El fiscal archiva la denuncia de SOS Racismo contra el alcalde de Vitoria

, | 9 marzo, 2015

Calparsoro reconoce la libertad de expresión de Maroto en sus comentarios sobre la inmigración

javiermarotovitoriaAGENCIAS. EL PAÍS.- El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha archivado las diligencias abiertas por la denuncia de SOS Racismo Álava contra el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, al entender que se sitúan dentro del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

SOS Racismo denunció al alcalde de Vitoria por un presunto delito de provocación a la discriminación por unas declaraciones sobre los extranjeros y el fraude en las ayudas sociales. En enero pasado, hubo un acto de mediación entre las dos partes que fracasó, por lo que SOS Racismo siguió adelante con su denuncia ante la Fiscalía.

Ahora, Juan Calparsoro entiende que el alcalde Vitoria, como miembro electo del Parlamento Vasco, realizó sus declaraciones «en el ejercicio de su libertad a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción (art. 19,1º de la Constitución), a la libertad ideológica (art. 16,1º Constitución) y a participar en los asuntos públicos».

Recuerda en este sentido pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la limitación de las libertades de expresión y de participación política y que el denunciado, además de alcalde de Vitoria, es un parlamentario, subrayando que el tribunal europeo declaró que los límites a la libertad de expresión han de ser interpretados de manera restrictiva, incluso cuando se trata de ideas que «ofenden, escandalizan o molestan».

Además, y siguiendo en esto también la doctrina del tribunal europeo, señala que debe garantizarse más si cabe la libertad de expresión de quien ostenta una representación pública «y de alguna manera está obligado a participar en el debate público, conformando el pluralismo político, que es uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico español».

Por todo ello, el fiscal superior del País Vasco acuerda archivar las diligencias y comunicar a SOS Racismo de Alava tiene derecho «a reiterar la denuncia ante el órgano judicial competente». En el caso similar del diputado general de Alava, Javier de Andrés, esta asociación ya ha presentado querella ante los tribunales.

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