El Ejecutivo convertirá el Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y anulará la concesión de títulos nobiliarios vinculados con la dictadura
LUIS B. GARCÍA. LA VANGUARDIA.- El proyecto de ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno tiene por delante un largo y tedioso proceso de tramitación parlamentaria pero su alcance es enorme e incluye numerosas medidas en sus 66 artículos que lleva aparejado incluso un régimen sancionador que incorpora posibles multas de hasta 150.000 euros. Todo con el objetivo ve defender “nuestro pasado democrático”. Entre las medidas que pretende hacer realidad el Ejecutivo de coalición figura algo que ya apuntó Pedro Sánchez en la anterior legislatura, la voluntad de que el Valle de los Caídos se convierta en “un cementerio civil donde las víctimas de los dos bandos tengan paz y respeto”. Pero también se incluyen otras como la creación de una Fiscalía de Sala en el Supremo para investigar “violaciones de derechos humanos” durante el franquismo, la prohibición de la Fundación Francisco Franco o cualquier otra que reciba fondos públicos y se dedique a exaltar la figura de un dictador, y la nulidad de los juicios del franquismo como el que acabó con el fusilamiento del president de la Generalitat, Lluís Companys.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el esperado proyecto de ley de Memoria Democrática da pie a crear una Fiscalía de Sala, sin más concreción, pero ha sido a preguntas de los periodistas cuando ha especificado que con ella se podrá “investigar sobre violaciones de derechos humanos” durante el franquismo. A pesar de que hasta la fecha cualquier procedimiento judicial al respecto en nuestro país había chocado con la ley de amnistía, Calvo ha reivindicado que la necesidad de ofrecer “garantías propias de una democracia como la nuestra”, y ha señalado que “no hay más garantía que estar dentro de tratados internacionales” sobre derechos humanos.
Se podrá “investigar sobre violaciones de derechos humanos” durante el franquismo
El Gobierno no ha dado más información al respecto de una ley extensa con gran cantidad de decisiones de calado. Entre ellas la de la resignificación del Valle de los Caídos; la retirada de los títulos nobiliarios que tienen que ver con la distinción de personas que tuvieron que ver con el golpe de Estado y la llegada de la Dictadura; la creación de un banco de ADN, un mapa de fosas, la anulación de los juicios del franquismo; dos nuevas fechas conmemorativas: el 31 de octubre y 8 de mayo, la creación de un Panteón de España mediante la transformación del Panteón de Hombres Ilustres, e incluso la incursión de la memoria democrática en el currículum escolar.
Nada nuevo por parte del Gobierno en cuanto a la petición del president de la Generalitat, Quim Torra, que con motivo de la Diada reclamó al Ejecutivo central y al rey Felipe VI que pidieran perdón por el fusilamiento de Companys. El nuevo proyecto de ley contempla declarar nulos los juicios y sentencias de víctimas del franquismo, pero no está previsto que el Estado haga un paso más allá y pida el perdón. Calvo ha señalado al respecto que “la mejor forma de reparación es declarar nulos de cualquier tipo” estos juicios. También ve que es la más “garante, contundente e inapelable”.
Lluís Companys
“La mejor forma de reparación es declarar nulos de cualquier tipo” estos juicios
Tampoco es una novedad la pretensión del Ejecutivo de hacer el Valle de los Caídos un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, puesto que la idea fue adelantada por el presidente Sánchez hace un año. En este caso, la vicepresidenta ha explicado que para empezar a ejecutar esta intención, cuando se apruebe la ley “conllevará la extinción automática” de la fundación de monjes benedictinos que habitan en el monasterio. Entre tanto habrá régimen transitorio que “llevaremos al paraguas de decisión de Patrimonio Nacional” y “luego avanzaremos en la resignificación”.
Tampoco van a poder existir en nuestro país “asociaciones de diferente naturaleza jurídica que con recursos públicos enaltezcan figuras dictatoriales”, ha explicado Calvo en referencia a la prohibición de fundaciones como la Fundación Francisco Franco, que se plantea incluso abandonar el país para seguir con su labor.
Una Dirección General de Memoria
A nivel estructural, el Gobierno también considera importante contar con una Dirección General de Memoria, de manera que la secretaría de Estado tiene subdirección dedicada exclusivamente a la atención de víctimas, que es más que una oficina, ha recordado, y supone dar un “paso importante en recursos y en estructura administrativa”.
Exhumación de fosas con recursos públicos
También se pretenden contar con una auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. Esta es otra de las vías en las que se mueve la proposición de ley, que también tiene previsto acometer con recursos públicos y “sin perder un solo minuto” la labor de exhumación de fosas. En este ámbito, la ley incluye la creación de un banco de ADN para la identificación de víctimas aún en fosas comunes y los planes económicos serán para cuatro años.
Junto a este banco habrá una labor de recuperación de los archivos existentes en nuestro país, activos y abiertos a la investigación, así como a la adquisición de otros en el extranjero que tengan que ver con la historia de la dictadura. Se trata de hacer modificaciones que permitan “que los investigadores de nuestro país puedan entrar por el dato para acercarnos a la verdad”, ha destacado Calvo.
Dos nuevas fechas conmemorativas: 31 de octubre y 8 de mayo
“No seríamos una gran democracia si no somos capaces de enfrentarnos con justicia a nuestro pasado”, ha remarcado la vicepresidenta, de manera que el Gobierno ha decidido ir hacia donde, en este momento, tocaba ir desde la ley del 2007”. En definitiva, ir más allá de lo que fue la ley de Memoria Histórica vigente aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. “La democracia no podía permitirse un solo día más sin tener sobre la mesa una ley como esta, que es necesaria por el registro pedagógico que tiene. Nuestros jóvenes necesitan saber de dónde venimos”, ha apuntado la vicepresidenta, y por eso el Gobierno quiere que “hay cosas” de esta ley “que tendrán incursión en el currículum” académico.
La norma también contempla la instauración de dos nuevas fechas conmemorativas. Por un lado, el 31 de octubre se homenajeará a las víctimas del golpe de estado contra el orden constitucional, la dictadura y represión y el exilio. Es, de hecho, el día que se votó el texto de la actual Constitución. Calvo considera que es una fecha “totalmente armoniosa y determinante para recordar a los que lucharon para proteger la democracia”. La segunda fecha, el 8 de mayo, en el que se conmemora el fin de la II Guerra Mundial, para recordar en el contexto europeo la lucha de los antifascistas españoles.
Se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres
Calvo también ha avanzado que se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están “desaparecidas”, por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque “se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular”.
Retirada de títulos nobiliarios
La ley contempla la retirada de los títulos nobiliarios que tienen que ver con la distinción que estos títulos tuvieron para el golpe de Estado y la llegada de la dictadura, según ha confirmado Calvo, que ha excluido de esta retirada los “pocos” casos de título concedidos en esa época a intelectuales o personajes que nada tenían que ver con la dictadura.
El Gobierno siente que ha cumplido con un compromiso importante, que fue promesa tanto electoral como también del debate de investidura de Pedro Sánchez. y querría que fuera una ley respaldada “por todos”, que “todas podamos reconocernos en ella y que todos puedan alcanzar la paz y los más jóvenes entiendan que les toca el testigo de sostener la gran democracia que es España”, ha alegado la número dos del Ejecutivo.
