El Ejecutivo no podría evitar enfrentamientos en la cripta y la zona se colapsaría con riesgos para el orden público
CARLOS E. CUÉ. EL PAÍS.- El Gobierno empieza a ver la luz al final del largo túnel en que se ha convertido la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Un informe de 12 páginas de la delegación de Gobierno de Madrid concluye que los restos no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de La Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado. Este texto servirá al Ejecutivo para rechazar la pretensión de la familia apelando al bien superior de la defensa de los derechos de los demás ciudadanos que circulan por la zona. El expediente está pues listo para las alegaciones finales de la familia y la decisión del Consejo de Ministros.
El Gobierno lleva desde el pasado julio adaptándose paso a paso a los movimientos de la familia Franco que, asesorada por abogados del máximo nivel, ha ido buscando la manera de complicar al máximo una de las decisiones con más impacto internacional del presidente Pedro Sánchez. Cuando comprobó que no podrían evitar la exhumación, la familia Franco buscó otra manera de complicarle la vida al Ejecutivo al reclamar que la inhumación se produzca en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno de centro de Madrid, donde los Franco tienen comprado un espacio y está enterrada Carmen, la hija del dictador.
Después de las dudas iniciales, el Gobierno decidió que bajo ningún concepto se enterraría allí, algo que sería inédito porque ningún dictador europeo reposa en una catedral. La vicepresidenta, Carmen Calvo, viajó incluso a Roma para tratar el asunto en el Vaticano con Pietro Parolin, mano derecha del Papa, y promovió una reforma de la Ley de Memoria Histórica para impedir que los restos vayan a La Almudena. Pero el PP y Ciudadanos han bloqueado la tramitación de esa reforma, así que el Ejecutivo ha optado por otra vía directa que apela a la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos como los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión para impedir que los restos vayan a La Almudena.
En el expediente aún no figura el lugar de enterramiento alternativo. El Ejecutivo querría que fuera la familia quien lo planteara, pero si no lo hace, algo que en este momento es lo más probable, el Gobierno podría imponer otro y el que más posibilidades tiene es el cementerio de Mingorrubio, donde está enterrada la esposa del dictador. En cualquier caso el expediente está llegando a su fin. Ahora se trasladará a la familia y a otras partes los informes y tendrán 10 días para hacer alegaciones desde el momento en que les lleguen. Después, el Consejo de Ministros tomará la decisión y Franco será exhumado si el Tribunal Supremo no lo impide, algo que el Ejecutivo, que ha cuidado todos los aspectos legales, ve altamente improbable.
El informe de la Delegación del Gobierno, que se incorpora al expediente con otros dos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que no ponen objeciones a la exhumación en el Valle de los Caídos, es muy claro y alega varios problemas, alguno de ellos muy grave. Primero, el riesgo terrorista. En 2018 visitaron la tumba de Franco en el Valle de los Caídos 366.000 personas. El Gobierno cree que el número aumentaría por la facilidad de acceder a un lugar en el centro de Madrid, y no a 60 kilómetros como el Valle de los Caídos. “La ubicación plantea evidentes problemas desde la perspectiva de la eventual actividad terrorista. Nos encontramos desde hace años en un nivel de alto riesgo terrorista, el 4, que obliga a prestar singular atención a centros o instalaciones emblemáticas o lugares en los que se prevea la existencia de especiales concentraciones de ciudadanos”, señala el informe. Segundo, el de colapso de la zona, especialmente la calle Bailén, sobre todo en fechas señaladas como el 20 de noviembre. “Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, este tipo de situaciones representan una amenaza importante para el orden público”, señala el informe.
Otro riesgo importante que alega el texto para desaconsejar la inhumación en la cripta de La Almudena es “que se produzcan episodios de conflictividad política y desórdenes públicos”. “La ubicación de los restos de Francisco Franco en un lugar emblemático como la catedral podría espolear a la extrema derecha al tiempo que ofendería a sus víctimas y a muchos sectores sociales y políticos”. El texto recuerda un episodio reciente, el del enfrentamiento el 18 de noviembre entre falangistas y un grupo de mujeres de Femen. “La inhumación en La Almudena aumenta la probabilidad de que se produzcan provocaciones, conflictos, agresiones, en suma, violencia”, explica el informe.
Riesgo de enfrentamientos
El texto apela a una sentencia de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avaló la decisión de prohibir la exhibición de esteladas (banderas independentistas) en la final de la Copa del Rey en 2016 por el riesgo de enfrentamientos. Y cree que en el caso de los restos de Franco ese riesgo sería muy superior y permanente, prácticamente imposible de controlar, con el agravante de que la policía no puede entrar en la cripta ni en la catedral por tratarse de un lugar sagrado, con lo cual no podría ni prevenir ni resolver episodios de violencia frente a la tumba.
El informe concluye que si se inhumara allí, algo que ni siquiera la Iglesia ve con buenos ojos, se estarían violando los derechos de las personas que quieran acudir a la catedral no para visitar la tumba sino con fines religiosos, porque tendría que cerrarse en varias ocasiones para garantizar la seguridad. Se estaría limitando así la libertad religiosa. También se verían limitados los derechos de las personas que viven o trabajan en la zona, que se vería afectada por estas aglomeraciones y problemas de seguridad. Por todo ello, el Gobierno entiende que el derecho de los familiares a enterrar a Franco donde ellos consideren oportuno “no puede entenderse en modo alguno como un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, sino, a lo sumo, como un derecho subjetivo que puede ceder proporcionadamente cuando lo exijan razones de interés general basadas en derechos fundamentales más poderosos como es el caso». Este es el punto clave. Los Franco apelan a su derecho a enterrar donde quieran a su abuelo, pero el Gobierno apela a los derechos superiores de miles de ciudadanos que circulan por la zona.
Con esto, y salvo un giro de última hora del Supremo, los restos de Franco están muy cerca de dejar el Valle de los Caídos. Nadie se anima a dar plazos precisos porque ya se han incumplido demasiadas veces y ahora empieza el lento proceso de comunicar a todas las partes las novedades para que puedan hacer alegaciones. Pero ya no puede retrasarse mucho más. En unas pocas semanas, los restos de Franco saldrán de la “tumba de Estado”, según palabras de Calvo, en la que lleva 43 años, algo inédito entre los dictadores del planeta, para reposar en un lugar más discreto y similar al del portugués Antonio de Oliveira Salazar o el italiano Benito Mussolini.
