL PAÍS, contemplaba conceder de oficio autorizaciones de trabajo de un año así como la homologación exprés de títulos, un proceso que en circunstancias normales tarda más de seis meses. El texto, en definitiva, eliminaba trabas y demoras burocráticas para resolver rápidamente las solicitudes que se presentasen durante el estado de alarma.
La prioridad era reclutar a extranjeros con licenciaturas en Medicina, Farmacia y Odontología, diplomados en Enfermería o Fisioterapia y técnicos de diferentes especialidades sanitarias como radioterapia o laboratorio. Podrían beneficiarse también extranjeros que habían superado el MIR pero no obtuvieron plaza y médicos residentes extranjeros en su último año de formación. Además, se contemplaba a solicitantes de asilo con formación sanitaria que llevasen menos de seis meses en España y, por tanto, no contaban aún con autorización de trabajo.
El Ministerio del Interior planteó varias modificaciones del proyecto, pero las fuentes consultadas y el propio ministerio no aclaran si estas fueron determinantes para enterrarlo. Aunque la propuesta no incluía a inmigrantes sin papeles, el departamento de Fernando Grande-Marlaska exigió destacar en la redacción del texto que esta vía no implicaba, en ningún caso, un proceso de regularización de extranjeros en situación irregular. Señalaba además que se justificaba esta vía sin “constancia” de que se hubiesen apurado las posibilidades que ya ofrecía la Orden SND/299/2020 con la que el Ministerio de Sanidad pretendía reclutar a 52.000 sanitarios nacionales, entre jubilados, residentes y estudiantes en su último año de formación.
Interior también puso en duda la rapidez con la que Universidades podría homologar títulos y rechazó que los solicitantes de asilo tuviesen una mención específica en el texto. “La finalidad es dar un permiso de residencia y trabajo por motivos extraordinarios a nacionales de terceros países que se hallen legalmente en España. El que sean solicitantes de asilo o no, no aporta nada”, señaló el ministerio en sus observaciones. Además, señalaba Interior, “si se mantuviese su mención específica, podrían generarse expectativas sobre el sentido de la resolución de la solicitud de protección internacional. Es algo que este Ministerio, responsable de la tramitación de estas solicitudes, considera que debería descartarse de raíz”.
Suspendida esta vía, que atraería cientos de nuevas solicitudes, Universidades, Educación y Migraciones se han coordinado para priorizar la resolución de peticiones de sanitarios extranjeros que ya estaban pendientes antes del estado de alarma. Desde que este se decretó, el pasado 14 de marzo, la Secretaría de Estado de Migraciones ha concedido cerca de 500 autorizaciones de trabajo solicitadas por extranjeros con perfil sanitario. En paralelo, Universidades ha homologado 690 títulos, en su mayoría de médicos, pero también de enfermeras y fisioterapeutas. Entre las nacionalidades que se han beneficiado destacan los cubanos, colombianos y venezolanos. Por último, el Ministerio de Educación ha convalidado 409 titulaciones técnicas, en su inmensa mayoría de auxiliares de enfermería latinoamericanas.
