El Mundo.- Alemania ha dado una vuelta de tuerca a la inmigración ilegal con la aprobación hoy en el Consejo de Ministros de un paquete de medidas que permitirán acelerar las deportaciones, uno de los problemas que arrastra el país desde hace décadas por la falta de consenso ente los partidos conservadores, el alza de la izquierda con los Verdes a la cabeza y las organizaciones proasilo. La llegada masiva de refugiados a raíz de la guerra de Ucrania y de inmigrantes ilegales ha forzado sin embargo el consenso que pedían los ayuntamientos, desbordados en sus prestaciones sociales.
A 30 de junio, un total de 279.098 personas en Alemania estaban obligadas a abandonar el país, pero sólo una parte de ellas está potencialmente amenazada de deportación, pues la mayoría, concretamente 224.768, tienen el estatuto de «tolerados», es decir no se les puede expulsar porque no tienen documentos de identidad, están muy enfermas y por tanto no pueden viajar, o si existe una prohibición de deportación debido a la situación de seguridad en su país de origen.
En la práctica, dos de cada tres deportaciones fracasan. Las razones son, por ejemplo, que no se puede encontrar a las personas en cuestión o se resisten, o también que un piloto o una compañía aérea se niegan a transportar a la persona deportada. Entre enero y junio de este año, según datos del grupo parlamentario de izquierdas, se produjeron 7.861 deportaciones de Alemania. En el mismo periodo del año pasado, hubo 6.198 deportaciones.
Con este nuevo paquete de medidas, pendiente aún de aprobación por el Bundestag, el Gobierno federal espera aumentar el número de deportaciones a corto plazo de las cerca de 50.000 personas sin derecho a permanecer en el país. El ministerio Interior propuso para ello numerosos cambios que afectan a la práctica de la deportación: por ejemplo, la detención en espera de deportación se ampliará del máximo actual de diez días a cuatro semanas para dar más tiempo a las autoridades a organizar la deportación.
Las personas cuya deportación sea inminente podrán ser detenidas por orden judicial si cabe esperar que dificulten o impidan su deportación recurriendo a estratagemas legales o simplemente cambiando de domicilio. La norma otorgará más poderes a la policía para registrar alojamientos colectivos sin previo aviso y tampoco se avisará de la deportación a los detenidos. Además, el requisito de preaviso de un mes para las deportaciones tras un periodo de tolerancia de al menos un año debe suprimirse. Se prevén excepciones para las familias con niños menores de 12 años.
En el futuro será más fácil deportar a los miembros de organizaciones delictivas. Se registrarán los domicilios en busca datos y documentos para aclarar la identidad y nacionalidad de las personas afectadas. En el acuerdo de coalición, los partidos de Gobierno ya habían anunciado que lanzarían «una ofensiva de repatriación» «para aplicar las salidas de forma más coherente, en particular la deportación de delincuentes y personas peligrosas»
