Milicias enfurecidas por las mascarillas y el confinamiento planearon desde secuestrarla hasta disparar contra ella
MERCEDES GALLEGO. DIARIO VASCO.- Donald Trump los llamó a las armas y ellos respondieron. Las milicias de ultraderecha que se manifestaron contra el confinamiento y el cierre de los comercios, escopeta en mano, decidieron empuñarla. Por suerte, la policía tenía un soplón en sus reuniones que grabó los planes, pese a que a todos los participantes les habían requisado los teléfonos móviles.
Se trata de una operación sin precedentes que la policía del estado cuna del automóvil considera la mayor de su historia moderna. Seis individuos enfrentarán cargos federales y siete estatales, con acusaciones que entrañan penas de más de veinte años de prisión. Todos son hombres blancos entre los treinta y los cuarenta años de edad, que encajan con el perfil típico de las milicias. Estaban indignados contra la decisión de cerrar los establecimientos que frecuentaban, en especial los gimnasios, que consideraban contrario a sus derechos constitucionales. «¡Liberad Michigan!», había tuiteado el presidente en abril.
En junio el plan consistía en tomar el Capitolio estatal al asalto con 200 hombres para mantener como rehén a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer y juzgarla por «alta traición», pero luego discutieron secuestrarla e incluso dispararle cuando estuviera en su residencia de verano, que han estado vigilando. Varios de sus miembros habían participado ya en los entrenamientos con armas de fuego y la producción de explosivos caseros, que detonaron para probar su eficacia. El FBI vigilaba sus interacciones en las redes sociales, pero necesitó de uno de los miembros, Adam Fox, que decidió acudir a ellos ante la seriedad del asunto, para poder abortar los planes criminales. La idea de crear «una sociedad autosuficiente que siguiera la Constitución de EEUU» claramente había evolucionado hacia derroteros más violentos que ponían en peligro a otros.
Ahí es donde intervino el FBI, que evaluaba cuál era el momento oportuno para obtener el mayor número de pruebas con las que condenarlos sin poner en riesgo a la gobernadora. Para el jefe de la policía estatal, esto demuestra que «aunque el país discuta el trabajo que hace, la policía sigue más unida y vigilante que nunca»
