Esta institución alerta de que el quebrantamiento de las medidas de alejamiento se ha triplicado este último año. «Un maltratador no puede ser nunca un buen padre», añade Francisco Fernández Marugán.
EFE. PÚBLICO.- El Defensor del Pueblo ha subrayado la necesidad de otorgar a los hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista una protección «más rápida y eficaz» tras observar un aumento del número de menores que han muerto a manos de sus padres o de las parejas de sus madres.
En su Memoria anual, el departamento que dirige Francisco Fernández Marugán ha expresado su «especial preocupación» por las cifras de mujeres víctimas de la violencia machista –49 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en 2017– y ha destacado que ocho menores fueron también asesinados, en lo que supone la cifra más alta desde que se computan estos datos.
El Defensor del Pueblo ha alertado, asimismo, de que el quebrantamiento de las medidas de alejamiento se ha triplicado este último año, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por todo ello, desde el Defensor del Pueblo «se observa la necesidad de otorgar protección de manera rápida y eficaz a los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género».
«Un maltratador no puede ser nunca un buen padre», ha aseverado el Defensor que ha considerado que toda medida y cambio normativo destinado a otorgar protección inmediata y eficaz a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género es «necesaria e inaplazable».
En cuanto a la dotación de medios, esta institución ha alertado en su Memoria 2017 de las dificultades para acceder a un servicio de guardia para los casos de violencia machista fuera del horario laboral establecido de 8 a 21 horas de lunes a viernes y ha alertado del importante número de quejas sobre deficiencias en el funcionamiento de los recursos disponibles.
Ha pedido que se mejore la coordinación entre jueces y fiscales para dotar de mayor seguridad a las víctimas y poder valorar el nivel de riesgo de la mujer que denuncia amenazas, malos tratos o agresiones.
Con el mismo objetivo, ha solicitado a la Secretaría de Estado de Seguridad el estudio de la posibilidad de que el Sistema VioGén reciba información de los servicios sociales y de igualdad de las comunidades autónomas, algo que sucede ya en todas las comunidades autónomas menos Canarias, País Vasco y Catalunya.
Sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, «tan necesario y tan demandado», el Defensor del Pueblo ha confiado en que «no quede en una mera declaración de intenciones» y ha reclamado que las medidas en él recogidas se implementan «con carácter urgente».
El Defensor del Pueblo ha analizado, asimismo, las dificultades en la convivencia de personas extranjeras de distintas edades y procedencias en los CETI de Ceuta y de Melilla, y ha pedido que se adopten «medidas preventivas» para evitar situaciones de violencia sexual y por motivos de género.
También ha advertido de que se han detectado deficiencias de coordinación entre los Mossos d’Esquadra y las policías locales, en especial en los casos en que no existe denuncia y la víctima o sus hijos se encuentran en situación de riesgo.
